Alfredo Manuel Tinoco Bañuelos

Expediente 1348/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1348/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Juez Segundo del Ramo Mercantil en esta Ciudad.
  • Alfredo Manuel Tinoco Bañuelos
  • Fidel Sosa Zapata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Queja infundada. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual anexa testimonio de la resolución dictada en sesión de veintisiete de enero del año en curso, en el que se resolvió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja". Agréguese testimonio y acúsese recibo. En consecuencia, súmense a los autos el testimonio de referencia y acúsese el recibo correspondiente. Se ordena archivo del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se desechó la demanda. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Colegiado admite recurso. Téngase por recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******, contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, mismo que cual quedó registrado como recurso de queja ********************. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Ratifica firma. Vista el acta de comparecencia del quejoso ------------------------- por la cual ratifica ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito aclaratorio presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y registrado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, el dieciséis del mes en curso, a las nueve horas con diecisiete minutos, según se advierte del sello de recibido. II. Cumple prevención. En razón de lo anterior y analizado de nueva cuenta el referido ocurso, téngase al citado quejoso cumpliendo con la prevención realizada en proveído de diez de noviembre del presente año, lo cual realizan de la siguiente manera: 1. Bajo protesta de decir verdad, completa y precisa los antecedentes del acto reclamado. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento por definitividad. Del análisis de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierte que el presente amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." A fin de dar cumplimiento a la voluntad del constituyente, el legislador ordinario estableció dicho motivo de improcedencia en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, debe cumplirse cuanto éste se promueve y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Asimismo, los artículos 1334, 1335, 1340 y 1345 del Código de Comercio, señalan lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición" "Artículo. 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso" "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339" "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: I. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda, o de los medios preparatorios a juicio; II. Contra el auto que no admite a trámite la reconvención, en tratándose de juicios ordinarios; III. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio; IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales; VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos; VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento; IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este Código" De los preceptos transcritos, se conoce que las sentencias, resoluciones interlocutorias y autos que se emitan dentro de un procedimiento y que no encuadren en alguno de los supuestos para que proceda la apelación, son susceptibles de revocación. Además, que la apelación es improcedente en juicios cuya cuantía sea inferior a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional). Lo anterior es así, ya que el indicado Código de Comercio establece un medio de defensa ordinario para la impugnación de los autos emitidos en un procedimiento mercantil, que no sean susceptibles de ser apelados, es decir, el recurso de revocación. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 842/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, mediante el cual se negó a decretar la caducidad de la instancia, debido a que en dicho juicio ya se dictó sentencia definitiva; además, como se advierte de las copias que adjuntó el impetrante a su escrito aclaratorio, la cuantía que se le demandó en dicho juicio ejecutivo mercantil es de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional); por lo que ese acto pudo ser impugnado a través del recurso de revocación. En efecto, en términos de lo dispuesto por los preceptos legales citados en párrafos que anteceden, contra el acto que se reclama, no procede apelación, además de que no es irrecurrible, ni es un decreto de mero trámite. Por tanto, se estima que en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación previsto por el numeral 1334 de la legislación mercantil en cita, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO" También son aplicables al caso los criterios siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En congruencia con lo anterior y en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, se concluye que si el Código de Comercio, aplicable en el caso concreto, prevé el recurso de revocación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; razón por la cual, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de garantías que nos ocupa. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Victoria de Durango, Durango, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. I. Pretende cumplir requerimiento. Téngase por recibido el escrito del quejoso Alfredo Manuel Tinoco Bañuelos, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós. II. Acuerdo derivado del escrito aclaratorio. 1. Reconocimiento de firma. A fin de estar en aptitud de acordar sobre el cumplimiento o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere al citado promovente, para que dentro del plazo improrrogable de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se les haga del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado de distrito, en día y hora hábil, para que: Con documentación oficial vigente que lo identifique plenamente y según lo permitan las labores de este juzgado, reconozca como suya la firma que calza la promoción de cuenta, dado que sin tener conocimientos especiales en materias de grafoscopía y documentoscopía, es evidente que la firma que aparece al calce del ocurso que se provee, es notoriamente distinta a la diversa contenida en la demanda de amparo. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de incumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y le seguirá transcurriendo el plazo para que cumpla con lo solicitado en el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado Vicente Israel Figueroa Jiménez, secretario quien autoriza y da fe.- Doy fe.

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