Alfredo Gil Rodríguez

Expediente 1120/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1120/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Gil Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el sobre de devolución del servicio de mensajería Estafeta, que contiene el expediente relativo al juicio de amparo 1120/2017-Vll del índice de este órgano jurisdiccional, dirigido al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Sonora, con Residencia en Nogales, del cual se desconoce el motivo preciso por el que fue devuelto, dado que presenta la siguiente leyenda "Dice que espere -ilegible-". Además, la dirección a la cual fue enviado el oficio 38576/2017 referente a la incompetencia planteada en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete es la correcta, corroborada con el directorio que obra en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, reenvíese el oficio de que se trata al lugar que se ordena, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al promovente Alfredo Gil Rodríguez, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara si señalaba alguna autoridad o autoridades con residencia en el Estado de Tlaxcala, sin que el quejoso desahogara el requerimiento precisado en el proveído de mérito. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en dicho proveído, en el sentido de proveer únicamente en relación con los actos y autoridades señaladas en la demanda de amparo. Ahora bien, del estado procesal de autos se aprecia que mediante escrito presentado el treinta de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, del que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Alfredo Gil Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y respecto de los actos siguientes: ... El uno de diciembre del dos mil diecisiete, se previno al quejoso Alfredo Gil Rodríguez, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, manifestara si señalaba alguna autoridad o autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Tlaxcala sin que diera cumplimiento a dicha prevención. Lo anterior pone de manifiesto que las autoridades a las que el quejoso reclama la orden de búsqueda, aprehensión y detención y comparecencia, así como su ejecución, tienen su residencia en Nogales, Sonora, por ende es competente para conocer de la demanda de amparo, un Juez con residencia en ese lugar. En efecto, debe considerarse que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Así, debe precisarse que la competencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala se rige por lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 112, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; sin embargo, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Alfredo Gil Rodríguez, por razón de territorio. Lo anterior en virtud que del estudio integral de las constancias que obran en el juicio de amparo, se advierte que los actos reclamados que serán motivo de análisis en este juicio son la orden de búsqueda, aprehensión y detención y comparecencia, así como su ejecución. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Precisado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados encuadran en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que el hecho de que el quejoso haya señalado en su escrito de demanda su domicilio en Tlaxcala, no es suficiente para otorgarle competencia a este órgano jurisdiccional, pues como quedó señalado, la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención de uno de diciembre de dos mil diecisiete, y no existen autoridades señaladas como responsables en Tlaxcala, que pudieran ejecutar el acto en esta circunscripción territorial. Ahora bien, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que el quejoso haya señalado su domicilio en Tlaxcala y presentado su demanda en la propia entidad, dado que para la ejecución del acto que reclama es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción de este Juzgado y sin el señalamiento de esta, no puede estimarse que la orden de búsqueda, aprehensión y detención y comparecencia, forzosamente deba ejecutarse en el lugar donde el quejoso aparentemente tiene su domicilio, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. Por tanto es dable sustentar que la competencia corresponde evidentemente a un Juez de Distrito con residencia en Nogales, Sonora, pues se insiste, de la lectura de la demanda de garantías no se advierte que el quejoso hubiera señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, en cuya parte conducente sostuvo: "En efecto, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán y al Comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla del Tercer Subsector, en Tehuacán, ambos con residencia en el Estado de Puebla, a los que les reclamó la orden de aprehensión, que según manifiesta emitieron en su contra y su ejecución que pretende llevar a cabo el Comandante de la Policía citada. Por otra parte, también se desprende del ocurso de referencia que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular lo es el ubicado en la calle Poniente 5, departamento 1, de la casa número 306, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y no sólo suscribió el escrito inicial de garantías, sino que además lo presentó ante el juzgado federal de la localidad, por razones de urgencia, lo que expresó para los efectos de la competencia del juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz. Ahora bien, con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta la propia quejosa pretenden ejecutar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, sin que de la lectura de la demanda de garantías se advierta que hubiese señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares.En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: ... Cabe apuntar, que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Máxime que el quejoso fue requerido a efecto de que designara autoridades ejecutoras con residencia en esta ciudad, sin que manifestara expresamente si era su deseo o no designar a alguna autoridad o autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Tlaxcala. ... En conclusión, si la orden de captura reclamada debe tener ejecución en el Estado de Sonora, es claro que corresponde conocer del presente juicio de derechos a un Juez de Distrito con residencia en la citada entidad federativa, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En atención a lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 48 de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo y notificación a la parte quejosa, remítase el expediente 1120/2017-Vll promovido por Alfredo Gil Rodríguez y copias de demanda al Juez de Distrito en turno en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la razón de cuenta levantada por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se desprende la imposibilidad de realizar la notificación del proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en Calle Segunda Privada de Vicente Guerrero número cinco, Colonia La Joya, Tlaxcala, por los motivos que expone, en consecuencia y en atención a que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista el citado proveído, así como el presente, y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. EN ATENCIÓN A LO ORDENADO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE UNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Vista la demanda de cuenta que promueve Alfredo Gil Rodríguez, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1020/2017-Vll. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre otros, los establecidos en las fracciones IV y V, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Bajo ese panorama, el promovente señaló como actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO.- DE LAS ORDENADORAS, reclamo el haber dictado orden de busca, aprención y detención y comparesencia en contra del suscrito, de la que desconozco que proceso sea, de la EJECUTORA reclamo el cumplimiento que pretendan dar a la Orden dictada por la ORDENADORA, al pretender que se prive de libertad." (sic) Señalando como autoridades responsables las siguientes: Ordenadora: Juez de control en materia de Procesos Penales de Nogales, Sonora. Ejecutora: Comandante de la Policía Ministerial de Nogales, Sonora. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto al escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si señala alguna autoridad o autoridades ejecutoras con residencia en el Estado de Tlaxcala. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se proveerá respecto a la demanda únicamente en relación con los actos y autoridades señaladas en la demanda. Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de designar como autoridades ejecutoras a quienes no lo son, sólo para dar competencia a este órgano jurisdiccional, se le impondrá una sanción de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 238 y 248 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, del tomo I, agosto de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE: Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En atención a lo anterior, por única ocasión se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio del quejoso, ubicado en Calle Segunda Privada de Vicente Guerrero número cinco, Colonia La Joya, Tlaxcala y le notifique el presente acuerdo; en el entendido que las subsecuentes notificaciones se la practicarán en la forma solicitada por el quejoso. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo, le serán practicadas mediante la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, teniéndose como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado expresamente y por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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