Alfredo Jesus Alvarez Loeza

Expediente 953/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
953/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Alfredo Jesus Alvarez Loeza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  2. Principal

    "Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veinte.Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Jesús Álvarez Loeza, quien se ostenta apoderado del directo quejoso Carlos Enrique Ortiz Cetz, contra el acto que reclama de la Presidente de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y de otra autoridad; por tanto, en principio, se tiene por reconocida la personalidad con que se ostenta el promovente, al tenor de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, de conformidad con la copia de la audiencia de tres de enero de dos mil diecinueve, celebrada en el expediente 1230/2015.Por otra parte, la parte promovente reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, la omisión de las autoridades de cumplir con la diligencia de requerimiento de pago y embargo, a que hace referencia el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo y la omisión de cumplimentar la resolución de veintiuno de febrero del año en curso, en el juicio laboral 1230/2015.Fórmese expediente, regístrese con el número 953/2020-llI y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado.Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal.Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, y 217, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales en cita, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta leyArtículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.En el caso, la parte quejosa reclama la omisión genérica de dictar las medidas necesarias tendentes a lograr el cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral 1230/2015; sin embargo, de los antecedentes narrados en el escrito de demanda no se desprende que se haya impulsado el procedimiento de ejecución de éste, para lograr el cumplimiento de lo decidido en el procedimiento, por lo que su reclamo, contenido en la demanda que ahora se examina, es un señalamiento genérico de que existe una omisión de ejecutar el laudo.Por ende, de conformidad con la jurisprudencia del más alto Tribunal de la República, que existe sobre el tema, es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto, pues el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, página 2771, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.Así como la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019185,, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda.Lo anterior es así, pues no debe de perderse de vista que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de laudo, y aun cuando en esa fase procesal el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es, que en dicha fase se requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también su prosecución, es decir, la intensión de continuar con la misma, tales aseveraciones se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 15/2011, que se citó en párrafos procedentes, cuyo rubro dice:EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.En ese sentido, si de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, y el Actuario de su adscripción, la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, sin que precise un acto concreto que contenga la dilación que reclama o que hubiere dado origen a alguna abstención por parte de dichas autoridades responsables, es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda dicha omisión debe tenerse como inexistente.En esas condiciones, de la lectura de la demanda de amparo, no se advierte una petición expresa del quejoso ante las autoridades responsables de llevar a cabo la ejecución solicitada, pues aunque en el presente juicio de amparo opera la suplencia de la queja a su favor conforme al artículo 79 fracción V, tal figura jurídica consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales los quejosos estiman que se violaron sus derechos fundamentales y los preceptos que consideraron violados con los actos reclamados. Sin embargo, tal figura jurídica no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de las autoridades responsables, razón por la cual en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se justifica porque el análisis de la procedencia del juicio de amparo, así como el fondo del asunto, y los alcances de la eventual concesión de la protección constitucional, deben constreñirse a actos específicos y existentes al momento de la presentación de la demanda de la parte quejosa; es decir, se debe acreditar una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico y no puede abarcar actos futuros que pudieran o no emitirse, como en el caso, la ejecución del laudo dentro de esa etapa, depende de la promoción de la parte que obtuvo, ya que la ejecución depende del impulso e intervención del ejecutante.En ese contexto, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos que ya se han llevado a cabo, en virtud de que este medio de control constitucional no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros e inciertos, en el entendido que ese concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe manejarse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzca. Corolario de lo hasta aquí expuesto y retomando el criterio de jurisprudencia 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia invocad, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda.En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta; y asimismo, téngase como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente.Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a los quejosos las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante correo electrónico que señaló en el acuse de entrega a la Oficialía de Partes Común, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de los propios promoventes, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía; de igual forma, tómese nota del número celular proporcionado en el referido acuse de entrega. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. En atención a la solicitud relativa a la autorización para la reproducción electrónica de los acuerdos que se dicten dentro del presente juicio de amparo; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los quejosos y sus autorizados, para que puedan hacer uso de los medios que aluden, al momento de la consulta del presente asunto.Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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