Alfredo Gonzalez Meneces

Expediente 821/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
821/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Alfredo Gonzalez Meneces

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 821/2017, y RESULTANDO: PRIMERO.- Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el once de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Alfredo González Meneces por derecho propio, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS. "Consiste en la inactividad procesal del expediente laboral número 00321/2017, siendo que hasta la fecha la autoridad responsable no ha tomado en el juicio laboral natural las medidas necesarias y pertinentes para su debido tramite hasta el conclusión del mismo, es decir, a la fecha no ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ni la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, a causa de que ha omitido en notificar y emplazar a juicio a todos los demandados violando con ello la autoridad responsable mis derechos humanos y garantías individuales consignados en nuestro pacto federal, así como los principios de prontitud, celeridad, concentración, impartición de justicia pronta completa, imparcial y expedita, alno dar trámite en su totalidad al juicio laboral natural, por tal razón se hace valer la presente inactividad procesal en contra de la autoridad responsable referida". SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 821/2017, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en dos ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral tramitado ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Para ese propósito se atiende a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013 , pues en este determinó que los alcances por los cuales se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo y tomando en consideración la etapa procedimental en la que la omisión se sitúa. Por lo que, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Alfredo González Meneces, reclama la omisión de: 1. Emplazar a juicio a la parte demandada 2. Llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excreciones en el juicio laboral 321/2017. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados a la junta responsable, así lo señaló su presidente al rendir su informe justificado; manifestación que se corrobora del estudio de las documentales que allegó, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Causas de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se aprecia que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o bien, si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa por analogía, la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza con los siguientes elementos: i) puede existir o ser insubsistente el acto reclamado; ii) todos sus efectos deben haber desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, y iii) que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna . Establecida la premisa y los alcances de la misma, en el caso particular, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de emplazar a juicio a la parte demanda y de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excreciones en el juicio laboral 321/2017 y de las actuaciones remitidas por la responsable, cuyo valor probatorio quedó precisado en el considerando que antecede, se obtiene que los demandados AT&T Ventas y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y/o MXGP PRO Servicios Operativos, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Explora Administradora de Recursos Ele, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o las personas físicas o morales que resulten ser responsables, propietarias o exploten la fuente de trabajo, fueron emplazadas a juicio como se advierte de las actuaciones que obran a foja treinta y cinco a cuarenta y cuatro; y la referida audiencia se verificó el dieciséis de noviembre actual (foja cincuenta y cuatro a cincuenta y siete). De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos de lo reclamado en la presente instancia constitucional, en virtud de que han dejado de existir, reponiendo a la parte quejosa, en el mismo estado en que se encontraba antes de que se le decretara el mandamiento de captura reclamado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Lo anterior, se estima así porque si a la fecha en que se promovió el juicio de amparo (once de septiembre de dos mil diecisiete) el acto atribuido a la junta responsable existía en la vida jurídica al haberse realizado el emplazamiento a juicio de la parte demandada y desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se produjo una situación jurídica que destruyó la desaparición de la causa que motivó el juicio de amparo, con la cual se repuso al quejoso en el goce de su garantía violada; lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión reclamada, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo, su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada con el emplazamiento y desahogo de la audiencia de merito, lo que realizó espontáneamente la responsable Por tanto, dado que el motivo de queja por el que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional quedó sin efectos, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Alfredo Gonzalez Meneces, contra el acto, autoridad y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le hizo el treinta y uno de octubre del presente año, y por recibidas las documentales que al efecto exhibe como complemento de su informe justificado rendido en autos; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que para este día se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, es de advertirse que no transcurre el plazo que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del oficio recibido el veintisiete de los actuales como complemento a su informe justificado de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; por lo tanto, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Ahora bien, en razón de que mediante proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, en el expediente 321/2017 del Índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se señaló las nueve horas con treinta minutos, y las diez horas del dieciséis de noviembre actual para que tuvieran verificativo la celebración de diversas diligencias en el citado expediente; y tomando en cuenta que el resultado de las mismas podrían tener como consecuencia una posible causal de improcedencia del presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del oficio en que se derive este proveído, informe si se llevaron a cabo, de ser así, remita copia certificada completa de éstas, en caso contrario, del proveído por el cual señalaron nueva fecha para su verificativo. Con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos y plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo; con independencia de aquélla que prevé el arábigo 260, fracción II, de la citada legislación. Notifíquese.

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