Alfredo Jhonnatan Cortéz Leyva

Expediente 1396/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1396/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Jhonnatan Cortéz Leyva
  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en su carácter de Juez de Control

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto. ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo, por una parte se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables y a la parte tercera interesada, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 6. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitieron las autoridades responsables, como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución, solicitando acusar recibo de su recepción. 7. Documentos originales. Por otra parte, hágase sabe a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos que obren el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1396/2022, promovido por Jesús Cuevas Villanueva Alfaro, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Alfredo Jhonnatan Cortez Leyva, por alegada violación de los artículos 1o, 8o, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en su carácter de Juez de Control, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en su carácter de Juez de Control. -La pérdida del derecho para ofertar medios probatorios durante el término fijado en los artículos 334, primer párrafo, 337 último párrafo, 340 y diversos del Código Nacional de Procedimientos Penales. -La inadmisión de pruebas en perjuicio del quejoso en audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 512/2021, no obstante que en durante la audiencia intermedia de veinte de octubre de dos mil veintidós, se había concedido una prorroga en términos del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que resulta contradictorio y deja al quejoso en estado de indefensión. Del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II, Grupo 2, de la Fiscalía General de República, con sede en esta ciudad -denominación correcta-. -La vulneración a los derechos de la debida defensa y seguridad jurídica, materializado en la incorrecta información asentada en la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0002772/2019, específicamente respecto del correo electrónico que el quejoso proporcionó en la hoja de datos, el cual fue consorcioiustitia@gmail.com, lo que derivó en la inadmisión de pruebas por parte del Juez de Control en audiencia intermedia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridad residente dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que por lo que ve al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, lo reconoció expresamente en su informe justificado. Mientras que el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II, Grupo 2, de la Fiscalía General de República, con sede en esta ciudad, si bien lo negó, lo cierto es que dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones que hizo en su informe de las que se desprende la existencia del acto, de ahí que como se dijo, también se tiene por cierto. Es aplicable el siguiente criterio: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de los actos se corrobora con las constancias que cada una de ellas remitió junto con sus informes, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0002772/2019, y causa penal 512/2021, respectivamente, así como un disco compacto CD que contiene las audiencias de veinte de octubre y veintitrés de noviembre, ambas de dos mil veintidós, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, en términos del numeral 2o. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes : "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo prevé que el estudio de las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio, es de orden público y preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, toda vez que los actos que se reclaman tanto al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, como al agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II, Grupo 2, de la Fiscalía General de República, con sede en esta ciudad, se encuentran estrechamente relacionados con la inadmisión de los medios de prueba ofertados por la defensa del aquí quejoso en la etapa intermedia dentro de la causa penal de origen; actos de índole adjetiva -intraprocesal- sobre los cuales el juicio de amparo indirecto es improcedente ya que no se trata de aquéllos cuyos efectos sean de imposible reparación, por las razones que enseguida se explican. Para sustentar la conclusión anterior, se transcriben las fracciones y numerales antes invocadas. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido este por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se impugne la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora, en el caso que nos ocupa, existe la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." De la jurisprudencia previamente reseñada se desprende que el máximo tribunal del país determinó que por regla general la exclusión de medios de prueba, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, sin embargo, tal presupuesto no es absoluto, por lo que debe ser analizado caso por caso, ya que, pudiera darse el caso donde efectivamente se afecten materialmente derechos sustantivos y para ello, es necesario que se actualicen las siguientes características: I. Que la exclusión de medios de prueba establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la ejecución de la admisión "pueda" implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado. II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. En el caso, la parte quejosa reclama: -La pérdida del derecho para ofertar medios probatorios durante el término fijado en los artículos 334, primer párrafo, 337 último párrafo, 340 y diversos del Código Nacional de Procedimientos Penales. -La inadmisión de pruebas en perjuicio del quejoso en audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 512/2021, no obstante que en durante la audiencia intermedia de veinte de octubre de dos mil veintidós, se había concedido una prorroga en términos del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que resulta contradictorio y deja al quejoso en estado de indefensión. -La vulneración a los derechos de la debida defensa y seguridad jurídica, materializado en la incorrecta información asentada en la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0002772/2019, específicamente respecto del correo electrónico que el quejoso proporcionó en la hoja de datos, el cual fue consorcioiustitia@gmail.com, lo que derivó en la inadmisión de pruebas por parte del Juez de Control en audiencia intermedia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Los antecedentes de donde derivan tales actos son los siguientes: Con fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve dio inicio la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0002772/2019, con motivo de la denuncia presentada por la Comisión Nacional del Agua, en contra del aquí quejoso; carpeta de investigación en la cual, se señaló domicilio para recibir notificaciones personales y como correo electrónico el de consorcioiustitia@gmail.com. Por oficio MOR-EIL-E2C2-3022/2021 de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Célula II-2, Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, de la Fiscalía General de la República, realizó solicitud de audiencia inicial para imputación y vinculación a proceso, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal del Estado de Michoacán; proporcionando en dicho comunicado los datos de identificación y localización de la defensa del inculpado. El cinco de enero de dos mil veintidós, se dictó acuerdo de recepción de la solicitud de audiencia inicial sin detenido, en la que se señalaron las doce horas con quince minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia inicial solicitada, lo que se ordenó notificar a las partes en los correos electrónicos proporcionados para tal efecto. