Alfredo Gutiérrez Alcántar
Expediente 1220/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfredo Gutiérrez Alcántar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, siendo las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, (foja 61 vuelta), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo V-1220/2019, promovido por Alfredo Gutiérrez Alcantar, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades, consistentes en: La orden de aprehensión, localización, presentación, comparecencia, detención y su ejecución. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia de la secretaria licenciada Cristina García Maya, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la secretaria hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados: La demanda de amparo (fojas 2 a 9); Auto admisorio de cuatro de noviembre del año en curso (fojas 10 a 13); Proveído de veintidós de noviembre pasado en el que se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables señaladas como: o "Departamento y/o Sección de Aprehensiones, Dependiente de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia"; y, o "Comandante de la Policía Ministerial Investigadora, con residencia en Morelia". Proveído de veintiséis de noviembre del año en curso en el que se tuvo por inexistente a la autoridad responsable señalada como: o "Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Autoridad y Oral de la Región de La Piedad, Michoacán"; y, Pedimento ministerial de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 58 y 59). Asimismo hace una relación de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables a través del siguiente cuadro: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MORELIA. 48 NIEGA 2. JUECES DE CONTROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA. 23 NIEGA 3. JUECES DE CONTROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN ZAMORA. 36 NIEGA 4. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. 19 NIEGA 5. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACAPU, MICHOACÁN. 22 NIEGA 6. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 30 NIEGA 7. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL MÓDULO I DE LA CIUDAD DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 34 NIEGA 8. COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. 47 NIEGA 9. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA, CON RESIDENCIA EN PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 28 NIEGA En otro orden de ideas, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II de la ciudad de Puruándiro, Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificado para ello tal y como se advierte del acuse de recibo del oficio 22404 (foja 56). En proveído de veintidós y veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 50 y 51), se tuvo por no señaladas como autoridades responsables al Departamento y/o Sección de Aprehensiones, Dependiente de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Comandante de la Policía Ministerial Investigadora, con residencia en Morelia y Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Autoridad y Oral de la Región de La Piedad, Michoacán, en virtud de su inexistencia. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterados los proveídos mediante los cuales se tuvo a las autoridades responsables rindiendo informe justificado, así como en los que se declararon inexistentes las restantes autoridades señaladas como responsables; sin que sea necesario hacer relación de ellas en la resolución que se dicte al haber quedado excluidas de la litis constitucional y por lo que ve a la autoridad omisa en rendir su informe justificado, se proveerá lo que en derecho proceda al momento de resolver este asunto. Acto continuo, el Juez, declara abierto el período de PRUEBAS, en el que la secretaria hace constar que no fueron ofrecidas por ninguna de las partes. El Juez acuerda: Téngase a las partes por perdiendo su derecho a exhibir medios de convicción, y como no se ofrecieron pruebas que deban relacionarse ni desahogarse, se cierra dicha etapa. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita presentó pedimento. A lo que el Juez acuerda: Téngasele a la Agente del Ministerio Público adscrita formulando alegatos y por perdido el derecho de las demás partes para ello, dada su omisión, por lo que se cierra esta fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto V-1220/2019, promovido por Alfredo Gutiérrez Alcantar; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Alfredo Gutiérrez Alcantar demandó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos consistentes en la orden de aprehensión, localización, presentación, comparecencia, detención y su ejecución, del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, y otras autoridades. Por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el que la admitió a trámite mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve , se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que los actos reclamados inciden en la libertad personal del quejoso y se atribuyen a autoridades que radican dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por las autoridades responsables, se advierte que los actos reclamados por esta vía constitucional, consisten en: La orden de aprehensión, localización, presentación, comparecencia, detención y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades que a continuación se precisan, negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MORELIA. 48 NIEGA 2. JUECES DE CONTROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN MORELIA. 23 NIEGA 3. JUECES DE CONTROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN ZAMORA. 36 NIEGA 4. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PIEDAD, MICHOACÁN. 19 NIEGA 5. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACAPU, MICHOACÁN. 