Alfredo Gutiérrez Romo

Expediente 3066/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3066/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Gutiérrez Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTO ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA... EXPÍDANSELE LAS COPIAS QUE SOLICITA...

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el escrito firmado por Sonia Edith Espinoza Arroyo autorizada de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 9) y, en atención a su contenido, indíquesele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, en razón de que el numeral en cita, establece que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultado para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de su autorizante; sin embargo, la ocursante no acreditó tal extremo en virtud de que no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se desprende de la certificación secretarial de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por lo que se le reconoció la calidad de autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones.. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la Secretaria Judicial Alondra Betania Loza Aguilar, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/ABLA/mrvl

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley en cita, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia dictada el siete de enero de dos mil diecinueve, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el Secretario Judicial Kavdxary Youdvary González Macedo, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/KYGM/mrvl

  4. Principal

    PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, Alfredo Gutiérrez Romo, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la entidad y por el acto que se precisará en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite; se pidió a la autoridad responsable informe justificado; dada la naturaleza del acto reclamado, no se reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició hoy, siete de enero de dos mil diecinueve y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Designación de secretario encargado del despacho. Mediante oficio CCJ/ST/6865/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó al Juez de Distrito, licenciado Luis Armando Pérez Topete, que en sesión de la referida data, la aludida Comisión autorizó su periodo vacacional correspondiente al segundo semestre de dos mil dieciocho, asimismo, autorizó para quedar encargado del despacho al licenciado Guillermo Aguirre Castañeda. Por tanto, el suscrito secretario encargado del despacho, se encuentra autorizado para dictar la presente resolución. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de la novena época, con número de registro 161460, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, del siguiente rubro y texto: SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso decir, no lo que en apariencia expresó, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado es: Al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Jalisco: La suspensión o retención del monto de la pensión por cesantía en edad avanzada del promovente otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Jalisco, no obstante que al rendir informe justificado hubiera externado: ". NO ES CIERTO, el acto reclamado por la parte quejosa."; sin embargo, con posterioridad reconoció la existencia del mismo, de la siguiente manera: ".Lo anterior resulta falso, toda vez que la suspensión del pago de la pensión que venía percibiendo el quejoso, de ninguna manera debe ser considerada como violatoria a las garantías constitucionales del quejoso, ya que la misma obedece a una detención de irregularidad en la cuantificación de semanas cotizadas."; de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado (fojas 17 a 28). Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, se actualiza la causal contenida en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, así como con el 103, fracción I, Constitucional. Dispositivos legales que prevén: Del enlace de los artículos transcritos se colige que la procedencia de la acción constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad; entendiéndose como tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. No obstante, esa enunciación de los actos que puede realizar una autoridad atinente a la acción constitucional, no dan la pauta para definir conceptualmente lo que debe entenderse como tal; por ende, debe atenderse a las directrices históricas que al respecto ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer término, al resolver la contradicción de tesis 116/2005 originaria de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, número de registro 177279, de rubroconsideró: I) Como notas distintivas de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere: La existencia de un ente de hecho o de derecho que tenga una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga nacimiento en la ley, dotándolo de facultades administrativas de ejercicio irrenunciable. Emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas afectando la esfera legal del particular. Que para ello no requiere acudir ante órganos judiciales ni el conceso de la voluntad del afectado. II) Que las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 4° de la Ley respectiva), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, sí constituye autoridad para efectos del juicio de garantías cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque pensiones (siempre y cuando colme principio de definitividad); toda vez, que tal determinación afecta en forma unilateral la esfera del particular sin necesidad de obtener el consenso de este último o acudir ante un tribunal judicial. En segundo término, al fallar la contradicción de tesis 57/2009, generadora de la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, número de registro 165782, de rubroestimó: III) Como autoridad para efectos de la acción constitucional, a quien la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les fueron legalmente atribuidas, constituyendo una potestad administrativa y de ejercicio irrenunciable, pues el gobernante impone su voluntad de manera unilateral, imperativa, coercitiva y exigible a través de la fuerza pública u otra autoridad. IV) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 5° de la Ley correspondiente), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, tiene reconocido un doble carácter: Como organismo fiscal autónomo, cuando determine y recaude las cuotas obrero patronales, hipótesis en la que actúa como autoridad con atributos legales. Como ente asegurador, al sustituir al patrón como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico mediante el que se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o dinero, al asegurado o sus beneficiarios; caso, en el que se encuentra en un plano de igualdad. V) Por lo que a fin de dilucidar si el aludido Instituto es o no autoridad para efectos del procedimiento de garantías cuando se reclame la omisión de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición previsto por el artículo 8° Constitucional, se atendería al caso particular; resultando, que procedía la acción únicamente cuando se impugnara su descuido como organismo fiscal autónomo, no así cuando lo fuera como ente asegurador, pues en este último supuesto se reclamarían prestaciones de seguridad social respecto de las cuales resulta competencia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En un tercer momento, al dirimir la contradicción de tesis 129/2011, creadora de la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, número de registro 160995, de rubroseñaló VI) Retomó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contaba con un doble carácter, como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador. En relación al primero, las controversias que se susciten serán dirimidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa); en tanto que respecto del segundo, lo será por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. VII) La relación jurídica entre el multualudido Instituto con sus asegurados y sus beneficiarios, no lo es como organismo fiscal autónomo, por lo que ante ellos no actúa con potestad de autoridad; toda vez, que no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como lo sería el otorgamiento de cualquier pensión. Esto es, si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de prestaciones que le sean solicitadas, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación) y al resolver únicamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. VIII) Por lo que, el señalado Instituto no era autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclamen como un ente asegurador prestaciones de seguridad social. Sin que pasara desapercibida la jurisprudencia P./J. 1/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190365, de rubropues, en el particular se dilucidaba sobre una controversia entre los asegurados o sus beneficiarios con el referido Instituto sobre las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorgaba, en tanto, que en aquélla contradicción se estudió la diversa acción civil de pago buscando la restitución del numerario erogado con motivo a la omisión del Instituto de proveer total o deficientemente servicios médicos u hospitalarios. Por último, al emitir la resolución de la contradicción de tesis 341/2015 causante de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), número de registro 2011948, de rubro concluyó IX) Retomar el análisis de las notas distintitas de los actos de autoridades para efectos de la acción de garantías, de conformidad a la Ley Reglamentaria vigente; considerando como tal: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. Que emita actos jurídicos derivado de sus facultades conferidas legalmente u omita hacerlos. Cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. X) Que en relación a los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debía traerse a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión número 772/2015, en el sentido: - Que era cierto que el indicado Instituto como ente asegurador y al someterse a la jurisdicción laboral, actuaba en igualdad como todo particular, y que en esos casos, el juicio de amparo no podría substituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. - Sin embargo, existían casos excepcionales para la procedencia inmediata de la acción constitucional intentada por un asegurado o beneficiario contra un acto del señalado Instituto como ente asegurador, tal y como lo serían determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social previstas legalmente, pues de manera unilateral, vinculante y no en un plano de igualdad, prevalecen hasta que se dicta laudo o resolución que las invalide en el juicio o medio de defensa procedente; ello, sin la necesidad de que medie la jurisdicción ordinaria. Primero, porque el señalado Instituto prestaba un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social; siendo, que en el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en la ley y que para su efectividad, aquéllos se encuentran en una relación asimétrica (desigual) con dicho Instituto. Segundo, porque en la prestación de ese servicio público, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o en su caso, una omisión que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas; tal y como acontecía con la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez. XI) Por lo que concluyó, que si bien el indicado Instituto de conformidad a la legislación que lo rige se encontraba facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de alguna prestación de seguridad social, por el cual crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas a los asegurados o sus beneficiarios; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que cuando se le reclamara la omisión de respuesta a una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto pues en ese caso resultaba necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita respuesta. Bajo el entendido, de que sería improcedente la ampliación de demanda de garantías; ya que, una vez que el asegurado y/o beneficiario conociera la respuesta a su petición y de estimar que no satisface su interés, debía acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social. Relación histórica de directrices, de la que se puede concluir que las características de un acto de autoridad, para los efectos de la acción constitucional, son las siguientes: a. Que tenga calidad de órgano público. b. