Alfredo Maldonado Hernandez
Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Alfredo Maldonado Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 21, inciso a), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud en representación de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero y Subsecretaría de Administración y Finanzas de la citada Secretaría, residente en esta ciudad. Al respecto, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado, asimismo, informa que mediante escrito de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dio respuesta al ocurso presentado por la parte quejosa el veintiocho de junio (sic) del mismo año. En tales circunstancias, se determina innecesario continuar con la tramitación del juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: Es así, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar correctamente el acto reclamado, en atención a la integridad de la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, incluso con el informe justificado y la totalidad de las constancias que obran en el sumario. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la lectura integra al escrito de demanda y del análisis de los elementos a que hacen referencia las tesis invocadas, en atención además a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós (no veintiocho, como lo adujo la peticionaria de amparo). En ese contexto, de las constancias enviadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por escrito de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dio respuesta al diverso ocurso presentado por la parte quejosa el veintinueve de junio del mismo año. Por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable emitió el acto cuya omisión se reclamó, puesto que la pretensión final de la peticionaria del amparo, fue que dicha responsable se pronunciara sobre el escrito presentado en la data indicada, lo que ya aconteció, por lo que es claro que cesaron los efectos de la omisión reclamada, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya citado. Por ende, en tal evento se surte la causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia a que se hizo referencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, con registro digital 184572, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que no se dejen transcurrir los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable oficiante, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas; sin embargo, al ser indudable y manifiesta la causal invocada, ningún sentido tiene dejar transcurrir dicho término. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de garantías, en contra de la respuesta que recayó a la petición, ya que en todo caso, ello sería reclamable en la vía laboral correspondiente. Tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala, del Alto Tribunal, con registro digital 2011948, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés Notifíquese personalmente
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual devuelve las copias certificadas del juicio de amparo 836/2022; por tanto, intégrense la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente y de inmediato remítanse nuevamente al Tribunal oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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