Alfredo Mendoza Martínez

Expediente 109/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
109/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Mendoza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual acusa recibo del oficio 3516, derivado del proveído de catorce de marzo del año en curso, e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Alfredo Mendoza Martínez, la que fue registrada en aquél órgano jurisdiccional con el consecutivo 459/2018-II. Consecuentemente, con fundamento en el artículo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo; además, no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación

  2. Principal

    IV. En catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 4153. Conste.Uruapan, Michoacán, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Alfredo Mendoza Martínez, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de siete de marzo del año en curso y al efecto, manifiesta que señala como autoridades responsables únicamente a las siguientes: Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Notificadora adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Ambos con domicilio en el Centro de Readaptación Social de Santiaguiato, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, así como el escrito de cuenta, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda de garantías y escrito aclaratorio de cuenta se advierte que, el promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Notificadora adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. De quienes reclama: La orden de aprehensión y/o comparecencia dictada en contra de la persona del quejoso, en la carpeta administrativa 156/2018, así como su ejecución. Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde se dictó y en donde tiene su residencia la autoridad ejecutora. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente: Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004166 1 de 1 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pag. 383 Jurisprudencia(Común) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso haya firmado su demanda en esta ciudad de Uruapan, Michoacán y señalado como domicilio particular, así como para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bellas Uruapenses, número 34, interior 7, colonia Bellavista, de esta ciudad, puesto que tales eventos son insuficientes para considerar que el acto reclamado se vaya a ejecutar en esta ciudad; de ahí que se afirme, que no por las manifestaciones del quejoso debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se señala domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el solo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenecen las autoridades responsables, se ejecutó y va tener ejecución el acto reclamado. Sustenta lo anterior: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206269 1 de 1 Primera Sala Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988 Pag. 147 Tesis Aislada(Común) COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCION COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado. Aunado a que el quejoso no señaló autoridades ejecutoras con residencia en la circunscripción de este juzgado, circunstancia que finca la competencia a su favor. Similar criterio a lo determinado, adoptó el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el conflicto competencial 17/2016, originado con motivo de la demanda relativa al juicio de amparo 320/2016-I, de la que no se aceptó su competencia por parte de este juzgado, planteada por el homólogo titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; lo anterior, al existir idénticas razones a las expuestas en párrafos precedentes. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías, promovida por Alfredo Mendoza Martínez, el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele la demanda de garantías y escrito aclaratorio, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda y aclaratorio, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pag. 357 Tesis Aislada(Común) SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor.

  3. Principal

    IV. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE CATORCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: En catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 4153. Conste.Uruapan, Michoacán, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Alfredo Mendoza Martínez, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de siete de marzo del año en curso y al efecto, manifiesta que señala como autoridades responsables únicamente a las siguientes: Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Notificadora adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Ambos con domicilio en el Centro de Readaptación Social de Santiaguiato, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, así como el escrito de cuenta, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda de garantías y escrito aclaratorio de cuenta se advierte que, el promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Notificadora adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. De quienes reclama: La orden de aprehensión y/o comparecencia dictada en contra de la persona del quejoso, en la carpeta administrativa 156/2018, así como su ejecución. Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde se dictó y en donde tiene su residencia la autoridad ejecutora. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente: Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004166 1 de 1 Primera Sala Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Pag. 383 Jurisprudencia(Común) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso haya firmado su demanda en esta ciudad de Uruapan, Michoacán y señalado como domicilio particular, así como para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bellas Uruapenses, número 34, interior 7, colonia Bellavista, de esta ciudad, puesto que tales eventos son insuficientes para considerar que el acto reclamado se vaya a ejecutar en esta ciudad; de ahí que se afirme, que no por las manifestaciones del quejoso debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el Juez de Distrito donde se señala domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el solo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenecen las autoridades responsables, se ejecutó y va tener ejecución el acto reclamado. Sustenta lo anterior: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206269 1 de 1 Primera Sala Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988 Pag. 147 Tesis Aislada(Común) COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCION COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado. Aunado a que el quejoso no señaló autoridades ejecutoras con residencia en la circunscripción de este juzgado, circunstancia que finca la competencia a su favor. Similar criterio a lo determinado, adoptó el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el conflicto competencial 17/2016, originado con motivo de la demanda relativa al juicio de amparo 320/2016-I, de la que no se aceptó su competencia por parte de este juzgado, planteada por el homólogo titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; lo anterior, al existir idénticas razones a las expuestas en párrafos precedentes. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías, promovida por Alfredo Mendoza Martínez, el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele la demanda de garantías y escrito aclaratorio, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda y aclaratorio, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pag. 357 Tesis Aislada(Común) SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor.

  4. Principal

    IV. En siete de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Alfredo Mendoza Martínez, por su propio derecho, registrada el día anterior, en el libro de correspondencia bajo el número 3678, con once copias, sin anexos, registrada en el libro de gobierno con el número 109/2018-IV. Asimismo, el suscrito Carlos Rafael Barrios Solís, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, no se encontró registro de antecedente, tal como se advierte de la constancia al efecto se anexa. Conste.Uruapan, Michoacán, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Alfredo Mendoza Martínez, por su propio derecho, promoviendo demanda amparo únicamente contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 109/2018-IV. Ahora, a fin de acordar lo procedente respecto de su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracción III, además del 110, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al accionante de garantías para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar el respectivo incidente de suspensión solicitado, que se tramita por duplicado, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: Manifieste sí es su deseo señalar alguna autoridad con residencia en esta ciudad, a quien se le atribuya la ejecución del acto reclamado, toda vez que del contenido de libelo de demanda, se advierte que la parte quejosa únicamente señaló autoridad responsable al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Precise si señala como autoridad responsable a la Notificadora adscrita al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lo anterior, toda vez que en su demanda de garantías, indica que la citada Notificadora del Juzgado Penal de Almoloya de Juárez, se comunicó vía telefónica para informarle que debía presentarse el uno de marzo a las doce horas en el juzgado, asimismo, que se daba por notificado de dicha circunstancia. Prevención que se formula con la finalidad de fijar correctamente la litis constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, el siguiente criterio jurisprudencial: Tesis: 2a./J. 30/96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200588 11 de 11 Segunda Sala Tomo III, Junio de 1996 Pag. 250 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la Materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición. Apercibido que de no dar cumplimiento con lo ordenado, en caso de resultar procedente su admisión, se tendrá como autoridad responsable únicamente a la señalada en el capítulo respectivo de su libelo de garantías. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Bellas Uruapenses, número 34, interior 7, colonia Bellavista, de esta ciudad; y como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Iván Leal Laureano, Uriel Lara Franco y David Enrique Echeverría Mercado, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho con los consecutivos 24249, 107817 y 107456, respectivamente. No así, a Patricia León Galeana y Enrique Carbajal Bernal, a quienes se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal, por así solicitarlo el promovente. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano