Alfredo Grossman Latofki

Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
776/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Alfredo Grossman Latofki
  • ALFREDO GROSSMAN LATOFKI y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que, mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye a la secretaria judicial encargada del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 211/2021, signado por la Secretaría del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 51/2021 (con número de orden 194/2021), que fue girado para notificar a la moral quejosa ***** el proveído de veintiséis de julio del año en curso. Por tanto, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y dése de baja en la estadística. Sin necesidad de acusar de recibo respecto del comunicado de cuenta, lo anterior en razón que al haber sido remitido a través del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el mismo generó el acuse correspondiente. Por otra parte, del contenido del exhorto de cuenta, se desprende la razón asentada por actuario judicial adscrito al Juzgado exhortante, por medio del cual manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal encomendada por las razones que expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    COMO ESTÁ ORDENADO EN AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. I. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido oficio 6354 y anexo, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al que se anexa el original del juicio de amparo 642/2021 de su índice y ocho copias de la demanda de garantías, promovido por ***** toda vez que el citado juzgado declinó competencia por razón de territorio a favor de este Juzgado. En consecuencia, fórmese expediente impreso y electrónico; y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 776/2021, acúsese recibo de estilo. Ahora, del oficio de cuenta se tiene al Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, informando que dicho órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por cuestión de territorio para conocer del juicio de amparo 642/2021 de su índice, promovido por ***** contra actos del Gobernador del Estado de Oaxaca, y otra autoridad, a quienes reclama la falta de respuesta a la solicitud que se hiciera de manera fundada y motivada presentada por escrito de data dos de febrero del año en curso y la falta de pago de la cantidad de **** Lo anterior, en virtud que estima que el acto reclamado tendrá ejecución en el Distrito Judicial de Oaxaca, virtud a que el pago de la cantidad a que alude tiene ejecución en el mismo, por lo que se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que se deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. II. SE ACEPTA COMPETENCIA. En tales condiciones, una vez analizada la demanda de amparo, así como las consideraciones del Juez oficiante, éste Juzgado de Distrito comparte las razones expuestas del Juzgado declinante y por ende se acepta la competencia declinada, de ahí que avoquese al conocimiento del presente asunto. III. PRECISIÓN DE ACTOS. Ahora bien, en el caso, conviene realizar la precisión de los actos que por esta vía se reclaman, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así como, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En atención a lo anterior, de los argumentos y la causa de pedir de la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados y agravios que estriban en: Del Gobernador, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Pesca y Acuacultura, Secretaría de Finanzas, dirección de Operaciones Regionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Acuacultura, todas del Estado de Oaxaca: A) La falta de respuesta de la solicitud que se hiciera el dos de febrero de dos mil veintiuno. De la Secretaría de Finanzas, dirección de Operaciones Regionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Acuacultura, todas del Estado de Oaxaca. A) La falta de pago de la cantidad de ***** IV. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura a la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, Mayo de 1998, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso, se considera que respecto de los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación al numeral 1° y 5°, fracción II, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, que dispone, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (.)". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De lo anterior se aprecia que el artículo transcrito en primer lugar, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo numeral establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a PRAL. 776/2021. MESA VIII-A través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios, que pueden ser corroborados de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 1089 de la Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, de registro 161133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Igualmente, cabe destacar que la Ley de Amparo mantiene, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión novedosa, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Así es, en principio, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que equivale en la Ley de Amparo vigente, a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). De igual forma, el criterio jurisprudencial contempla que esa relación tenga nacimiento en la ley, lo que equivale en la ley vigente, a que sus funciones estén determinadas por una norma general. De igual forma, para concebir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación de que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan a las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. De ahí que, los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Sobre el particular, es oportuno citar la tesis aislada P. XXVII/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En el caso, cabe recordar, que del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que en esencia el acto de que se duele la parte quejosa, consiste en la falta de pago de la cantidad de ****, derivado de un acto comercial entre las autoridades responsables y la parte quejosa; así como, la falta de respuesta a la solicitud realizada el dos de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se solicita el pago referido. Al respecto, se estima que respecto de los actos reclamados en estudio, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por considerar que en el caso concreto a las autoridades señaladas como responsable no les reviste ese carácter para efectos del juicio de amparo, pues no actúan con potestad de imperio en los actos reclamados, sino que, su vínculo se estima es una relación de naturaleza civil surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre aquéllos como contratantes y la persona que garantizó un servicio material, como se expone. Esto es así, puesto que, de los antecedentes de los actos reclamados, se aprecia que la relación existente entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación