Alfredo Gonzalo Pérez Meneses
Expediente 878/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alfredo Gonzalo Pérez Meneses
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
En la Ciudad de México, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, XXXXXXXXX, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido por el Secretario XXXXXXXXX, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 878/2021-III, promovido por Alfredo Gonzalo Pérez Meneses. Acto seguido, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con las constancias más relevantes que obran en autos, entre las cuales se encuentran: la demanda de garantías y escrito aclaratorio; auto admisorio de veinticuatro de enero de dos mil veintidós; constancias de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable, Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México, e informe justificado de ésta. Cabe señalar que en el presente juicio no se reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna, dada la naturaleza del acto reclamado. Enseguida, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el período probatorio y se da cuenta con las constancias remitidas por la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México, consistentes en copia certificada digitalizada de los siguientes documentos: 1. Inventario de transferencia documental; 2. Dictamen de no utilidad número cuarenta y uno; y 3. Acta administrativa de dos de septiembre de dos mil once. Asimismo, se da cuenta con las pruebas exhibidas por el quejoso con su escrito de demanda, consistentes en: 1. Copia fotostática simple de un escrito de nueve de agosto de dos mil veintiuno; 2. Copia fotostática simple de una "solicitud de expedientes a vista"; 3. Copia fotostática simple de un oficio de veintiséis de enero de dos mil once, del Juez Quincuagésimo de lo Civil de la esta ciudad; 4. Copa fotostática simple de un comprobante de pago de servicio, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; 5. Copia fotostática simple de una "solicitud para consulta de microfilm e inventarios y Boletín Judicial", de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; 6. Copia fotostática simple de un documento que contiene la leyenda: "Documentos - - - E-1475/10 - - - Orden: 8 - - - una bolsa - - - Fecha 14/Jul/10"; 7. Copia fotostática simple de una "solicitud para consulta de microfilm e inventarios y Boletín Judicial", de primero de septiembre de dos mil veintiuno; 8. Copia fotostática de un documento que contiene la leyenda: "Folio 4200866 - - - Fojas 238 - - - Fecha 29 septiembre 2009 - - - Devolución-Destrucción"; 9. Copia fotostática simple del oficio número 4105, de doce de octubre de dos mil veintiuno, de la Directora del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México; y 10. Copia fotostática simple de un escrito de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dirigido a la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México. De igual forma, se hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El Juez acuerda: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México, así como las pruebas ofrecidas por el quejoso, relacionadas en líneas que anteceden. Por otro lado, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer elementos de convicción. Acto continuo, en la etapa de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló intervención ministerial. En consecuencia, el Juez acuerda: de conformidad con lo establecido en el artículo 288 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara por perdido el derecho de las partes para realizar alegatos. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la resolución que en derecho corresponde, firmando al calce quienes en ella intervinieron para debida constancia Doy fe.
- Principal
México, Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial y oficio de cuenta recibido vía correo electrónico en este órgano jurisdiccional, librado por la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México; en tal virtud, se le otorga pleno valor probatorio en términos de la tesis número I.3o.P.41 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2049, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido." Atento a lo anterior, agréguese al expediente el oficio suscrito por la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México, a través del cual remita las constancias que le fueron requeridas mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte dichas documentales, las cuales se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por tanto, con el contenido de dichas constancias dese vista a las partes para que dentro del término de ocho días manifiesten lo que a su derecho convenga. En virtud de lo anterior, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de once de abril del año en curso, se tuvo a la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México remitiendo las constancias que le fueron requeridas en auto de veinticuatro de marzo del mismo año; no obstante, de la revisión de tales constancias se desprende que dicha autoridad fue omisa en remitir copia certificada del "dictamen de no utilidad número 41" que adujo haber acompañado a su oficio 1824/2022, de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dado que a éste sólo anexó copia certificada de un inventario de transferencia documental, de un oficio dirigido a la Directora Ejecutiva de Recursos Materiales y de un acta administrativa de dos de septiembre de dos mil once. En tales condiciones, requiérase a la autoridad señala para para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del "dictamen de no utilidad número 41"; apercibida que para el caso de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término al efecto concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a diez unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento ocho, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días concedido a las partes mediante auto de once de abril de dos mil veintidós, para imponerse de las constancias remitidas por la Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México, transcurre del diecinueve al veintiocho del mismo mes y año; en consecuencia, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes.
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