Alfredo Morales Flores

Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Morales Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados y se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y se negó la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 576/2020-I-1, y; Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. En el correo oficial de este juzgado, el doce de noviembre de dos mil veinte, se recibió la demanda promovida por *******, en representación de *******. En el escrito inicial la parte quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal General de Distrito Zona Norte, Fiscal Coordinador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución del Delito Contra la Salud (COE), de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Coordinador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra la Vida, de la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, todos con residencia en Ciudad Juárez, a quienes les reclamó la detención, incomunicación, privación ilegal de la libertad, tortura y malos tratos; así como, la posible orden de aprehensión. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, la demanda de amparo se registró con el número 576/2020-I, previa ratificación de la demanda, se admitió a trámite en proveído de veintisiete de noviembre del año pasado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclama un acto que tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama reclamó la incomunicación, detención o privación ilegal de la libertad, tortura y malos tratos; así como, la posible orden de aprehensión. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, el Fiscal de distrito Zona Norte, agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones estratégicas (Narcomenudeo) y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, todos con sede en esta ciudad, (en sus denominaciones correctas), negaron de forma contundente los actos endilgados por la quejosa consistentes en incomunicación, detención o privación ilegal de la libertad, tortura y malos tratos; así como, la posible orden de aprehensión. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si la autoridad negó los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la quejosa exhibió como pruebas de su parte, las documentales siguientes: 1. Escrito de once de noviembre suscrito por el quejoso *******, por el cual designa como defensor al licenciado *******, con sello de recibido de la Fiscalía de distrito de la Zona Norte a las diecisiete treinta horas del once del actual. 2. Siete fotografías del impetrante del amparo. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. A juicio de quien esto resuelve, las probanzas antes reseñadas se consideran ineficaces para acreditar la existencia de los actos reclamados. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 576/2020-I-1 promovido por *******, en relación con los actos reclamados al Fiscal de distrito Zona Norte, agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones estratégicas (Narcomenudeo) y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con residencia en esta ciudad, por las razones expresadas en el considerando tercero del presente fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por parte de la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de distrito Zona Norte, del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones estratégicas (Narcomenudeo), agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en sus denominaciones correctas de las señaladas por el quejoso, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Anotaciones de denominación correcta Dado que la autoridad responsable oficiante señala su denominación correcta, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema. Diferimiento de audiencia En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el numeral 115 de la legislación en cita. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de diciembre de dos mil veinte. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 576/2020 I 1; y, Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el doce de noviembre de dos mil veinte, ** en su carácter de defensor particular del directo quejoso **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal General de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes imputó la orden de detención, aprehensión, incomunicación, privación ilegal de la libertad, tortura y malos tratos, en contra del directo agraviado. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó tramitar el incidente de suspensión por lo que hace a la orden de detención y aprehensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que se difirió por falta de informes y tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda, entre otros actos que fueron materia de la suspensión de plano, la medida cautelar respecto de las órdenes de detención y de aprehensión dictadas en su contra. Entonces, para los efectos de la presente medida de suspensión tales actos serán materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir informe previo la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra la Salud (Coe), Coordinador adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra la Vida, y Fiscal General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, todos con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que se tiene por inexistente el acto endilgado a las citadas autoridades. Cobra aplicación la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Entonces, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y autoridades que en este considerando se precisan. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por **, en contra de las autoridades precisadas en el considerando tercero. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

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