Alfredo López Ruiz
Expediente 100/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo López Ruiz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo López Ruiz, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca y otras autoridades; anótese su ingreso con el número de expediente 100/2018, atento su contenido, se provee: Debe desecharse la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis de la demanda de amparo promovida por Alfredo López Ruiz, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, y otras autoridades, se estima que en la especie se surte, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la propia ley. En efecto, el promovente medularmente hace consistir los actos reclamados en el auto mediante el cual el juez responsable señaló en el expediente mercantil número 184/2014, las diez horas del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de remate del bien inmueble de su propiedad, como diversas violaciones dentro del procedimiento. Sin embargo, tales actos no son susceptibles de reclamarse en amparo indirecto, en virtud que sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado en términos del citado numeral 107 fracción IV de la ley de la materia, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, dispositivo que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" [Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional] Tiene aplicación en lo conducente, y por las razones que la informan, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, Septiembre de dos mil nueve, Materia Civil, página 376, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO. La declaración de fincado el remate y, en su caso, la adjudicación del bien, no constituyen la resolución definitiva a que se refiere el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de declaraciones provisionales que están sujetas a confirmación o anulación posterior por parte de la autoridad que las dictó, además de que en su contra procede el recurso de apelación. En efecto, una vez hecha tal declaración, si el postor que ofreció pagar una parte de contado y otra con posterioridad, no cumpliere sus obligaciones, el tribunal podrá declarar sin efecto el remate, conforme a los artículos 482 y 484 del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus correlativos de las entidades federativas. Por tanto, contra aquella determinación no procede el juicio de amparo, sino contra la que pronuncia el juzgador después de realizada la subasta, una vez que revisa si en este procedimiento se cometió o no alguna violación, es decir, procede el amparo contra la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación de los bienes, con independencia de que tenga o no por consignado su precio, pues la venta judicial puede llevarse a cabo ya sea con pago de contado o mediante pagos diferidos, y en el primer supuesto, según el artículo 483 del indicado Código Federal y sus similares de los Estados de la República, en el acto del remate debe exhibirse el efectivo numerario del precio o el cheque certificado a favor del tribunal, en cuyo caso, de haberse fincado el remate, para aprobarlo el tribunal no tendría necesidad de declarar posteriormente consignado el precio de aquél." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal citado, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizadas para esos mismos efectos a las personas que señala en su escrito de demanda; sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, no ha lugar a designar como medio de notificación el correo electrónico que indica el promovente, hasta en tanto hayan obtenido la firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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