Alfredo Medina Velazquillo

Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Medina Velazquillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, se hace la observación que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    NOT ELECTRONICA Visto el escrito de demanda de amparo presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Gloria Guadalupe García Sandate, defensora particular de ..., contra actos del Lic. Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con Residencia en el Reclusorio Norte; regístrese en el libro de gobierno con el número 327/2022-II. DESECHAMIENTO En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen advierta que se surten los siguientes supuestos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara; . Que sea indudable, esto es que se tenga certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, como se ha visto, tienen diversa connotación por lo que deben aplicarse en forma individual, ante la actualización de cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con su admisión si desde un inicio se conoce el resultado, que en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la quejosa Atento a lo anterior, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista, en el numeral 61, fracción XVIII de dicha legislación; respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal 162/2018 y 238/2018, en la que se resolvió no modificar las medidas cautelares, impuestas al aquí quejoso (presentación Periódica, prohibición de salir del país y exhibición de garantía). En este sentido, se tiene como premisa que el juicio constitucional es de carácter extraordinario, su procedencia y su tramitación se rige por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que constituyen el juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que únicamente procede contra actos definitivos; es decir, respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Lo anterior, tiene sustento en la propia Constitución que restringe la procedencia del juicio de amparo, atribuyéndole un carácter extraordinario; es decir, un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales, al que no puede acudirse sino cuando previamente se han agotado los medios o recursos ordinarios de defensa. El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Norma Suprema, en su fracción III, inciso b), que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." Según se desprende de la anterior transcripción, la regla general que establece el principio de definitividad consiste en que antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, nulificado o revocado el acto reclamado. Así, como se indicó, el principio de definitividad que rige el presente medio de control de la constitucionalidad, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción. Cobra aplicación, por no oponerse a la actual ley de la materia, la Jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Acotado lo anterior y para el caso que nos ocupa, los numerales 467, fracción V y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; [.]" "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." De lo antes expuesto, se desprende que en materia penal, específicamente dentro del sistema oral acusatorio que rige actualmente a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, conforme al procedimiento estatuido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente el recurso de apelación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, mismas que pueden ser impugnadas ante el propio órgano judicial que las dictó, ya sea por escrito -como la del presente caso-, o en la propia audiencia, en los términos y plazos ahí indicados, con el objeto de revocarlas, nulificadas o modificarlas. Entonces, si el acto aquí impugnado deriva de la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal 162/2018 y 238/2018, en la que se resolvió el no modificar las medidas cautelares impuestas al aquí quejoso (presentación Periódica, prohibición de salir del país y exhibición de garantía). Es inconcuso que, previo a la presentación de la demanda de amparo, debió combatir esa determinación mediante el recurso ordinario que prevé la ley de la materia; esto es, a través del recurso de apelación regulado por los artículos 467 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, no existe duda que la parte quejosa debió interponer primeramente el recurso de apelación, pues como taxativamente lo dispone el invocado numeral 467, fracción V del referido ordenamiento legal, prevé que las resoluciones "Que pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; pueden ser recurridas a través de un medio de impugnación en este caso (recurso de apelación); en donde la parte quejosa en este sumario (imputado) puede obtener la modificación, nulificación o revocación de la determinación adoptada por el juzgador primario, antes de acudir al juicio de amparo, y al no haber agotado ese recurso ordinario, dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, actualizándose con ello la causa de improcedencia de que se habla. Se cita por lo que informa la tesis XXVII.3o.40 P, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que reza: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONFORME A LA INTERPRETACIÓN AMPLIA Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 461 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL TRIBUNAL DE ALZADA, AL RESOLVERLO, DEBE CORREGIR DE OFICIO LAS DECISIONES CONTRARIAS A DERECHO, AUN TRATÁNDOSE DE VIOLACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS QUE ADVIERTA A DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo mencionado dispone que el tribunal de alzada sólo puede pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, "a menos de que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado". Esta última porción normativa puede presentar para el juzgador dos formas de interpretación: a) de manera restrictiva, esto es, solamente violaciones directas de derechos fundamentales, o b) de forma amplia o extensiva, es decir, violaciones directas o indirectas de derechos fundamentales (por ejemplo garantías de legalidad o seguridad jurídica). La segunda interpretación es la que guarda mayor conformidad con los artículos 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que en éstos se establecen los derechos de presunción de inocencia y de doble instancia, los cuales implican que el tribunal de alzada tiene que verificar que dicha presunción se haya vencido mediante prueba válida y suficiente, al tenor de los agravios o de forma oficiosa si lo advierte, así como que los recursos deben ser amplios y eficaces, de manera que permita el análisis o examen compresivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior. Por tanto, de una interpretación amplia y pro persona del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación, debe corregir de oficio las decisiones contrarias a derecho cuando así lo advierta, aun tratándose de violaciones indirectas a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, relativos a la legalidad y seguridad jurídica, como podrían ser transgresiones al debido proceso y legalidad o taxatividad, entre otros." Lo anterior es así, pues de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo se sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado resulte improcedente la demanda planteada, pues el quejoso debió interponer el citado recurso de apelación establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se lleva dicho. No se soslaya que la determinación de la autoridad judicial pueda ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal; sin embargo, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa, tal como se aborda en la tesis que se ha citado con antelación. En este aspecto se invoca la tesis LXXXI/20123, de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Máxime, que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; esto es, no se está en el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sustenta además lo determinado la tesis número XVI.1o.A.T.5 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." Bajo esta tesitura, procede desechar la demanda planteada, por su notoria e indudable improcedencia, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tienen por autorizadas a las personas de las que cita su cédula profesional, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y para efectos limitados a la diversa persona que indica. Por otra parte, del ocurso de cuenta se advierte que el impetrante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juan Salvador Agraz número 97, piso 3-b, colonia Desarrollo Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348, de esta ciudad, de igual manera, solicitó para los mismos efectos la vía electrónica del expediente bajo los usuarios JuanBenavides", "GloriaGSandate", y "AndreaMendez"; en consecuencia, a fin de privilegiar las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal y tomando en consideración la situación por la que atraviesa nuestro país derivado de la pandemia causada por el virus Covid-19, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica bajo los usuarios antes precisados. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a la parte quejosa que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa vía portal.Así, lo proveyó y firma el licenciado Antonio González García, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante la licenciada Claudia Marisol López Gálvez, secretaria con quien actúa y da fe. CMLG/pgtt

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