voluntaria, que tiene origen de la invitación realizada por las autoridades señaladas como responsables, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca y Acuacultura, a participar como proveedores de ganado de registro. Lo cual, aceptó la parte promovente, ante lo cual trasladaron diversos ejemplares y fueron entregados en las instalaciones de la feria de regional de Loma Bonita, Oaxaca, entregando -la parte promoventela documentación, hato libre y registros correspondientes de los semovientes para que fueran entregados a los productores ganaderos de la entidad, y recibiendo los contra recibos correspondientes así como el oficio para que se procediera a su pago; lo cual no ha acontecido a la presentación de la demanda de amparo. Por lo cual, aduce que el dos de febrero de dos mil veintiuno solicitaron dicho pago. De ahí que se advierta que los actos reclamados derivan de la aceptación de una invitación para mostrar los ejemplares de sementales de ganado bovino, caprino y ovino, con la finalidad de mejorar la productividad y competitividad de sus hatos, en el lugar que coordinaron las potestades señaladas como responsables. Además, que la falta de respuesta que reclaman se encuentra relacionada con la falta de pago de la deuda que causo dicha invitación y entrega del ganado. Sin embargo, en el presente se estima que dichos actos, no reúne el carácter de un acto de autoridad, ya que aquéllos no tienen su origen en una relación de supra a subordinación ni su ejecución proviene de la facultad cuyo origen sea una norma general, sino que, conforme a lo vertido en la demanda de amparo, emana de la coordinación de la parte promovente con las potestades señaladas, para mostrar sus ejemplares en determinado sitió, realizando los trámites correspondientes con las mismas para dicho fin; por lo que incluso, puede considerarse se encuentran en un plano de igualdad, como en una relación contractual, por ende el acto reclamado, se estima, carecen de impero y coerción. Además, el hecho de que no sea contestado e escrito enviado a las autoridades señaladas, también se estima no cumple dichas características, puesto que el mismo se encuentra dirigido con la finalidad de llegar o solucionar la falta de pago, es decir, no se encuentra dirigido a solicitar que solucione algún acto que haya dictado en forma unilateral y obligatoria dirigido a la parte promovente, o dirigida ante la afectación de derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, tampoco se encuentra dirigida a alguna de las funciones de las potestades que se encuentre determinada en una norma general que le confiera la atribución para actuar como autoridad del Estado; sino que, insístase la misma se encuentra dirigida con la finalidad de que se llegue a un arreglo de la falta de pago de un servicio que dotó la parte promovente. Por tanto, en el caso en específico, se estima que las autoridades señaladas no ejercen facultades decisorias a nombre del Estado, ni los actos reclamados están determinados por una norma general, que le excluya del imperativo, como particular, previsto en el artículo 17 constitucional de acudir a los órganos judiciales. Por todo lo anterior, en el caso en estudio se estima que las autoridades señaladas como responsables, no tiene dicha calidad para efectos del juicio de amparo, en razón de que en los actos que reclaman no actúa con imperio, al no derivar de una relación de supra a subordinación, sino en un plano de coordinación, en el que ambas partes de común acuerdo y en un plano de igualdad, deciden en pactar o no derechos y obligaciones recíprocos derivados de la prestación de servicio que otorgó la parte promovente a las potestades. Por lo que la intervención de las autoridades, no se encuentra revestida de imperio frente al particular, y el acto carece de las características de unilateralidad e imperio propias de un acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1º, fracción I y 5º fracción II, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, respecto del primer acto de aplicación de la norma. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 2001071, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior es así, pues la citada jurisprudencia, con motivo de la solicitud de sustitución 9/2015, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue declarara procedente pero infundada, tuvo como consecuencia que se aclarara el rubro de la jurisprudencia en cita. De ahí que, dicha tesis se localiza con los mismos datos de identificación que la antes citada, hecha excepción de su registro (2011888), y su rubro quedó como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". En este contexto, es válido establecer que el contenido del criterio jurisprudencial en cita no es obstáculo alguno para que subsista el sentido adoptado en la presente determinación, pues el acto reclamado no versa sobre el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica Por tanto, insístase se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Gobernador del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación, pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). V. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." VII. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del directo quejoso el que indica, toda vez que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2° y el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado y de no tener inconveniente legal alguno, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio señalado por el quejoso -***** y, notifique el contenido de este acuerdo; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Oaxaca, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; debiendo asentar expresamente lo anterior, y a la brevedad, remita las constancias correspondientes. Además, con fundamento en los artículos 282 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al titular del juzgado requerido para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentar las actuaciones que aquí se le solicitan, entre ellas acordar promociones, girar oficios, así como imponer sanciones; asimismo, una vez diligenciado el exhorto, deberá devolverlo en un término de cinco días, acorde con el segundo de los artículos mencionados. En la inteligencia que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por tanto, se habilita al actuario judicial de la adscripción, a fin que envíe la comunicación oficial que derive del presente mediante fax, correo electrónico o mensajería acelerada a su destino. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito En atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. VII. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. IX. GRATITUD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario (a) judicial para que firme los oficios correspondientes.

  4. Principal

    ...se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida...Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

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