Alfredo Lopez Morgan
Expediente 89/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Lopez Morgan
Actuaciones
- Principal
MESA IV-A "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veinticinco de enero del presente año (fojas 16 a 21), se desechó la demanda de garantías promovida, el cual se notificó a la parte promovente el veintiséis siguiente (foja 27); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MESA IV A "... Visto el oficio del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en México, Distrito Federal; mediante el cual remite la demanda de amparo registrada bajo el juicio de amparo 96/2016 promovido por ALFREDO LÓPEZ MORGAN, contra actos del Secretario de Educación Pública, con sede en México, Distrito Federal; acúsese recibo. Como dicho Juez declinó la competencia por cuanto que resulta incompetente, para conocer del asunto; con fundamento en el artículo 38 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador, ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 89/2016. En principio, es importante señalar que este órgano jurisdiccional se aparta de su postura primigenia contenida en el amparo 1944/2015 y otros, en los que se determinó dar entrada a las demandas de amparo en casos análogos a éste, habida cuenta que de una nueva reflexión lleva a considerar que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de inejercitabilidad del juicio de amparo, dado que los actos que aquí se reclaman derivan sustancialmente de una relación de carácter laboral existente entre el Secretario de Educación Pública y la parte quejosa, como enseguida se demostrará. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son los siguientes: "(.) Lo hago consistir en el ABUSO DE AUTORIDAD del que estoy siendo objeto por parte de la única señalada como responsable, al pretender obligarme a presentar y aprobar una evaluación, conforme a la reciente Ley General de Educación, misma que fue publicada el día 11 del mes de septiembre del año 2013, en el Diario Oficial de la Federación: Acto del que me enteré con fecha 27 de noviembre del año en curso. Pretende la señalada como responsable imponerme retroactividad de la Ley, al querer obligarme a aprobar una evaluación arbitraria, ilegal y demás anticonstitucional , conforme a la reciente Ley General de Educación, generando con ello abuso de autoridad en mi contra; [.] pues claramente se me ha advertido y amenazado que si no acudo a esa evaluación que arbitrariamente se me ordena presentar y si además, no la apruebo [.] perderé mi plaza como docente que al servicio del Estado Mexicano tengo desde hace mucho tiempo antes de que se dictara la nueva LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CONOCIDA TAMBIÉN COMO LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y/O REFORMA EDUCATIVA". Los cuales son atribuidos al Secretario de Educación Pública, con sede en México, Distrito Federal. Pues bien, como se adelantó, contra tales actos se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1°. "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "Artículo 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que procede contra actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II, de la Ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En el caso, la lectura integral de la demanda revela que los actos reclamados por la parte quejosa antes mencionados se ubican en un plano de coordinación, ya que derivan de una relación obrero- patronal existente entre la parte agraviada y el Secretario de Educación Publica, con sede en México, Distrito Federal, que están relacionados con la obligación que tienen como parte trabajadora de someterse a las evaluaciones periódicas requeridas por su patrón. Lo que se corrobora con la narración de hechos que hace la parte solicitante de amparo en su escrito de demanda en el que reconoce ser empleado o trabajador docente. De igual forma, el acoso laboral del que se duele es un acto que gira en torno a la relación obrero-patronal y, que en su caso, podría dar lugar a la rescisión de la relación laboral por la parte trabajadora, o incluso, a la denuncia de hechos ante la instancia investigadora correspondiente, pero no se trata de un acto de autoridad para los efectos del amparo. Por tanto, los actos aquí reclamados, en modo alguno, puede considerarse que deriven de una relación de supra a subordinación, porque precisamente dimanan de una relación de carácter laboral, de la cual, deben conocer los tribunales ordinarios y no éste órgano de amparo. Como queda de manifiesto, los actos reclamados están vinculados con el derecho al trabajo del justiciable; por lo que, es inconcuso que el juicio de amparo contra el Secretario de Educación Pública, con residencia la Ciudad de México, resulta improcedente, toda vez que su actuar no es unilateral, dado que del contenido integral de la demanda, se aprecia que la relación que se establece es de patrón-empleado, por lo que dicho acto no puede estimarse equivalente al de una autoridad. Pero además, en caso de un eventual despido con motivo de que la parte quejosa no realizó la evaluación, por estimar que no se aplicó correctamente el proceso de evaluación porque no se llevó a cabo la notificación respectiva, de conformidad con los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente; tal cuestión sería reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. Con independencia de lo hasta aquí expuesto, para el caso que se considerara que el acto reclamado proviene de una autoridad como tal, aun en ese supuesto el juicio de amparo sería improcedente, habida cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, el amparo indirecto contra actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, solamente procede contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, en la que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el mismo, como la falta o ilegal notificación de la parte quejosa. De donde se sigue que en este momento el amparo resulta improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 107, fracción III, interpretado a contario sensu, cuenta habida que no se ha dictado la última resolución en el procedimiento respectivo. En tal orden de ideas, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio, por notoriamente improcedente. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a la aquí quejosa, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Luego, toda vez que la quejosa no señala domicilio para recibir notificaciones; con apego en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese esta determinación y las posteriores por lista de acuerdos, hasta que designe lugar para tal efecto. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..."
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