Alfredo Montiel Breton
Expediente 140/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alfredo Montiel Breton
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio número 8178, mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, devuelve los autos del juicio de amparo número 140/2018-V-B y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso queja número 13745/2018, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se modifica el auto recurrido.- - - SEGUNDO.- Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Alfredo Montiel Bretón, contra el acto reclamado al Consejo de Vigilancia del Ejido de "San Luis Huamantla" perteneciente al Municipio de Huamantla, Tlaxcala, consistente en la convocatoria de once de febrero de dos mil once (sic)."; acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, agréguese a sus autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto por ********************. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial, adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 9420 e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho dictado en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Glósese el escrito del quejoso Alfredo Montiel Bretón, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 97, de la Ley de Amparo, se tiene al promovente interponiendo recurso de queja, y señalando constancias que guarden exacta relación con la queja interpuesta, de igual forma, por conducto del Actuario entréguese copia de dicho escrito de agravios al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, señale constancias; una vez transcurrido dicho término, con apoyo en el artículo 101, de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, comunicándole que son ciertos los actos que se reclaman, para tal efecto, remítase copia certificada de las constancias relativas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por********************, contra actos de la CONSEJO DE VIGILANCIA DEL EJIDO DENOMINADO SAN LUIS HUAMANTLA, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 140/2018-V-B. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por otra parte, los artículos 107, Constitucional, fracción I; y 5, fracción I, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;..." De estas disposiciones se colige, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en los que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza; y como el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por tanto, el suscrito Juzgador estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional. Así, el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto afectado en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en las tesis aisladas emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultables en las páginas 46 y 68, volumen 52 primera parte y volumen 64 primera parte, respectivamente, ambas de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de los rubros y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De los criterios invocados, se deduce que el interés jurídico para acudir al juicio de amparo lo constituye la existencia de un derecho que esté legítimamente tutelado, es decir, protegido por un ordenamiento legal objetivo, y será precisamente cuando dicho derecho sea transgredido por alguna autoridad, que su titular estará en aptitud de promover el juicio de garantías en defensa del mismo, pues en caso de que el acto que se combata a través del amparo no cause perjuicio alguno a la esfera de derechos del gobernado, dicho juicio será improcedente por no afectar su interés jurídico. De esta forma, el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva de derecho. Dicho en otras palabras, el juicio de amparo requiere, como requisito de procedencia, la existencia de un menoscabo u ofensa que se concreta en una persona física o moral determinada y que sin ser necesariamente patrimonial sea apreciable objetivamente, es decir, se requiere que la afectación sea real y no subjetiva; que su realización sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatoria, posible o hipotética, y que sea esa persona quien ejerza la acción. Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión, por una autoridad o por la ley, concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del gobernado, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por una anterior integración de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en la página 77, volúmenes 175-180, tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa. De esta forma, el interés jurídico no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, sino de que el promovente del amparo acredite que lo reclamado en el juicio de amparo le afecta de forma personal y directa algún derecho tutelado por un ordenamiento legal. Así, la demostración del interés jurídico es una obligación de la parte quejosa, quien debe acreditarlo en forma indubitable, por lo que no puede ser inferido a base de presunciones. Luego entonces, en el presente asunto, a la parte quejosa********************, manifiesta tener el carácter de EJIDATARIO DEL EJIDO DENOMINADO "San Luis Huamantla", del Municipio de Huamantla, Tlaxcala; y aduce que le causa perjuicio la Primera Convocatoria para asistir a la Asamblea General de Ejidatarios, que tendría verificativo el veintidós de febrero del año dos mil dieciocho; en la que se tratarían "diversos temas". Así, la parte quejosa para demostrar su interés jurídico, ofreció como prueba de su intención las siguientes: Copia simple de la Primera Convocatoria, de fecha once de febrero de dos mil diecisiete. (sic). El anterior medio de prueba es insuficientes para demostrar el interés jurídico del ahora quejoso, en razón de que en la referida "Primera Convocatoria", de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete (sic), ni en el escrito de demanda, se advierte que el aquí quejoso********************, haya sido señalado directamente con el carácter de ejidatario; "Convocatoria" que constituye el acto reclamado. De modo que, el impetrante del amparo carece de interés jurídico, por ende, la "Primera Convocatoria" de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete (sic), señalada como acto reclamado por el ahora quejoso********************, no afecta de manera personal y directa, un derecho subjetivo del que sea titular de interés jurídico, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la ley de la materia. Así, en el caso, de lo antes narrado se advierte que los actos no fueron dirigidos en contra del ahora quejoso, ya que de la copia simple de la "Primera Convocatoria" que acompañó a su demanda, se advierte que ésta fue dirigida a todos los ejidatarios con sus derechos agrarios vigentes, integrantes del ejido denominado San Luis Huamantla, Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala; por tanto, dichos actos no transgreden en medida alguna las garantías de la parte quejosa, ya que como se dijo, ese acto fue dirigido a distinta persona de ésta; por consiguiente, con la simple emisión del acto que en esta vía constitucional se reclama, no causa a la parte quejosa********************, una afectación real y actual a la esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; resultando inconcuso que no acredita su interés para promover el presente juicio de amparo, en virtud de que con los medios de prueba que acompañó a su escrito de demanda, son insuficientes para justificar tal extremo; de ahí que el acto reclamado en el presente asunto no afecta su interés jurídico. En ese sentido, debe decirse que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo cual las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1807, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Asimismo, se cita la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De igual manera, es aplicable al caso la Jurisprudencia IV.3o. J/26, de Tribunales Colegiados, visible en la página 41, número 66, Junio de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERES JURIDICO. LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado." Bajo esa tesitura, es palmario la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, y con apoyo en el dispositivo 113 antes transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; y por autorizado en términos amplios a Miguel Ángel Zacapantzi Flores, de conformidad al artículo 12 de la Ley de Amparo; y para oír y recibir notificaciones a Alberto Zacapantzi Haro, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 24 de la Ley de la Materia. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente Lo proveyó y firma el licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alejandro Galicia Lara, Secretario Judicial que autoriza. Doy fe.-
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