Alfredo López Reyes

Expediente 1744/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1744/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Alfredo López Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    ELECTRONICA.- Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y en atención a que las partes no realizaron manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 99 a 117), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, para los siguientes efectos: ".El Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México: Deje sin efectos la resolución emitida el seis de junio de dos mil veintitrés en el toca penal ********************, por la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el doce de abril de dos mil veintidós, en los autos de la causa de control ********************. Cite de nueva cuenta a las partes, y con libertad de jurisdicción pero en estricto ceñimiento a lo establecido en esta sentencia dicte otra, en la que analice y conteste de manera exhaustiva la totalidad de los agravios que hizo valer el imputado, aquí quejoso y resuelva lo que en derecho corresponda, y después de la emisión oral, de forma inmediata, sin exceder el plazo de veinticuatro horas, emita la versión escrita, la cual no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente y deberá cumplir con los demás requisitos legales". Concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora Jueza de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en atención a que sus actos de ejecución no se combatieron por vicios propios sino en vía de consecuencia. La sentencia causó ejecutoria por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables (fojas 134 y 135). En atención a ello, mediante oficio 3011500P02/5758/2023, recibido en este Juzgado Federal el trece de octubre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, remitió en copia certificada diversas constancias relativas al toca ******************** de su índice, así como un disco en formato DVD, que contiene la audiencia de doce de octubre de dos mil veintitrés (fojas 148 a 220). Con dichas constancias se dio vista a las partes en proveído de dieciséis de octubre del año que transcurre, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 221). En ese tenor, del examen de las documentales que remitió la autoridad responsable, la que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene pleno valor probatorio, se advierten las siguientes actuaciones por parte del tribunal responsable: En proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la resolución emitida el seis de junio de dos mil veintitrés en el toca penal ********************, por la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el doce de abril de dos mil veintidós, en los autos de la causa de control ********************, únicamente por lo que hace al imputado ******************** (foja 162). Señaló las once horas con cuarenta minutos del doce de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia que prevé el numeral 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual citó a las partes por los conductos legales para ello (fojas 162 vuelta y 163). Con libertad de jurisdicción dictó otra resolución en la que analizó y contestó la totalidad de los agravios que hizo valer el imputado, aquí quejoso y resolvió lo que estimó conveniente. Después de la emisión oral, en la misma fecha, emitió la versión escrita (fojas 183 a 220). Ahora bien, como se precisó, la concesión del amparo se hizo extensiva a los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora Jueza de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; sin embargo, no obra en autos pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de dicha autoridad, a pesar de estar debidamente notificada del oficio 28622/2023 de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se le requirió el cumplimiento de la misma, como se advierte a foja 144. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En esas condiciones, con la finalidad de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, conforme a su competencia informe el cumplimiento a la sentencia de amparo. APERCIBIMIENTO En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se le informa que de constituirse en actitud omisiva, también se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Notifíquese como legalmente corresponda.

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