22 NIEGA 6. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 30 NIEGA 7. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL MÓDULO I DE LA CIUDAD DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 34 NIEGA 8. COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. 47 NIEGA 9. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA, CON RESIDENCIA EN PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. 28 NIEGA Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Presunción de existencia del acto reclamado. Cabe señalar que la autoridad responsable "Agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II de la ciudad de Puruándiro, Michoacán", omitió rendir su informe justificado a pesar de haber sido notificada (foja 56); por tanto, se presume su existencia conforme el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis II.1o.P.35 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, registro 187512, página 1363, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, ninguna de las partes manifestó la existencia de causales de improcedencia, ni se advierte, de oficio, que se actualice alguna de ellas. Por tal motivo, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". SEXTO. Estudio de fondo. En el caso concreto, tenemos que el quejoso aduce que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II de la ciudad de Puruándiro, Michoacán, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los dispositivos 1, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, como ya se dejó asentado en el considerando cuarto de esta sentencia el Agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II de la ciudad de Puruándiro, Michoacán, fue omiso en rendir el informe justificado; por cuyo motivo se tuvo por presuntivamente ciertos los actos que a él se atribuyó. No obstante lo anterior, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso Alfredo Gutiérrez Alcantar, dado que, de una correcta interpretación de la segunda parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe estimarse que la presunción de certeza del acto reclamado, no implica la inconstitucionalidad del mismo y, por lo tanto, corresponde a la parte quejosa la demostración de este último aspecto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación que impone el artículo 75 de la Ley de Amparo pugne con lo dispuesto por el referido numeral 117, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando las autoridades en su informe justificado reconocen la existencia del acto sosteniendo su legalidad, que es una hipótesis diversa a la presunción de certeza que cobra vigencia ante la falta de informe, en cuyo caso corresponde al agraviado la carga de la prueba cuando el acto reclamado no es violatorio de los derechos humanos en sí mismo, como acontece en el presente asunto. Por lo que en la especie no se aportaron por parte del quejoso prueba alguna tendente a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados a la referida autoridad; sin que este órgano jurisdiccional esté obligado, por las razones apuntadas, a recabar oficiosamente constancias para analizar la constitucionalidad de los mismos, sino que es a la parte quejosa a quien corresponde la carga probatoria de ese hecho, pues, como se ha dicho, el numeral 75 de la ley de la materia establece esa exigencia siempre y cuando se encuentre en el supuesto de que la autoridad responsable hubiera manifestado expresamente la certeza del acto reclamado, pero que hubiese omitido adjuntar las constancias que deben ser materia de análisis de la resolución que se pronuncie en el juicio de amparo. Por ello, se insiste, no se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, dado que la autoridad omisa no reconoció la existencia de los actos, de ahí que la presunción de certeza obliga al quejoso a demostrar la ilegalidad de éstos, ya que los mismos no son inconstitucionales en sí mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". De ahí que ante la falta de pruebas, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Alfredo Gutiérrez Alcantar, al no estar este órgano jurisdiccional en condiciones de establecer que los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable denominada Agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II de la ciudad de Puruándiro, Michoacán, sean inconstitucionales en sí mismos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alfredo Gutiérrez Alcantar, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfredo Gutiérrez Alcantar, por las razones precisadas en el considerando sexto de esta determinación.
- Principal
Manifestaciones del quejoso. Visto el escrito que suscribe el quejoso Alfredo Gutiérrez Alcantar, por el cual solicita se le requiera a la autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II, de la Ciudad de Puruándiro, Michoacán, rinda su informe justificado, se hace de su conocimiento que dicho informe le fue requerido por oficio 22440, como se advierte del acuse que obra en autos. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que el veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve (foja 49), se recibió el último informe justificado de las responsables, por lo que, se encuentra trascurriendo el plazo dado a las partes para imponerse de éste, esto es, del veintiséis de noviembre al cinco de diciembre del presente año, en virtud a que la notificación data del veintidós de noviembre del año en curso (foja 49 reverso). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. En consecuencia, a fin de que no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el pedimento 565/2019, de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la ley en aplicación, téngansele formulando alegatos, sin perjuicio de tomarlos en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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