Alfredo Monterrubio López
Expediente 1319/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/03/2022
Partes del expediente
- Alfredo Monterrubio López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Luego, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos exhibidos en su demanda de amparo; por tanto, requiérase a la citada parte, para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger los mismos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de once de enero de dos mil veintidós, se ordenó el envío del exhorto 10/2022 orden 10/2022, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara al quejoso Alfredo Monterrubio López o a su apoderada legal Fabiola Flores Viveros, dicha determinación, en la que se le requirió a la parte quejosa para que compareciera en el término de tres días ante este órgano jurisdiccional e indicara si ratificaba el contenido y firma del escrito identificado en el libro de correspondencia interna con el folio 223, por virtud del cual pretendió desahogar la prevención realizada en acuerdo de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, de autos también se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, compareció en estas instalaciones Fabiola Flores Viveros, en su carácter de apoderada de Alfredo Monterrubio López, quien reconoció y ratificó la firma del escrito registrado bajo el número folio 223 del índice de este órgano jurisdiccional, lo cual se acordó en proveído de veinticinco de enero pasado. Por lo antes expuesto, se considera innecesario el envío del exhorto 10/2022 orden 10/2022, pues es inconcuso que la parte quejosa ya tuvo conocimiento del auto de once de enero de dos mil veintidós, tan es así, que como se indicó en el párrafo anterior, compareció en cumplimiento al mismo a ratificar el contenido y firma del escrito por el que desahogó la prevención que le fue formulada en autos. Comisiónese a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que haga las anotaciones correspondientes en dicho sistema y en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se desprende que Fabiola Flores Viveros, en su carácter de apoderada de Alfredo Monterrubio López, reconoce y ratifica la firma del escrito presentado en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en Toluca, Estado de México, y registrada bajo el número folio 223 del índice de este órgano jurisdiccional, a través del cual desahoga la prevención decretada por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, téngase por ratificado el contenido del escrito en comento. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en el apartado de antecedentes por el propio impetrante, se advierte que el acto reclamado es: El acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, contra el auto que fijó fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y desahogo pruebas. Por lo que se advierte que, el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos - sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues la determinación de once de noviembre de dos mil veintiuno, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la responsable. Además, tal acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el impetrante obtiene un laudo favorable; por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. En consecuencia, la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte quejosa, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene un laudo favorable, que no causa perjuicio al quejoso en la medida en que constituye un deber para el tribunal que conozca del amparo directo que en su oportunidad se promueva contra dicho laudo, observar que se cumplan los presupuestos procesales a fin de dictar un laudo válido, donde se hayan desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, motivo por el cual la interlocutoria dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al quejoso, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Fabiola Flores Viveros, en su carácter de apoderada de Alfredo Monterrubio López por propio derecho, contra actos de la H. Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 188/2021-I de su índice, formado con motivo del diverso 623/2021-II (número de orden 623/2021) de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno al quejoso *** o a su apoderada legal Fabiola Flores Viveros. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación diligenciada; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso ****** o a su apoderada legal Fabiola Flores Viveros, para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, ha transcurrido sin que emitieran pronunciamiento al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento que le fue decretado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les realizaran por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.
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