Alfredo Herrera Rivas

Expediente 255/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
255/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Herrera Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    III.- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los días establecidos para interponer recurso en contra del proveído de **************; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alfredo Herrera Rivas, por propio derecho, contra los actos y las autoridades responsables que enseguida se precisan: Actos reclamados La omisión del Ministerio Publico de citar a comparecer al quejoso en su calidad de imputado en la carpeta de investigación TOL/TOL/TOL/107/286338/18/12. La negación del Ministerio Público de aceptar rendir entrevista y datos de prueba del quejoso en la carpeta de investigación TOL/TOL/TOL/107/286338/18/12. Autoridades responsables Fiscal General de Justicia del Estado de México; Fiscal Regional de Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Coordinador de Mesas de la Fiscalía General Regional de Toluca; Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Trámite de la Unidad de Investigación "A1" de la Fiscalía Regional de Toluca. Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 255/2021-III y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, después de analizar la demanda de amparo y el escrito aclaratorio en su integridad, este órgano de control constitucional advierte que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente dicho principio, el cual debió respetarse previamente por el accionante del amparo. En efecto, la Constitución Federal, en el artículo 20, apartado C, fracción VII, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los preceptos 109, fracción XXI, y 258, en su contexto establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial las determinaciones u omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos; y, que contra de tales actos, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Por tanto, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las determinaciones u omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación, ante el juez de control a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que sea la autoridad judicial, quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no; cuya finalidad radica en que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación y cuando estime que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, conllevan a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque los actos reclamados se hacen consistir en la omisión del Ministerio Publico de citar a comparecer al quejoso en su calidad de imputado en la carpeta de investigación TOL/TOL/TOL/107/286338/18/12 y la negación del Ministerio Público de aceptar rendir entrevista y datos de prueba del quejoso en la carpeta de investigación TOL/TOL/TOL/107/286338/18/12 y pueden ser impugnados ante el juez de control en observancia al principio de definitividad, a través del medio de defensa innominado que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, el impetrante de amparo cuenta con el derecho fundamental contenido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, del Pacto Federal, en concomitancia con los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar ante autoridad judicial las omisiones de la fiscalía en el desempeño de su labor investigadora de los delitos. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia Penal, Décima Época, con registro 2017641, de título y contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal y personas autorizadas En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indica la impetrante de amparo. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a las personas que menciona el quejoso en su escrito de demanda siempre y cuando cuenten con su registro en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a Omar de Jesús Álvarez Galeana, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese.

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