Alfredo Ignacio Herrera Guizar

Expediente 875/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
875/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Ignacio Herrera Guizar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de veintiuno de agosto del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico ******************, de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento del quejoso ********************interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, así como el original del juicio. En la inteligencia que en el expediente únicamente obran las promociones presentadas físicamente y las constancias de notificación conducentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía, así como las notificaciones, por lo que desde este momento queda vinculado el expediente electrónico para su consulta. Finalmente, se hace del conocimiento de la superioridad que desde este momento queda habilitado el expediente electrónico para su consulta. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, la comparecencia del quejoso ***, por medio del cual ratifica el escrito presentado en este juzgado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, y cumple con la prevención realizada en auto de radicación. Desechamiento de la demanda, Al respecto, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata, en atención a lo siguiente. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1º, fracción I y 5º, fracción II de la Ley de Amparo, dispositivos que establecen: En el caso, la parte quejosa reclama la omisión del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima, inscribir el embargo de los bienes inmuebles con folios reales ***, *** y ***, señalados en la diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral ***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Colima; sin embargo, ese acto no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, pues no deriva de una relación jurídica existente entre las partes de supra a subordinación, aunado que carece de unilateralidad y coercitividad. Ello es así, en virtud de que la supuesta omisión que se reclama es una respuesta al requerimiento formulado por la autoridad laboral con el fin de perfeccionar el embargo trabado en el juicio de origen, de modo que no se advierte que el acto destacado tenga las características distintivas de los actos de autoridad, pues, insístase, carece de unilateralidad, coercitividad e imperio que pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte quejosa, por lo que deberá acudir ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima, a hacer valer lo que a su interés convenga. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (10a), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2007580. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487. Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Quejoso cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito aparentemente signado por la parte quejosa, por el cual pretende cumplir con la prevención realizada por auto de radicación. Al respecto, tomando en cuenta que la firma estampada en el escrito de mérito difiere con la del escrito de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a efecto de que ratifique la firma del escrito de cuenta, además en el acto de dicha comparecencia debe dar razón fundada de tal diferencia, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido para tal efecto, no se dará trámite a su ocurso y se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de prevención. Sirve de apoyo la tesis publicada en Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XLVI, página cuatro mil trescientos sesenta y cuatro. Por ello, se le conmina para que en subsecuentes ocasiones asiente su firma de la manera más uniforme posible, es decir, con similitud de signos gráficos, pues, de no ser así, alguna otra persona estaría en posibilidad de presentar escritos a su nombre sin su consentimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dentro del término requerido para ello, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Cobra aplicación la jurisprudencia 3a.24., sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 13-15, Enero-Marzo de 1989, página 52, registro 820052. Ello se determina de esta forma porque la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, acreditándose con ella la autenticidad del documento. Cabe destacar que lo anterior no es obstáculo para que, en su caso, se ordene la práctica de la prueba pericial en grafoscopía, a efecto de determinar el origen de la firma que ha sido referida en párrafos precedentes y, de resultar que no fue estampada del puño y letra de la citada promovente, de oficio, se dará trámite al incidente de falsedad de documento respectivo, en el que se consignarán los hechos ante el Ministerio Público de la Federación, por la probable comisión de los ilícitos que resulten contra la administración de justicia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1234. Notifíquese en términos de ley.

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