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. c. Que emita o realice actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, afectando a los gobernados. Congruente con lo razonado, cuando se está en presencia de un se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del análisis del caso específico que se presente, para lo cual se deberá analizar, cuando menos: I. El origen material y la finalidad del acto respectivo. II. El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación). III. El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: ? Las relaciones de coordinación, mismas que se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. ? Las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. ? Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra al órgano del Estado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con su ejecución, o bien por ambas. Lo anterior, en un plano de supra a subordinación; es decir, los particulares como gobernados y el Estado investido con su imperio. Tiene aplicación la tesis: cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". (Época: Novena Época, Registro: 199459, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Tesis: P. XXVII/97, Página: 118). Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como excepción a la regla general antes indicada, estimando la procedencia de la acción constitucional contra actos realizados por particulares cuando éstos actúan por mandato expreso de la ley; tal y como se sostiene en la Jurisprudencia con número de registro 232151, de rubroComo consecuencia de lo anteriormente considerado, se concluye que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constituyen instituciones que guardan identidad en cuanto a su naturaleza y a las obligaciones que tienen frente a sus beneficiarios. Primero, porque todos pertenecen a la administración pública, y segundo, en razón de que son los encargados de otorgar a la clase obrera y sus beneficiarios, en sustitución del patrón, prestaciones en servicios, especie o dinero. Como se anticipó, el promovente reprocha la suspensión o retención del monto de la pensión por cesantía en edad avanzada otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, el acto reclamado que al tener su origen en la relación laboral que sostuvo la parte quejosa como empleado de su patrón, no constituye un acto emitido por autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de una relación de coordinación; toda vez que tanto la indicada parte garantista como la señalada como responsable guardan un plano de igualdad, pues se pretende impugnar la retención a su pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Respecto de la cual, el legislador ha considerado que los conflictos individuales o colectivos que se susciten, corresponden al ámbito competencial de la autoridad del fuero común respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República. Resultan aplicables las jurisprudencias: (Época: Novena Época. Registro: 164027. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010. Materia(s): Administrativa. Tesis: VIII.2o.P.A. J/32. Página: (Época: Décima Época, Registro: 2011948, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 66/2016 (10a.), Página: 898). Sin que sea óbice a lo anterior el hecho que el artículo 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, admita la procedencia del juicio constitucional contra actos realizados por particulares; toda vez que tal prerrogativa no es absoluta, pues únicamente lo permite cuando se realizan actos equivalentes a los de una autoridad. Sin embargo, el caso particular no se ubica en el supuesto de excepción, ya que como se consideró, el acto reclamado al referido instituto no es equivalente al de una autoridad al no tener como origen una relación de supra a subordinación, sino una de coordinación; toda vez que carece de imperio. No se inadvierte el contenido de la tesis jurisprudencia de rubro , toda vez que del contenido de la ejecutoria en cita se desprende que se refiere al caso especial en que los descuentos derivan de un crédito hipotecario para la adquisición de vivienda celebrado con el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en razón de que esa facultad deriva directamente de la legislación respectiva, lo que otorga a dicho acto la facultad de imperio, al convertirlo en un acto de supra a subordinación, supuesto fáctico que difiere al del analizado en este juicio. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo indirecto; lo anterior, con fundamento en los artículos 63, fracción V, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción I, todos de la Ley de la Materia, así como con el 103, fracción I, Constitucional. En tales condiciones, el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, por lo que resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 62, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alfredo Gutiérrez Romo.

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