Alfredo Mauricio Ramirez Coba

Expediente 1609/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1609/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Mauricio Ramirez Coba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALFREDO MAURICIO RAMÍREZ COBA, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideracion, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se aprecia que a la presente fecha el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán no ha realizado el pago del laudo emitido en el juicio laboral 285/2007, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por lo cual no ha quedado cumplida la sentencia amparadora dictada en este sumario constitucional. Ello, no obstante de los múltiples requerimientos a las citadas autoridades municipales y demás relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria, como enseguida se destacará: 1. Mediante sentencia de once de septiembre de dos mil doce, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Paula Angélica Uicab Aguilar, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, agote las medidas necesarias para la eficaz e inmediata ejecución del laudo dentro del juicio laboral 285/2007; sentencia que, al no haber sido impugnada por alguna de las partes, quedó firme y se requirió su cumplimiento. 2. Realizadas las gestiones correspondientes, por auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, este órgano federal determinó declarar cumplida la sentencia de amparo, bajo los razonamientos ahí indicados. 3. Al no estar conforme la parte quejosa con lo anterior, interpuso recurso de inconformidad, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad en el toca 24/2017, en el que determinó declarar fundado dicho recurso, y en cumplimiento a lo resuelto este Juzgado vinculó al cumplimiento del fallo al Presidente Municipal, al Síndico de Hacienda, y al Tesorero, todos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, al contar con facultades íntimamente relacionadas con los ingresos y egresos del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Lo cual subsiste a la fecha con independencia de quien ocupe el cargo actualmente. 4. Al no haber quedado cumplida la sentencia por parte de las autoridades vinculadas antes señaladas, el catorce de junio de dos mil dieciocho, este órgano federal determinó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito para que resolviera lo correspondiente; (toca de inconformidad 4/2018); el cual resolvió que resultaba infundado lo determinado por el Juzgado y que debía continuarse con el procedimiento de ejecución. 5. Posteriormente, por auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve y con motivo de lo determinado en el toca 14/2018, relativo al juicio de amparo indirecto número 742/2016-V-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para que vinculara al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas, todos de esta propia entidad, al cumplimiento del fallo protector, esto es, para que auxiliaran tanto al mencionado tribunal como al Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán, a fin de que éste último obtuviera, mediante los mecanismos eficaces que estimaran pertinentes, los recursos necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural. 6. Seguido el trámite de la etapa ejecutiva y ante el incumplimiento de la sentencia de amparo, por determinaciones de veintiséis de febrero y veintinueve de octubre, ambos de dos mil diecinueve, este órgano federal remitió los autos en original y en copias certificadas al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para que resolviera lo conducente respecto a las inejecuciones de sentencia del Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; los cuales fueron admitidos bajo los números de inejecución 7/2019 y 25/2019. Recursos que el tribunal revisor resolvió respecto de la 7/2019 declaró sin materia, y respecto de la 25/2019 declaró fundado mediante dictamen de treinta de enero de dos mil veinte, y ordenó su remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo admitió bajo el número de incidente de inejecución 39/2020. 7. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se mandó a agregar a este expediente la copia certificada del oficio 1634, signado por la Subsecretaria de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, que contiene el testimonio de la ejecutoria dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el incidente de inejecución 92/2020, que obra en autos del juicio de amparo 635/2015-III-B, del índice de este Juzgado Federal. Por lo que, tomando en consideración que dicho juicio de amparo es análogo al presente asunto, al encontrarse ambos en la etapa procesal de ejecución de sentencia, por no haberse logrado aún el pago liso y llano de la cantidad condenada en el laudo de origen a la parte actora, aquí quejosa; este órgano jurisdiccional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordenó que se tomara como un hecho notorio la resolución dictada en el referido incidente de inejecución 92/2020, bajo los lineamientos ahí indicados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México. Por ello, este órgano federal precisamente conforme a los lineamientos señalados, vinculó al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada al Congreso del Estado, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda del Gobierno), todos del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico, para que asesoren y/o en su caso auxilien al Ayuntamiento Municipal de Hunucmá, Yucatán dentro del ámbito de sus facultades, brindándole la asesoría necesaria para la obtención de recursos, ya sea mediante una ampliación presupuestal, o bien la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos para cumplir con la sentencia de amparo, para lo cual se les envía copia de la referida resolución para su conocimiento. Esto, porque el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; numerales 166, 167, 168, y 169, de la Ley de Hacienda del Estado de Yucatán, y ordinal 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, entre otros relativos y aplicables, se obtiene que el Municipio como ente público, constituye un orden de gobierno investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la ley; además, goza de diversas facultades para allegarse de recursos, tales como: contratar obligaciones a corto plazo; contratar empréstitos; solicitar una ampliación presupuestal; o bien, la implementación o ampliación de una partida presupuestal para hacer frente al endeudamiento por virtud de los laudos emitidos por el Tribunal burocrático; lo cual cabe aclarar, no concluye con la administración saliente sino subsiste la obligación de hacer frente a dicha condena laboral y cumplimiento de la sentencia de amparo con la nueva administración. Sin embargo, para realizar cualquiera de las posibles alternativas, se requiere no sólo de la autorización del Cabildo del Ayuntamiento correspondiente, con la consiguiente obligación que tiene de incluir en el presupuesto de egresos y bajo un rubro