Alfredo Gonzalez Martínez

Expediente 761/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
761/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Gonzalez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de noviembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009), además, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso (fojas 91 a 99). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de siete de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Alfredo González Martínez; contra el Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado y otras autoridades, respecto de los actos reclamados consistente en: La orden de traslado del Centro Preventivo y Reinserción Social "Cuautitlán" Estado de México al diverso Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México; y, su ejecución. Ahora, mediante sentencia de treinta de julio de dos mil diecinueve (f. 92 a 99), se determinó lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alfredo González Martínez, en contra del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, y para los efectos precisados en el considerando último de la presente sentencia". En auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo, razón por la cual se requirió el cumplimiento de la misma, para efecto de que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, realizara lo siguiente: "Sin dejar sin efecto la orden, ni el traslado respectivo, en caso de no haberse ya realizado la notificación al Juez competente del oficio DGPRS/DTL/TD/0871/2016 de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se ejecutó el traslado de la parte quejosa del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Cuautitlán" al diverso de Tenango del Valle, Estado de México; deberá llevar a cabo la misma a dicho Juez, para que la determinación pueda ser calificada o no de legal por el Juez competente, cumpliendo a cabalidad con la excepción del citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal". En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de siete de octubre de la presente anualidad, el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, remitió copia certificada del auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el expediente de ejecución 560/2015. De la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte que, el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito de Cuautitlán, Estado de México, mediante oficio 317, de su índice estadístico, refirió, en lo conducente, lo siguiente: "Atento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de México, glósese el escrito a los autos para constancia legal, quedando esta Autoridad enterada del traslado del sentenciado en comento; por lo que, tomando en consideración lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero sobre todo, a efecto de salvaguardar el respeto a los derechos humanos del sentenciado de mérito se AUTORIZA EL TRASLADO DE DICHO SENTENCIADO AL CENTRO PENITENCIARIO INDICADO": De lo anterior, se obtiene que la responsable dio cumplimiento a los efectos de la sentencia, toda vez que sin dejar insubsistente la orden ni el traslado respectivo, notificó al Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito de Cuautitlán, Estado de México, el traslado del quejoso al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México, quien, a su vez, autorizó el traslado de éste. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, a través del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la sentencia de amparo y para acreditar su dicho remite copia certificada del auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el expediente de ejecución 560/2015. En ese orden, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo en mención, así como del oficio y anexo acordado en proveído de veintinueve de agosto de este año, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a l quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil diecinueve. El estado procesal del presente asunto evidencia que mediante proveído de cinco de septiembre de este año, se requirió nuevamente al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, para que diera cumplimiento con la sentencia de amparo; sin embargo de autos se advierte que el oficio respectivo se giró al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán del Estado de México. Por tanto, a fin de evitar mayor dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, comunique la forma en que de cumplimiento al fallo protector, lo cual deberá informar dentro del mismo plazo y acompañar las constancias que así lo acrediten. Apercibido que si insiste en ser contumaz, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de agosto de este año, consistente en una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación Lo anterior, en acatamiento a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), con número de registro 2007911, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano