Alfredo Maurilio Rosales Gutiérrez
Expediente 235/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alfredo Maurilio Rosales Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alfredo Maurilio Rosales Gutiérrez, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Visto el escrito de cuenta firmado por Alfonso Rosales Ortega, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con el que pretende dar cumplimiento a la prevención decretadas en auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y acuérdese lo que en derecho corresponda. Hágase del conocimiento del promovente que no ha lugar a tener por desahogada la prevención a que se contrae el proveído indicado en el líneas que anteceden, ya que si bien es cierto, en el citado acuerdo se tuvo al promovente por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo que lo faculta para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, tales facultades no le autorizan para desahogar la prevención formulada a la parte quejosa en el auto antes señalado, en los términos allí indicados, ya que dicho acto que debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, por ser un acto personalísimo dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual, como ya se dijo el autorizado de la parte agraviada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, no está facultada para desahogar la prevención relativa bajo protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda, además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Se tiene por no presentada la demanda. En consecuencia, y toda vez que el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento aludido, se tiene que, como el escrito de mérito fue presentado el último día del término concedido para tal efecto, es por ello que no se prórroga el término otorgado, toda vez que la presentación de ese ocurso no interrumpió el término indicado, porque se hizo en el día quinto de los otorgados, es decir, no se encuentra en el supuesto que establece la Jurisprudencia 106/2013, pues, como se dijo, el promovente pretendió dar cumplimiento hasta el último día del plazo que le fue concedido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento treinta y tres, del tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL ?????????? Es aplicable la jurisprudencia por contradicción número 39/2012, publicada en la página cuatrocientos, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de marzo del presente año, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada.
- Principal
En consecuencia, si la determinación emitida en la audiencia reclamada, acto reclamado en su ampliación en el presente juicio constitucional, puede impugnarse a través del recurso de apelación en estudio y éste no se hizo valer, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional; por tanto, se desecha su ampliación de demanda. También debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, que establezcan providencias precautorias o que impongan medidas cautelares EVA MARGARITA GOMEZ NAVAL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.e7 21/01/23 11:21:49 pág. 6 restrictivas de la libertad, pues en el caso, solo se constriñe a confirmar la negativa de levantar el aseguramiento de una fracción del inmueble que dice es propiedad del poderdante del quejoso; tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, pues el propio quejoso reconoce tener el carácter de imputado. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso de apelación, ya que la lectura del precepto legal permite advertir que contra las que se pronuncien sobre las medidas cautelares, procede el citado recurso. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:1 "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo debió interponer el 1 Tesis LVI/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, julio de 2000, página 156. ??????????????? recurso referido, previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y, entonces, acudir al juicio de amparo". Autorizado y expediente electrónico. Respecto del autorizado y usuario que proporciona, deberá estarse a lo acordado en proveído de doce de marzo del presente año. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Por otra parte, en cuanto a la razón practicada por el auxiliar de actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por la cual refiere la imposibilidad que tuvo para notificar a la autoridad responsable «Titular de la Agencia Criminal de Investigación de la Fiscalía General de la República Subsede en Texcoco, Estado de México» el contenido del oficio 5035/2021, por las razones ahí expuestas. Ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, en razón de que en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por desistido a la parte quejosa, en cuanto a dicha autoridad.
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