Alfredo González Vázquez
Expediente 1967/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1967/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/03/2023
Partes del expediente
- Alfredo González Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 1 ídem, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental.
- Principal
S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 1967/2022-III-C; promovido por Alfredo González Vázquez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alfredo González Vázquez, por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de las autoridades y actos que se precisan a continuación: "AUTORIDADADES RESPONSABLES: C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO (.) CC. INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO (.) ACTOS RECLAMADOS: Los actos y omisiones de las Autoridades Responsables que me niegan el trámite de manera pronta y expedita; así como los actos procesales futuros y posteriores que se dicten en el expediente laboral No. 371/2022 , formado con motivo de la demanda que presente en contra el hoy tercero interesado." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1967/2022-III-C, se admitió a trámite por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en ese mismo auto se requirieron los informes de ley, seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridades responsables. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, lo siguiente: La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación; demanda y excepciones; y de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 371/2022, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Al rendir su informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, formuló manifestaciones que permiten evidenciar la existencia del mismo, razón por la cual, se desvirtúa su dicho y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable al caso, a tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, con número de registro 211004, que versa: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con la copia certificada del proveído de veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, emitido en el expediente 371/2012, de su índice, donde señaló las nueve horas con treinta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como las constancias de notificación de siete de diciembre de dos mil veintidós y siete de febrero de dos mil veintitrés, practicadas a las partes respecto de la citada determinación, que exhibió al rendir su informe de ley; documentales a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior es así, ya que de las documentales exhibidas en el informe justificado, por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se advierte que el veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, dictó un auto donde señaló las nueve horas con treinta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente 371/2012, de su índice, el cual notificó personalmente a la parte demandada el siete de diciembre de dos mil veintidós, así como a la actora (aquí quejosa) el siete de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción V y 72, 73, 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1967/2022-III-C, promovido por Alfredo González Vázquez, contra la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación; demanda y excepciones; y de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 371/2022, reclamada al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa con el Secretario Juan José Pulido Rogel, que autoriza, firma y da fe. El Juez El Secretario
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de uno de febrero del año en curso, remite copia certificada de las notificaciones de siete de diciembre de dos mil veintidós, respecto del auto de veintiséis de octubre de la anualidad pasada, practicadas a las partes demandada y actora, dentro del expediente laboral ********************, de su índice. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias antes descritas por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. En ese orden, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales públicas mencionadas en los párrafos precedentes; dada su naturaleza por ofrecidas, admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de febrero de dos mil veintitrés. OFICIO Agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual, en cumplimiento a lo que le fue requerido en auto de veinticinco de enero del año en curso, informa que dentro del expediente laboral ********************, de su índice, son parte actora: ********************y ******************** (aquí quejoso); asimismo, que la parte demandada es el ******************** y remite copia certificada del acuse de recibo de la demanda que dio origen a dicho sumario laboral; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. PRUEBA Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental antes descrita; dada su naturaleza por admitida y desahogada, debiendo dar cuenta con ella en el momento procesal oportuno. REQUERIMIENTO En ese orden, toda vez que se encuentra acreditado que el quejoso sí es parte en el juicio laboral de origen; con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 75 de la Ley de Amparo; requiérase al Tribunal responsable, para que en el término de cuarenta y ocho horas computadas legalmente, remita copia certificada de la notificación a la parte quejosa respecto del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral ********************, de su índice. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar su imposibilidad, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización.
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