Alfredo Medina Rochin
Expediente 254/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 27 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Alfredo Medina Rochin
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ALFREDO MEDINA ROCHIN, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda inicial formulada por ALFREDO MEDINA ROCHÍN, CIRILA MEDINA ROCHÍN y BERNARDINO MEDINA ROCHÍN, regístrese bajo el número 254/2016-2A, háganse las anotaciones en el libro de juzgado correspondiente. SE DESECHA DEMANDA Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se practicó un examen integral de la demanda de amparo, de la que se advierten motivos manifiestos e indudables que conducen a desechar de la misma por notoriamente improcedente. Previamente debe establecerse en relación a la procedencia el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio biinstancial procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio natural. Lo que conduce a determinar que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, pues no debe de perderse de vista que si bien en la demanda de amparo hace referencia a una diligencia de interdicción a un juicio sumario, el acto que se reclama es una violación procesal, en virtud de que los quejosos atacan la diligencia celebrada el seis de abril de este año, al considerar que se contravinieron las reglas y normas que prevé el artículo 889, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, en el sentido de que la segunda audiencia de examen [acto reclamado] se llevó a cabo por un médico especialista que ya había intervenido en la diversa diligencia de veintiocho de agosto de dos mil quince. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley..." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del nuevo ordenamiento legal en cita que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, a saber: "1. La celebración de la Audiencia de fecha 09.00 (NUEVE HORAS) del día SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS), la cual fue publicada en el boletín Judicial del Estado con fecha TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, y surtiendo sus efectos el día CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, en el Juicio Familiar No. 1290/2013, que se encuentra ventilándose en el Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial del Estado de Baja California, en el JUICIO SUMARIO DE INTERDICCIÓN de la presunta incapaz ROSARIO ROCHÍN GUTIÉRREZ, y la citada Audiencia se realizó y llevó a cabo contraviniendo las reglas y normas establecidas por el artículo 889, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, al autorizar la Autoridad señalada como Responsable la Audiencia con MÉDICOS ALIENISTAS REPETIDOS, al celebrarse la Audiencia anterior a las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, con un mismo médico de nombre FAUSTO ARMENTA MENA, y la citada fracción establece que deberán ser médicos distintos los que dictaminaran a la incapaz en cada audiencia, causando un agravio como acto de imposible reparación que no podrá repararse en la definitiva." De modo, que si en la audiencia reclamada de seis de abril de dos mil dieciséis, derivada del Juicio Familiar 1290/2013, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial del Estado de Baja California; ello en ninguna forma afecta los derechos fundamentales que tutela la Constitución, sino que únicamente constituye una posibilidad de afectación que podría darse hasta que se resuelva la controversia, en la medida de que influya en contra de los intereses de los agraviados, pues se trata, en su caso, de una violación de índole procesal que sólo produce efectos de carácter formal, pues de obtenerse un fallo favorable, tales efectos o consecuencias se extinguirían, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Expuestas las bases anteriores, se concluye que el acto tildado de inconstitucional no afecta de modo inmediato algún derecho de carácter sustantivo, ya que solo afecta los derechos procesales de la parte quejosa, que podrían constituir una violación a las leyes del procedimiento, que por un lado pueden ser reparados si obtiene sentencia favorable en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia VI.2o.C., sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1060, del tomo XIV, Octubre de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera." Asimismo, por similitud jurídica resulta aplicable, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, que textualmente dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. [Énfasis propio] Sin que se estime que el acto que reclama se cause una violación de manera irreparable, con base a la expeditez de la impartición de justicia a que refiere el artículo 17 Constitucional, pues como se dijo dicha afectación temporal, no otorga al acto en sí, una característica de imposible reparación; es de aplicarse a lo anterior la jurisprudencia I.11o.C J/7, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1536, del tomo XXIII, Mayo de 2006, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." En tales circunstancias el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, por ende, se actualiza el supuesto manifiesto e indudable de improcedencia, conforme a lo ordenado en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la propia legislación, por tanto SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO DE LA QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIÓN EN LIBRO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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