específico, el pago de las obligaciones derivadas de los asuntos laborales en los que fue condenado. En la inteligencia de que en su propuesta, en forma alguna podrá determinar imposibilidad de cumplimiento, sino presentar un proyecto viable y asequible a fin de cubrir las obligaciones derivadas del juicio laboral de origen. De manera que deberá realizar las acciones y gestiones necesarias ante las demás autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, para obtener tanto la asesoría para allegarse de los recursos que requiere para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como solicitar ya sea una ampliación presupuestal, o la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos, todo ello para cumplir con la sentencia de amparo. Por lo cual, deberá solicitar la asesoría del Congreso del Estado, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda del Gobierno), todos del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de estas últimas, o de cualquier otra que de acuerdo a sus funciones pueda auxiliarlo en el trámite para la obtención de los recursos necesarios para que dé debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Pues incluso, se instruyó al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para que con cuenta del Municipio, realice el pago adeudado al quejoso con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda; o bien, en el caso de que surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruyera para que busque alguna otra opción para satisfacerlo. Aunado a que también se instruyó al Gobernador del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico, para que conminara y supervisara el cumplimiento a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta que, en caso de inobservancia a este deber, tanto a él como al Secretario de Administración y Finanzas, se procederá en aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Y, se requirió al Congreso del Estado de Yucatán, para que en auxilio del referido Municipio de Hunucmá, Yucatán, facilite, estudie y analice el presupuesto de dicha municipalidad, así como la implementación de los medios para la obtención de recursos con cargo a la cuenta del Municipio, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo que implica para dicha autoridad, que para efectos de la aprobación del presupuesto de egresos, deberá vigilar que en el mismo se contemple un rubro específico para el pago de laudos, en el que se destine una parte del presupuesto para tales efectos, dentro de los términos legales que correspondan. Así también se requirió al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para que sin excusa alguna, previa solicitud del Ayuntamiento demandado, implemente las acciones efectivas para cumplir la ejecutoria de amparo en los términos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin que a la fecha haya realizado pronunciamiento alguno al respecto. Ahora bien, en términos del artículo 77, base primera, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, constituye un hecho notorio para este juzgador que con fecha uno de septiembre de este año, entró en funciones la nueva administración del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. Por tanto, atendiendo a lo prescrito por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé el principio de impartición de justicia pronta y expedita, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, por lo que no puede quedar paralizado, ya que sus fines, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, suponen el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, es necesario hacer del conocimiento lo anterior a la nueva integración del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que lleve a cabo las acciones ya precisadas con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia firme dictada en el presente juicio. Por tanto, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, entreguen los oficios correspondientes tanto al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, como a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero de dicho Ayuntamiento, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto; debiendo anexarles copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 680/2012-II-A, de donde deriva este expedientillo, del auto que declaró ejecutoriada dicha sentencia, y copia de las directrices trazadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 92/2020 para el cumplimiento de la sentencia, a fin de que se encuentren en aptitud de cumplir con la ejecutoria de mérito. Por ende, se le requiere para que, dentro del término de diez días, computado a partir de su notificación, en coordinación con el Congreso del Estado, el Secretario de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector, esto es, satisfacer a la quejosa Paula Angélica Uicab Aguilar el pago del laudo dictado en del juicio laboral 285/2007 y lo informe a este órgano de control constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, a fin de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, deberán velar e instruir las medidas adecuadas para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo. Además, se requiere de nueva cuenta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale los actos que ha desplegado con el fin de atender a lo ordenado por el Máximo Tribunal del país. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, sin centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término de cinco días concedido al quejoso José Ignacio Almazán Arteaga en auto de uno de septiembre de este año, para que presentara ante la autoridad responsable Registrador Integral adscrito a la Representación Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con residencia en Chetumal, la calificación registral negativa de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho y toda la documentación original que integra la solicitud número 23180006145 del trámite de Contrato de Enajenación de Derechos de la parcela 370 Z-1 P-3 del Ejido denominado Isla Holbox, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, a fin de que dicha autoridad pueda dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se requiere al indicado quejoso para que, dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, informe a este juzgado el cumplimiento otorgado al auto antes indicado (uno de septiembre de la anualidad) o, en su caso, las gestiones que se encuentra llevando a cabo para ello. Se hace saber a la parte peticionaria del amparo que el cumplimiento de la sentencia de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, pues sus fines, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, suponen el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional por lo que se consideran de orden público e interés social. En ese orden de ideas, una vez transcurrido el plazo antes indicado, con o sin el desahogo del requerimiento aquí indicado, este juzgado proveerá lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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