Alfredo González Becerra
Expediente 1768/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 37 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1768/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 10/03/2023
Partes del expediente
- Alfredo González Becerra
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de marzo de dos mil veintitrés. Colegiado solicita. Se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual requiere a este juzgado se acuse recibo del comunicado 413/2022-C, recibido en este juzgado de distrito en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. En atención a lo solicitado se comisiona al actuario judicial adscrito encargado de este expediente para que de inmediato y sin demora remita el acuse respectivo vía interconexión. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Colegiado solicita. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual requiere a este juzgado se acuse recibo del comunicado 413/2022-C, recibido en este juzgado de distrito en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. En atención a lo solicitado remítase de inmediato el acuse respectivo. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, las autoridades competentes deberán realizar lo siguiente: Desincorporar o abstenerse de aplicar a la parte quejosa el Decreto 28439/LXII/21, en específico, los artículos 33, 39, 70, fracción II, 153, fracciones XIX y XX, transitorios del uno al siete, así como el cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco El efecto de la protección constitucional implica que ninguna autoridad podrá disminuir en el futuro, el monto de la pensión de la parte quejosa conforme a una disposición anterior y vigente durante el otorgamiento de dicha pensión, aplicando los preceptos señalados, hasta en tanto dichas disposiciones sean reformadas. Lo anterior tiene respaldo en la jurisprudencia en materias constitucional y común P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 19, registro digital 192846, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." También sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 114/99, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 18, registro digital 192910, que expone: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el comunicado recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el apoderado general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, allegó el acuse fechado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, del diverso 1831/DJ/2022, dirigido a la Directora General de Prestaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que la Coordinadora de Proyectos Jurídicos, le requirió para que acatara el fallo protector. La citada autoridad responsable, por medio del oficio recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el dos de septiembre de dos mil veintidós, allegó un legajo certificado del que se desprende el diverso D.A.A.P.B./514/2022, de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dirigido a la Jefa de Proyectos Jurídicos, en el que la Directora de Atención a Afiliados Pensionados y Beneficiarios, del que señaló abstenerse de aplicar en el presente y en el futuro en perjuicio del impetrante los efectos y consecuencias del decreto tildado de inconstitucional, en las nóminas de jubilados correspondientes a los ejercicios del dos mil trece al dos mil veintidós, también refiere que no se ha visto reflejada la aplicación del mismo decreto en su perjuicio. La autoridad administrativa en comento, por medio del comunicado recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, remitió el acuse de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, correspondiente al diverso DAAPB/920/2022, dirigido a la Coordinadora de Proyectos Jurídicos, en el que el Director de Atención a Afiliados, Pensionados y Beneficiarios del Organismo Público Descentralizado, Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por el que le remite diversas constancias, asimismo, del oficio CAP/29/2022, dirigido al Director de Atención a Afiliados, Pensionados y Beneficiarios del citado Instituto, en el que le informó la gestiones realizadas a fin de cumplir lo ordenado a la sentencia recaída al presente juicio de amparo, así como un legajo certificado del acumulado 2021 de percepciones y deducciones de la nómina de Jubilados impreso el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, correspondiente al aquí quejoso, para acreditar su dicho. Con lo cual, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, manifestó abstenerse de aplicar en el presente y en el futuro en perjuicio del impetrante los efectos y consecuencias del decreto tildado de inconstitucional. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Orden de depuración del original del incidente de suspensión. Igualmente, conforme lo dispone el inciso a) de la fracción y numeral mencionados, el original del incidente de suspensión será depurable en el mismo plazo, toda vez que por un lado se negó y por otro se concedió la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como los demás documentos que se consideren necesarios. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destrucción de duplicado del incidente. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, remítase al legajo correspondiente. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el diecisiete de octubre del dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. De autos se advierte que en sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, las autoridades competentes deberán realizar lo siguiente: El efecto de la protección constitucional implica que ninguna autoridad podrá disminuir en el futuro, el monto de la pensión de la parte quejosa conforme a una disposición anterior y vigente durante el otorgamiento de dicha pensión, aplicando los preceptos señalados, hasta en tanto dichas disposiciones sean reformadas. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el comunicado recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el apoderado general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, allegó el acuse fechado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, del diverso 1831/DJ/2022, dirigido a la Directora General de Prestaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que la Coordinadora de Proyectos Jurídicos, le requirió para que acatara el fallo protector. La citada autoridad responsable, por medio del oficio recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el dos de septiembre de dos mil veintidós, allegó un legajo certificado del que se desprende el diverso D.A.A.P.B./514/2022, de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dirigido a la Jefa de Proyectos Jurídicos, en el que la Directora de Atención a Afiliados Pensionados y Beneficiarios, del que señaló abstenerse de aplicar en el presente y en el futuro en perjuicio del impetrante los efectos y consecuencias del decreto tildado de inconstitucional, en las nóminas de jubilados correspondientes a los ejercicios del dos mil trece al dos mil veintidós, también refiere que no se ha visto reflejada la aplicación del mismo decreto en su perjuicio. La autoridad administrativa en comento, por medio del comunicado recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, remitió el acuse de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, correspondiente al diverso DAAPB/920/2022, dirigido a la Coordinadora de Proyectos Jurídicos, en el que el Director de Atención a Afiliados, Pensionados y Beneficiarios del Organismo Público Descentralizado, Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por el que le remite diversas constancias, asimismo, del oficio CAP/29/2022, dirigido al Director de Atención a Afiliados, Pensionados y Beneficiarios del citado Instituto, en el que le informó la gestiones realizadas a fin de cumplir lo ordenado a la sentencia recaída al presente juicio de amparo, así como un legajo certificado del acumulado 2021 de percepciones y deducciones de la nómina de Jubilados impreso el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, correspondiente al aquí quejoso, para acreditar su dicho. Con lo cual, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, manifestó abstenerse de aplicar en el presente y en el futuro en perjuicio del impetrante los efectos y consecuencias del decreto tildado de inconstitucional. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Orden de depuración del original del incidente de suspensión. Igualmente, conforme lo dispone el inciso a) de la fracción y numeral mencionados, el original del incidente de suspensión será depurable en el mismo plazo, toda vez que por un lado se negó y por otro se concedió la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como los demás documentos que se consideren necesarios. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destrucción de duplicado del incidente. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, remítase al legajo correspondiente. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.
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