Alfredo Jaime de la Torre

Expediente 946/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
946/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Jaime de la Torre

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de quince de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ALFREDO JAIME DE LA TORRE, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil dieciocho Vista la demanda de garantías que promueve ALFREDO JAIME DE LA TORRE, por su propio derecho, contra actos de la JUEZ NANCY AGUILAR TOVAR INTEGRANTE DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL QUE CONOCE LA CARPETA JO/55/2016; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 946/2018-II que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, como enseguida se explica: En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la lectura del numeral 107, fracción V, transcrito, precisa que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos que tengan sobre las personas o las cosas, ejecución que sea de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, o contra actos procesales o formales que tengan una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afecten en grado predominante o superior a las partes. En cambio, los actos en juicio, de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo bi-instancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que le resulte desfavorable. En el presente asunto, el acto reclamado consiste en la resolución de doce de junio de dos mil dieciocho dictada dentro del Juicio Oral JO/55/2016, por virtud de la cual se determinó señalar como fecha de inicio de juicio oral las diez horas del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de lo que se colige que el acto que por esta vía se reclama, no es de aquéllos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, ejecución que sea de imposible reparación, razón por la cual no es procedente en su contra el juicio de amparo indirecto. Para una mejor comprensión es pertinente aclarar lo que debe entenderse como actos procesales de imposible reparación. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter los siguientes: a) Aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y, b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias se tornan de ejecución irreparable, esto es, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la situación procesal que esté en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia. Ilustra sobre el particular, la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del tomo XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin embargo, el acto reclamado por el aquí quejoso no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, de ser así, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva en el juicio oral, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra dicha sentencia, impugnando la determinación de que se duele, como violaciones procesales, en términos del artículo 173 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en virtud de que el quejoso señala que le es aplicable el abrogado Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, lo que se traduce a que los actos reclamados por la parte quejosa derivan de la instauración de un proceso penal bajo el esquema del sistema acusatorio regulado en esta entidad federativa, es oportuno fijar algunas consideraciones en torno a las etapas procedimentales que deben desarrollarse en ese tipo de juicios. Las etapas que lo componen son: 1.- Etapa preliminar o de investigación; la que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía y de los supervisión periciales bajo la vigilancia judicial del Juez de control. Tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Así, luego de realizar las acciones de investigación, el Ministerio Público podrá formular la imputación, cuando considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial, solicitando al juez la celebración de la audiencia para efectuar ésta, así como solicitar la imposición de medidas cautelares, así como la vinculación del imputado a proceso en la misma audiencia de control de detención; todo ello, al tenor de las directrices definidas en los artículos 218, 219, 272, 273, 274 y 275 del abrogado Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 2.- Etapa intermedia o de preparación de juicio oral; en la que el Juez de control resuelve formas alternativas de terminación del proceso, depura y admite pruebas ofrecidas por los intervinientes, resuelve sobre excepciones procesales y respecto de la apertura del juicio oral. Luego de la conclusión de la investigación, se da inicio a la etapa intermedia, que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral, la cual, presentada la acusación, el juez citará para la celebración de la audiencia intermedia, en la que, antes de finalizarla, se dictará la resolución de apertura de juicio, bajo los lineamientos contenidos en los numerales 297, 298, 307 y 316 de la ley adjetiva penal estatal. 3.- Etapa de juicio; la que tiene a cargo ahora un Juez o tribunal de juicio oral en la que se desahogan pruebas, escuchan alegatos y dictan sentencia definitiva. El juicio es la etapa esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad. En esta etapa, una vez ordenada la apertura de la audiencia del juicio oral y desarrollada ésta, al finalizar la audiencia del juicio oral, cerrado el debate, se deliberará y se emitirá sentencia absolutoria o condenatoria, observando los artículos 317, 325, 353, 371 y 372 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 4.- Recursos o etapa de impugnación; la que apertura la segunda instancia. En este caso, contra las sentencias definitivas deberá interponerse el recurso de casación, al tenor de las reglas procesales previstas en los artículos 418, 420, 422, 424 y 425 de la codificación estatal en cita. 5.- Etapa de ejecución de sentencia; la que asume un Juez de Ejecución de Penas en la que se resuelve sobre la duración, modificación y extinción de las penas. Por tanto, la resolución de doce de junio de dos mil dieciocho dictada dentro del Juicio Oral JO/55/2016, reclamada por el quejoso, en la que se determinó señalar como fecha de inicio de juicio oral las diez horas del diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en el proceso penal acusatorio, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, aunado a que las violaciones cometidas en el mismo, constituyen violaciones procesales que pueden ser combatidas mediante el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio oral, de conformidad con el artículo 173, de la Ley de Amparo. Una vez precisado lo anterior, queda de manifiesto que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, y es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" En este orden de ideas, se insiste que el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impide la posibilidad de que las violaciones procesales que produce como efectos, sean reparadas en la sentencia definitiva que se pronuncie en la carpeta judicial en la que tiene el carácter de acusado, en tanto que la misma resulte favorable a sus intereses pues en tal caso, la afectación que pretende combatir habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En el caso contrario, como ya se precisó, estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes e incluso el juicio de amparo directo. Por lo anterior, al no encuadrarse el acto reclamado en análisis, en ninguno de los supuestos del artículo 107 de la Ley de Amparo, es manifiesto que el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XI.P.12 P, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2632, Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016, con número de registro 2012689, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE." Asimismo, apoya al caso, la jurisprudencia IV.2o.C J/2 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo III, mayo 2014 que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Así como la diversa tesis 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De igual forma, se invoca la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la otrora Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 280, que a la letra dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, del rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tiene por autorizadas para los efectos que indica a las personas y profesionistas propuestos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.YARIGH*

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