Alfredo Guadalupe Peña Rivera

Expediente 820/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
820/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Guadalupe Peña Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida, según, por *******, en contra de actos de las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social número 12, "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato y otras. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 107, fracción I, Constitucional, 6° y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite concluir que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que alguien lo promueva, esto es, el ejercicio de la acción constitucional por quien perjudica el acto, es un presupuesto indispensable para que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 de la de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la citada ley y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En el caso, quien según pretende acudir en demanda de amparo es *******. Sin embargo, no es posible acceder a la pretensión de quien promueve, porque la demanda carece de firma autógrafa, por lo que se incumple con lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por ser una formalidad esencial que denota la voluntad de quien pretende dar noticia de un hecho supuestamente violatorio de derechos humanos. Ello es así, en razón a que la firma que la calza se trata de una copia simple, lo que en realidad genera que ese documento carezca de firma autógrafa, y por ende, de la expresión de voluntad pertinente. Por lo que si el juicio de amparo se sigue siempre por quien causa agravio el acto tildado de inconstitucional a través de la manifestación de su voluntad, lo que en el caso no sucede, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, por lo que conforme con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la citada ley, procede desecharla de plano.

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