Alfredo Martínez Capuchino

Expediente 226/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
226/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2016

Partes del expediente

  • Alfredo Martínez Capuchino

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Capuchino, contra actos del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, por violación al artículo 17 Constitucional, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 226/2016-II. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de Inscribir el bien inmueble embargado a nombre de Manuel Ramos Murguía que se encuentra inscrito bajo el volumen 69 del folio 215 en escritura número 589 de escrituras públicas, en virtud de la diligencia de embargo levantada el 16 de junio de 2014, dentro del juicio laboral tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje bajo el número de expediente 635/III/2012.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, los artículos 618, 688, 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; III. Conocer y resolver las providencias cautelares; IV. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el Presidente de la Junta; VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial; VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y VIII. Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y IX. Las demás que les confieran las Leyes." "Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables en los términos de las Leyes aplicables al caso. Las Juntas se auxiliarán entre sí en el ejercicio de sus funciones." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." De los artículos reproducidos deriva, en lo que interesa en este asunto, lo siguiente:  Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen la obligación de ordenar la ejecución de los laudos dictados por las referidas juntas.  Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.  Si dichas autoridades se negaren a ello, serán responsables en los términos de las leyes aplicables al caso.  La ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, quienes dictarán las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita.  Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, de acuerdo a lo establecido por los mencionados artículos de la legislación laboral, sobresale la facultad que se otorga a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales para fijar responsabilidades; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de aquéllos. Lo anterior, siempre y cuando la referida ejecución hubiere sido solicitada por la parte que obtuvo resolución a su favor, de conformidad con el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo . Entonces, como sucede con cualquier particular, el incumplimiento de ejecutar los laudos, en la especie, la contumacia del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, de cumplir con lo ordenado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, a través de la omisión de inscribir el embargo trabado mediante diligencia de dieciséis de junio de dos mil catorce, dentro del expediente laboral 635/III/2012, puede ser vencida a través de los instrumentos legales con que cuenta el Presidente de la referida Junta, para lograr el cumplimiento de su determinación. Es decir, dentro del juicio laboral, el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, no actúa en un esquema de supra a subordinación con el quejoso ?como condición para la categorización de un acto de autoridad?, sino en todo momento de coordinación, la cual, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, encontrándose ambos en el mismo nivel procesal dentro del juicio laboral, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que tratándose de la ejecución de laudos, ambos están sujetos a las facultades del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje quien dicta las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita. Por lo anterior, al derivar la inscripción del embargo de inmueble de la ejecución del laudo, se concluye que el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, pues carece de las atribuciones que distinguen los actos de autoridad descritas con anterioridad por tener relación con la ejecución del laudo en el procedimiento laboral, de ahí que el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." A mayor abundamiento, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio, la ejecución de los laudos. Aunado a que si una de las partes en el proceso laboral considera que no se está cumpliendo debidamente el laudo, puede instar al presidente a que actúe en la forma debida para lograr la ejecución. Además, en caso de que el Presidente respectivo sea omiso o niegue la petición, el solicitante tiene la facultad de hacer valer el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo ; por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso cuenta con la posibilidad de instar al Presidente de la Junta para que ejecute el laudo debidamente y con un medio ordinario de defensa, que le permite combatir los actos emitidos por aquél, en la etapa de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.T.71 L (10ª), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Capuchino, por su propio derecho. Como lo solicita el quejoso ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Callejón de Guadalajarita número ciento nueve, zona centro, en esta ciudad de Zacatecas.

  3. Principal

    PUBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO COMPARECIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO PARA TALES EFECTOS: Vista; la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Capuchino, contra actos del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, por violación al artículo 17 Constitucional, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 226/2016-II. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de Inscribir el bien inmueble embargado a nombre de Manuel Ramos Murguía que se encuentra inscrito bajo el volumen 69 del folio 215 en escritura número 589 de escrituras públicas, en virtud de la diligencia de embargo levantada el 16 de junio de 2014, dentro del juicio laboral tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje bajo el número de expediente 635/III/2012.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, los artículos 618, 688, 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; III. Conocer y resolver las providencias cautelares; IV. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el Presidente de la Junta; VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial; VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y VIII. Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y IX. Las demás que les confieran las Leyes." "Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables en los términos de las Leyes aplicables al caso. Las Juntas se auxiliarán entre sí en el ejercicio de sus funciones." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." De los artículos reproducidos deriva, en lo que interesa en este asunto, lo siguiente:  Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen la obligación de ordenar la ejecución de los laudos dictados por las referidas juntas.  Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.  Si dichas autoridades se negaren a ello, serán responsables en los términos de las leyes aplicables al caso.  La ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, quienes dictarán las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita.  Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, de acuerdo a lo establecido por los mencionados artículos de la legislación laboral, sobresale la facultad que se otorga a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales para fijar responsabilidades; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de aquéllos. Lo anterior, siempre y cuando la referida ejecución hubiere sido solicitada por la parte que obtuvo resolución a su favor, de conformidad con el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo . Entonces, como sucede con cualquier particular, el incumplimiento de ejecutar los laudos, en la especie, la contumacia del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, de cumplir con lo ordenado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, a través de la omisión de inscribir el embargo trabado mediante diligencia de dieciséis de junio de dos mil catorce, dentro del expediente laboral 635/III/2012, puede ser vencida a través de los instrumentos legales con que cuenta el Presidente de la referida Junta, para lograr el cumplimiento de su determinación. Es decir, dentro del juicio laboral, el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, no actúa en un esquema de supra a subordinación con el quejoso ?como condición para la categorización de un acto de autoridad?, sino en todo momento de coordinación, la cual, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, encontrándose ambos en el mismo nivel procesal dentro del juicio laboral, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que tratándose de la ejecución de laudos, ambos están sujetos a las facultades del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje quien dicta las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita. Por lo anterior, al derivar la inscripción del embargo de inmueble de la ejecución del laudo, se concluye que el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Zacatecas, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, pues carece de las atribuciones que distinguen los actos de autoridad descritas con anterioridad por tener relación con la ejecución del laudo en el procedimiento laboral, de ahí que el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." A mayor abundamiento, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio, la ejecución de los laudos. Aunado a que si una de las partes en el proceso laboral considera que no se está cumpliendo debidamente el laudo, puede instar al presidente a que actúe en la forma debida para lograr la ejecución. Además, en caso de que el Presidente respectivo sea omiso o niegue la petición, el solicitante tiene la facultad de hacer valer el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo ; por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso cuenta con la posibilidad de instar al Presidente de la Junta para que ejecute el laudo debidamente y con un medio ordinario de defensa, que le permite combatir los actos emitidos por aquél, en la etapa de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.T.71 L (10ª), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alfredo Martínez Capuchino, por su propio derecho. Como lo solicita el quejoso ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Callejón de Guadalajarita número ciento nueve, zona centro, en esta ciudad de Zacatecas.

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