Alfredo Islas Hernández

Expediente 929/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
929/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Islas Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese únicamente para que obre en autos los oficios signados por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza y secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, toda vez que en proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó archivar el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, mediante el cual comunica que dicho órgano jurisdiccional, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, quedando registrado como juicio de amparo 1064/2021, con motivo que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado se declaró legalmente incompetente por razón de territorio. Por tanto, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes. Finalmente, vistos el estado de autos se advierte que en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito no aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo 509/2021 promovido por ***, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ordenando su remisión al Juzgado de Distrito en turno en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila; por tanto, mediante oficio con transcripción de este auto comuníquese lo anterior a dicho juzgado, para los efectos legales a hubiere lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelve el exhorto 70/2021, orden 390/2021, remitido con el fin de notificar el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, al quejoso Alfredo Islas Hernández, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", residente en Gómez Palacio, Durango. Notifíquese.

  4. Principal

    agréguese el oficio que remite el secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que acompaña el juicio de amparo 509/2021 de su índice, promovido por ***, por derecho propio, contra actos del subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otra autoridad, por virtud de haberse declarado legalmente incompetente para seguir conociendo del mismo. En la determinación pronunciada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se advierte que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que dio origen a dicho juicio de derechos fundamentales, en virtud de que consideró la orden de traslado que se reclama, por su naturaleza es un acto de tracto sucesivo, de ahí que se materializó con la reclusión del impetrante del amparo en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio, Durango; agregando que debe conocer el Juzgado de Distrito en Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, por ser un acto ejecutado en su totalidad y debe conocer el juez federal que tenga jurisdicción donde guarda reclusión el quejoso. En efecto, el Juez Federal para motivar su determinación precisó que el acto reclamado respecto del cual declina la competencia en su caso, tiene ejecución fuera de la jurisdicción de ese juzgado, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido en el citado centro penitenciario, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de ese órgano federal y en apoyo a sus razonamientos cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido" Sin embargo, en cuanto a la decisión a la que arribó el juez oficiante, en el sentido de declinar la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales a este órgano jurisdiccional, hágase de su conocimiento que NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio. En la especie, el acto reclamado lo constituye el traslado ejecutado de la penitenciaria de la Ciudad de México, al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio, Durango. Luego, se tiene que la competencia para conocer de un juicio de amparo se encuentra contemplada en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulada por el numeral 37 de la Ley de Amparo. Del análisis de estos preceptos, se aprecian tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio; la primera, cuando se debe tomar en consideración que dicho titular ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda hipótesis establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda; y, En la tercera regla, cuando la resolución reclamada en el juicio de derechos fundamentales no requiera ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado el escrito. De igual forma conviene citar el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como la especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, el cual en lo que interesa dispone: ACUERDO PRIMERO.- El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] VIII..- OCTAVO CIRCUITO: Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. [.] XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: Estado de Durango, con excepción de los municipios de General Simón Bolivar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luís del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. SEGUNDO.- Cada uno de los circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito que a continuación se precisan: [.] VIII.- OCTAVO CIRCUITO: 1.- Cinco Tribunales Colegiados Especializados: uno en Materia Civil y del Trabajo y dos en materias Penal y Administrativa, con residencia en Torreón; un Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo y uno en Materias Administrativa y Civil con sede en Saltillo. 2.- Tres Tribunales Unitarios dos con sede en Torreón y uno con sede en Saltillo, Coahuila. 3.- Nueve Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza: dos con residencia en Saltillo, uno con sede en Piedras Negras, dos con residencia en Monclova y cuatro en La Laguna, con sede en Torreón. [...] XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: 1.- Dos Tribunales Colegiados con residencia en Durango. 2.- Un Tribunal Unitario con sede en Durango. 3.-Tres Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre [.]" Establecido lo anterior, no obstante que la orden de traslado se materializó o ejecutó en el municipio de Gómez Palacio, Durango, lugar donde se encuentra recluido el impetrante del amparo; es decir, se actualiza la primer hipótesis contenida en el precepto 37, primer párrafo de la ley de la materia (es competente el juez de distrito donde se ejecutó el acto reclamado); no menos cierto es que, atendiendo al acuerdo general en comento, quien ejerce jurisdicción en dicho municipio, lo son los juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila. En ese contexto, se estima que la competencia se surte a favor del juez de Distrito en la Laguna, en turno con residencia en Torreón, Coahuila, en virtud que éste tiene jurisdicción en el municipio de Gómez Palacio, Durango, que es donde se ubica el centro penitenciario en comento. En consecuencia, devuélvase el citado juicio de amparo 509/2021, al juzgado oficiante a fin de que resuelva lo que estime pertinente. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso Alfredo Islas Hernández, se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", residente en Gómez Palacio, Durango, con apoyo en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2, de la invocada ley reglamentaria, gírese exhorto al Juez de Distrito en Turno en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, tenga a bien comisionar personal de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro reclusorio, y le notifique el presente acuerdo. Notifíquese y mediante exhorto a la parte quejosa.

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