Alfredo Hernández Gallegos

Expediente 97/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
97/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Hernández Gallegos
  • ALFREDO HERNÁNDEZ GALLEGOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Aceptación y protesta de cargo Agréguese a los autos el escrito y anexo que remite Claudia Ivonne Dañino López, mediante el cual remite su aceptación y protesta, acompañada de copia de cédula profesional y de la credencial que la acredita como defensora pública. Atendiendo a la situación que actualmente vive el país, derivado de la pandemia de COVID-19, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación han adoptado medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para asegurar la continuidad de las actividades gubernamentales y de impartición de justicia. Al respecto, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdo General 25/2020, en relación con el diverso 7/2022, precisó que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, de modo que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, y se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Tomando dicho contexto social y tecnológico, atendiendo a la reciprocidad institucional y a los principios de celeridad y justicia pronta y expedita, excepcionalmente se tiene por aceptado y protestado el cargo conferido a la citada defensora que se hizo llegar a este órgano vía electrónica, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que menciona en el escrito que se atiende y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que ahí precisa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, de los que se advierte que se devuelve diligenciado el exhorto 16/2021-V, de nuestro índice; sin que sea necesario acusar de recibo por así haberlo manifestado la autoridad exhortada. Ahora, de las constancias que remitió el citado juzgado se advierte que el veintiséis de marzo último, se notificó al quejoso el proveído de dieciocho de marzo pasado, por el cual se desechó la demanda de amparo y se le requirió designara defensor a fin de que lo asista en el presente sumario; en esa tesitura, se tiene por hecha la notificación de mérito para los efectos legales conducentes. Asimismo, visto el estado que guardan los presente autos, se advierte que el término concedido al quejoso para que nombrara abogado que lo represente ha transcurrido sin que realizara manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento hecho en proveído de dieciocho de marzo del año en curso; por lo que se realizaran las gestiones necesarias para que se le designe un defensor de oficio a efecto de que lo represente en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior y al resultar necesario que cuente con asistencia jurídica que la represente ante esta instancia constitucional, al encontrarse privada de su libertad y atento a lo dispuesto por la jurisprudencia 43/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio; además de que, las autoridades responsables en el presente asunto son del fuero común. Por tanto, requiérase a la Defensoría Pública Federal, con el objeto de que en el término de veinticuatro horas legalmente computadas, designe a un defensor público para que asista a *************, en el trámite del presente juicio de amparo; sin perjuicio alguno de que el justiciable pueda revocar a la persona designada y señalar otra diversa que lo asista. Se le informa que atendiendo a la situación que actualmente vive el país, derivado de la pandemia de COVID-19, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación han adoptado medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para asegurar la continuidad de las actividades gubernamentales y de impartición de justicia, por ello, nos encontramos laborando en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, tomando dicho contexto social y tecnológico, atendiendo a la reciprocidad institucional, así como a los principios de celeridad y justicia pronta y expedita, excepcionalmente se está en posibilidad de tener por aceptado y protestado el cargo conferido defensor público que en su caso se designe, por la vía electrónica en el correo 11jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx; empero, para ello es requisito que dicho defensor anexe copia de su cédula profesional y de la credencial que la acredite como miembro de la institución correspondiente. Remítase copia simple del escrito inicial de demanda, a fin de que se tome de conocimiento los actos que se combaten en el presente juicio, así como a qué autoridades responsables les atribuye los mismos. Apercibimiento Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, se harán acreedores a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Exhorto Toda vez que el justiciable se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número catorce "CPS Durango", el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en la Laguna en el Estado de Torreón, con residencia en Coahuila de Zaragoza, en turno, para que, en auxilio de este juzgado, con copia del presente auto notifique al quejoso ***************, este proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Se faculta al juez exhortado, para que por su mandato ordene a quien corresponda, realizar las diligencias necesarias para realizar la encomienda de mérito, aún en días y horas inhábiles. A fin de dar celeridad en la tramitación del presente asunto, remítase el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y solicítese a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la misma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa vía exhorto.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *********, en representación de ********, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, regístrese con el número de juicio 97/2021-V y genérese expediente electrónico e impreso. Consideración previa. No pasa desapercibido que la promovente pretende instar el presente juicio en representación del directo quejoso; sin embargo del estudio integral del escrito inicial de cuenta no se advierte imposibilidad alguna para que el justiciable promueva por propio derecho la misma; por tanto, al encontrarse firmada por la promovente en representación del amparista, la voluntad que prevalece es la de ********, no así la de ********. Desechamiento Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo , en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna , y con el diverso numeral 6º., de la ley de la materia . Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, como se advierte de la certificación de cuenta, el escrito de demanda carece de firma autógrafa del directo quejoso ********; por tanto, no contiene la voluntad de éste en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma autógrafa no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Por tanto, la firma no pertenece a la del directo quejoso; de ahí, se advierte que el documento no ha sido firmado por el agraviado y lo que así prevalece, es la voluntad de la promovente por encima de la del directo quejoso. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues si bien en la especie se reclama el traslado ejecutado del directo quejoso, ni aun con un grado de razonabilidad se podría advertir que se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, tomando en cuenta que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro; asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En ese tenor, el traslado urgente o excepcional, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en el artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control del Juez de Ejecución, luego de ejecutada la medida. Por lo anterior, el traslado previsto en el referido artículo 52, no se materializa como una violación indirecta a la libertad personal fuera de procedimiento; ya que cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa su excepcionalidad y la obligación de la autoridad administrativa para notificar, dentro de un plazo determinado, la decisión de traslado a un Juez con el fin de que se efectúe un control sobre su legalidad. Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Requerimiento a la parte quejosa Por otra parte, se advierte que el quejoso se encuentra privado de la libertad y no cuenta con asistencia jurídica; por lo que, a efecto de garantizar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se le requiere para que al momento de la diligencia o dentro los tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, nombre a un abogado que lo represente en el trámite del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso o de no nombrar alguno, este juzgador de manera oficiosa designará a un defensor público, para que lo asista en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Exhorto Atento a que del escrito que se atiende se desprende que el justiciable se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número catorce "CPS Durango", el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en la Laguna en el Estado de Torreón, con residencia en Coahuila, en turno, para que, en auxilio de este juzgado, con copia del presente proveído notifique al quejoso ********, este proveído así como el requerimiento realizado en líneas precedentes, para los efectos legales que haya lugar. Se faculta al juez exhortado, para que por su mandato ordene a quien corresponda, realizar las diligencias necesarias para realizar la encomienda de mérito, aún en días y horas inhábiles. A fin de dar celeridad en la tramitación del presente asunto, remítase el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y solicítese a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la misma. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese vía exhorto

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