Alfredo Hernández Moreno
Expediente 1662/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1662/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Alfredo Hernández Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Colima, Colima, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente no se considera de relevancia documental, pues según los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita; la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, el problema jurídico planteado no fue impugnado ante organismos públicos internacionales o se trata de un conflicto laboral colectivo; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. b) Como en el auto dictado, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.
- Principal
Colima, Colima, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Colima, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, y remite copia certificada del laudo dictado en diez de noviembre del año en curso. Ahora bien, vista la constancia remitida se desprende en lo que aquí interesa, que la autoridad oficiante, el diez de noviembre del año en curso, dictó el laudo dentro de los autos del juicio laboral 57/2016, mismo que fue notificado el once del mismo mes y año a la apoderada legal de la parte quejosa. Constancia que cuenta con pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2º de la citada norma, por tratarse de documento público expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de sellos y una firma que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado, gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, "La omisión por parte de la responsable de dictar el laudo que resuelva la controversia planteada ante su jurisdicción, en virtud de que ha trascurrido en demasía el término legal establecido por la norma en comento (Ley Federal del Trabajo), 10 días para la emisión del laudo, puesto que la instrucción quedó cerrada desde el día 27 de abril del año 2016(.)" (Transcripción literal). En esas condiciones, si el diez de noviembre del año en curso, la autoridad responsable dictó el laudo dentro del juicio laboral 57/2016, mismo que fue notificado el once del mismo mes y año a la apoderada legal de la parte quejosa; procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia 2ª./J.59/99, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.NLRV/Emmm*
- Principal
Colima, Colima, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, remite copia certificada de la notificación realizada al quejoso Alfredo Hernández Moreno del laudo de diez de noviembre del año en curso. En consecuencia, tomando en consideración que existe un indicio de una posible causa de sobreseimiento, advertida de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del laudo dictado el diez de noviembre de dos mil dieciséis. Para dar margen a la recepción de las constancias solicitadas, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.NLRV/Emmm*
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LOS TERCEROS INTERSADOS DEL AUTO VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el amparo en revisión 46/2016, en la que revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a los quejosos Hugo Ricardo Rangel Rodríguez y Cristian Rafael Rodríguez Ramos, respecto del acto que reclamaron al Juez Primero de lo Penal de Colima, derivado de la causa penal 614/2014, siendo los efectos de la concesión federal los siguientes: Reiterar los aspectos relativos a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de estupro y aborto, así como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión; y, Con base en las alegaciones en las cuales denunciaron posibles actos de tortura en su contra: Llevara a cabo las diligencias correspondiente para que se practicaran los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenara la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las declaraciones ministeriales de los coinculpados, pues de la respuesta a ello dependería el resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado. Mediante oficio 3459, recibido el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Colima, informó el cumplimiento del fallo protector y remitió copia certificada de la resolución emitida el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 614/2014. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico el auto de formal prisión, reclamado dictado el tres de agosto de dos mil quince en la causa penal 614/2014, y en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar la resolución de tres de agosto de dos mil quince y, emitir una nueva en la que reiteró los aspectos relativos a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de aborto en los términos de autoría y participación, así como la probable responsabilidad de los quejosos Hugo Ricardo Rángel Rodríguez y Cristian Rafael Rodríguez Ramos en su comisión, de igual manera la acreditación del delito de estupro y la probables responsabilidad de Hugo Ricardo Rangel Rodríguez en su comisión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, ordenó mediante proveído veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la práctica de exámenes psicológicos y médicos pertinentes de acuerdo con el Protocolo de Estambul; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
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