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se dio inicio con la audiencia inicial, en la que se tuvo designando como defensor de Alfredo Jhonnatan Cortez Leyva al licenciado Jesús Cuevas Villanueva Alfaro, quien aceptó y protestó el cargo que le fue conferido; posteriormente la audiencia se dejó sin materia en razón de que las partes manifestaron su intención de optar por una salida alterna, suspendiéndose en ese momento el asunto por un plazo de treinta días, por lo que se fijaron las once horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintidós para la audiencia inicial o en su caso la autorización del acuerdo reparatorio. El siete de marzo de dos mil veintidós, se dio inicio con la audiencia inicial, misma que se difirió para las quince horas del veinticinco de marzo del año citado, a fin de dar oportunidad de que las partes pudieran arribar a una salida alterna; en dicha audiencia la defensa del inculpado Jesús Cuevas Villanueva Alfaro proporcionó número telefónico y como correo electrónico jesuscuevas@gmail.com. Llegado el día señalado, se dio inicio con la audiencia inicial inherente a Alfredo Jhonnatan Cortez Leyva por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de uso de bien que pertenece a la Nación sin obtener permiso para ese uso previsto y sancionado en el artículo 150, en relación con el diverso 149, de la Ley General de Bienes de la Nación; en la que formuló imputación. El treinta y uno de marzo del año inmediato anterior, se resolvió la situación jurídica del imputado vinculándose a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de uso de bien que pertenece a la Nación sin obtener permiso para este, fijándose como plazo para el cierre de la investigación el treinta de abril de dos mil veintidós, prorrogándose la misma a petición de la Fiscalía hasta el trece de agosto de dos mil veintidós. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por fenecido para las partes el plazo de cierre de investigación. Posteriormente, el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Fiscal Federal formulando acusación contra Alfredo Jhonnatan Cortez Leyva, por lo que en términos del artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales se señalaron las dieciséis horas con quince minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, para la audiencia intermedia, ordenando citar a las partes a través de cualquiera de los notificadores adscritos al centro de justicia penal en los medios proporcionados. El veinte de octubre del año en cita, dio inicio la audiencia intermedia, en la que la defensa del imputado -aquí quejoso- solicitó una prórroga para preparar el descubrimiento probatorio, misma que se le concedió por un plazo de quince días, fijándose las dieciséis horas con quince minutos del veintitrés de noviembre de dos mil de dos mil veintidós, para su continuación. Llegado el día señalado -veintitrés de noviembre de dos mil veintidós-, se dio continuación con la audiencia intermedia en la que entre otras cosas, se emitió el auto de apertura a juicio oral, se establecieron las acusaciones objeto del juicio, se realizó el pronunciamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el que se admitieron las de la Fiscalía y se excluyeron los que ofertó la defensa del aquí quejoso, por resultar extemporáneas. En esta última determinación, el Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal, en su carácter de Juez de Control, en el minuto (16:30) concedió el uso de la voz a la Fiscalía y parte ofendida acerca de los medios de prueba con los que corrió traslado la defensa del imputado, de las que se desprende que aquéllos que prendió ofrecer son: -entre otras-, una denuncia que presentó el imputado (sin especificar en contra de quien o de qué fecha) y una pericial en materia hídrica nacional. En el minuto 16:47 el Juez de Distrito Especializado responsable determinó que en términos del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los medios de prueba que las partes pretendan desahogar en la audiencia de juicio, podrán ofrecerse dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, por lo que al no haberlo hecho así, es que tal ofrecimiento resulta extemporáneo. De lo anterior reseñado, se advierte que en el caso que nos ocupa, únicamente están involucrados derechos de índole procesal relacionados con la exclusión de pruebas, sin que se encuentren vinculados a derechos directamente sustantivos de la parte quejosa como pudiera ser la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado, tales como aquéllos a que hacen referencia las jurisprudencias que respectivamente han emitido la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo biinstancial, respecto de actos intraprocesales, concretamente en lo tocante a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas, cuyos rubros son: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA"; "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO"; y, "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA". En consecuencia, lo que en esencia aquí se reclama se trata de una violación intraprocesal que no genera una afectación actual a los derechos fundamentales del quejoso que no pueda ser reparada. Esto es así, porque la posible afectación de la inadmisión de las pruebas queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Lo anterior, en tanto que no debe soslayarse que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien, porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). Por ende, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (aplicada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. En mérito de lo expuesto, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir si se actualizaba la improcedencia aludida, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el acto reclamado. Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Cuevas Villanueva Alfaro, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Alfredo Jhonnatan Cortez Leyva, contra las autoridades, actos y razones precisados en los considerandos primero y cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II-2 Morelia, Michoacán, rindiendo informe justificado; con lo cual se ordena dar vista a las partes. 1.1. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofreciendo como prueba las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia de ley. Con dichas documentales se ordena formar un tomo de prueba para su mejor manejo. 2. Diferimiento. En virtud de lo anterior, a efecto de que transcurra el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado y anexos de la autoridad responsable antes señalada, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada con esta fecha y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. 3. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que por auto veinte de enero del año en curso, se reservó proveer respecto a la solicitud del defensor particular de la parte quejosa, consistente en requerir copia certificada del acuerdo de fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, consistente en la declaración del imputado, dentro de la carpeta de investigación ********************, hasta en tanto, la autoridad responsable rindiera su informe justificado, la cual ya aconteció. En atención a su contenido, se hace conocimiento que con esta misma fecha se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, al que adjunto copia certificada de los autos que integra la carpeta de investigación ********************, de las que se desprende, copia certificada del acuerdo de primero de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, téngase por ofrecido la documental que hace referencia, consistente en el acuerdo de primero de marzo de dos mil veintiuno, consistente en la declaración del imputado -aquí quejos-, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia de ley. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.SSCH/AEAA/vmv

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Se reserva prueba. Téngase por recibido el escrito signado por el defensor de la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera a la autoridad responsable "Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II, Grupo 2, de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad"; para que remita la constancia que refiere en su ocurso de cuenta y la cual obra dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0002772/2019; sin embargo, dígasele que se reserva proveer de conformidad, hasta en tanto la citada remita su respectivo informe justificado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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