Alfredo Goytia Dorantes

Expediente 230/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Cd.
  • Alfredo Goytia Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no realizaron manifestaciones en relación a lo informado por la autoridad responsable en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro del término concedido para tal efecto; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis con relación a si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. En la ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección de la justicia federal para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: Dictara el laudo correspondiente en autos del juicio laboral 665/2013. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del laudo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 665/2013. Documentales a las cuales se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con la documental antes señalada, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó personalmente a la parte quejosa el diez de febrero de dos mil veintidós, mediante comparecencia de su autorizado Carlos Presteguí Martínez y a los terceros interesados por oficios recibidos el catorce y quine de febrero de dos mil veintidós, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que en autos del juicio laboral 665/2013, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictó el laudo correspondiente; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en el cumplimiento y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido se le tiene revocando el domicilio proporcionado con anterioridad, señalando como su nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en su escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 665/2013; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio y anexos, dese vista y córrase traslado a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Dicte el laudo correspondiente en autos del juicio laboral 665/2013. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Se apercibe a Miriam Cortés Cisneros ,Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

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