Alfredo Garza Hernández

Expediente 149/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
149/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Edgar Osiel Garza Hernández y Otros.
  • Alfredo Garza Hernández
  • Alfredo Garza Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que los quejosos Norma Silvia Hernández Hernández, Carlos Alfredo Garza Hernández, Edgar Osiel Garza Hernández y Evelyn Vianey Garza Hernández, no interpusieron el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de seis de marzo del año actual, en el que se desechó su demanda de garantías; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, así como el punto Decimoprimero, segundo párrafo, del invocado Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena su archivo, el cual, no se considera de relevancia documental, en virtud de que no se cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse los expedientes al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese conforme a derecho. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    I...Matamoros, Tamaulipas, seis de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Norma Silvia Hernández Hernández, Carlos Alfredo Garza Hernández, Edgar Osiel Garza Hernández, Evelyn Vianey Garza Hernández, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, consistente en informar si en contra del auto de once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, en el expediente 109/2013, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos, habían interpuesto algún medio de impugnación, informan que no agotaron ningún recurso en contra de ese proveído, el cual constituye el acto reclamado. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues del escrito inicial de demanda, de sus anexos, del ocurso aclaratorio recibido el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, así como escrito de cuenta, se advierte la improcedencia de la misma. Pues bien, de la demanda de garantías, así como de los escritos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, en el incidente de ejecución de sentencia, derivado del expediente 109/2013, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos, por medio del cual se negó a autorizar el usufructo que solicitó con carácter de urgente, para la siembra de la parcela embargada en autos y así obtener los alimentos decretados en sentencia dictada dentro del referido juicio. Juicio en el cual son partes, pues así se desprende del contenido de la demanda de garantías que nos ocupa, así como de los anexos. Por tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 61, fracción XXVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla por ser improcedente de manera notoria, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Para definir lo anterior, resulta necesario citar el texto del numeral 61, fracción XVIII, de la legislación de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado DOF 17-06-2016 Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, para que en el presente caso pudiera estimarse cumplido el principio de definitividad que regula el juicio de garantías, la parte quejosa antes de acudir al amparo, debió promover el recurso de revocación que al efecto establece el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, el cual prevé: "ARTICULO 914.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo." En efecto, conforme al numeral transcrito, si los quejosos consideran que la resolución que emitió el juez responsable el once de febrero de dos mil diecinueve, en el incidente de ejecución de sentencia, en el expediente 109/2013, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos, no se encuentra apegada a derecho porque se negó a autorizar el usufructo que solicitó con carácter de urgente, para la siembra de la parcela embargada en autos y así obtener los alimentos decretados en sentencia dictada dentro del referido juicio, estaba en aptitud de promover el recurso de revocación que al efecto establece el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, antes de acudir a esta instancia constitucional. Asimismo, es indiscutible que, de resultar fundado el medio de impugnación de que se trata, la consecuencia jurídica sería la revocación de dicha resolución. Por ello, se insiste, el acto medular que la parte quejosa tilda de inconstitucional, debió ser impugnado a través del recurso de revocación, tal como lo prevé el dispositivo legal trascrito, pues se encuentra contemplado en la codificación procedimental civil, que rige el procedimiento civil de donde emana el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que, debe destacarse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías y que se encuentran consignados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que, para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. En apoyo a lo anterior, y por no resultar contraria a la actual Ley de Amparo, se cita la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia J/37, publicada en la página 902 del Tomo XV de mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado no se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. Corolario a lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, lo conducente es desechar de plano la demanda de garantías que nos ocupa, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de leyes. Pero además, es preciso hacer hincapié que dentro expediente número 109/2013, del cual deriva el incidente en donde se emitió la resolución que se reclama, como ya se dijo, los ahora peticionarios del amparo figuraron como parte; por ende, tiene la obligación, de vigilar su debida prosecución, para estar en posibilidades de impugnar cualquier actuación o resolución que a su juicio se aparte de los lineamientos establecidos en la propia ley de la materia, haciendo uso de los medios ordinarios de defensa que tienen a su alcance para ello. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Norma Silvia Hernández Hernández, Carlos Alfredo Garza Hernández, Edgar Osiel Garza Hernández y Evelyn Vianey Garza Hernández. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado del presente asunto, se advierte que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se previno a la parte quejosa para que, en el término de cinco días, vía aclaración de demanda, manifestara lo siguiente: "a) Qué se resolvió a través del auto que emitiera la autoridad responsable el once de febrero de dos mil diecinueve, dentro del incidente de ejecución de sentencia, derivado del expediente 109/2013, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos, que a su parecer viola en su perjuicio las garantías constitucionales que invoca. b) Si en contra del proveído reclamado, interpuso algún medio de impugnación (apelación, revocación, etcétera); de ser así, deberá precisar todos y cada uno de los antecedentes relativos al mismo, que permitan establecer su estado actual." Ahora bien, ténganse por recibido el escrito signado por los agraviados Norma Silvia Hernández Hernández, Carlos Alfredo Garza Hernández, Edgar Osiel Garza Hernández y Evelyn Vianey Garza Hernández, a través del cual, bajo protesta de decir verdad, en el primer inciso, informa que solicitó a la responsable la medida precautoria urgente consistente en autorización judicial de usufructo de la parcela embargada que garantiza alimentos, en el segundo, plasma que expresó el juez responsable en auto de once de febrero de dos mil diecinueve, y en el tercero, informa en qué consiste el acto reclamado, y anexa un escrito mediante el cual solicitó al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, a través del cual le solicitó que decretara la medida precautoria urgente mencionada. Ahora bien, del escrito allegado por los quejosos se advierte que únicamente cumplieron con el inciso a), consistente en informar qué se resolvió a través del auto de once de febrero de dos mil diecinueve; sin embargo, fue omiso en informar si en contra de ese mencionado proveído interpuso algún medio de impugnación (apelación, revocación, etcétera); de ser así, deberá precisar todos y cada uno de los antecedentes relativos al mismo, que permitan establecer su estado actual. En atención a ello, se tiene a los quejosos cumpliendo parcialmente con la prevención de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Es conveniente señalar que el término de cinco días concedido a los impetrantes del amparo para que dieran cumplimiento a las prevenciones anteriores, inició el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, ya que fue notificado el diecinueve de ese mes y año, cuyo término fue interrumpido con la presentación del escrito de cuenta, por lo que le restan dos días para dar total cumplimiento con esa irregularidad. Es de invocarse al efecto la tesis III.2o.A.38 K de la Novena Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, correspondiente a Abril de 2005, registro 178830, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." En la inteligencia de que continúa vigente el apercibimiento con que fue conminado en el auto inicial. Tiene aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, noviembre de 2003, materia común, novena época, registro 182896, que a la letra señala: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda presentado por Norma Silvia Hernández Hernández, Carlos Alfredo Garza Hernández, Edgar Osiel Garza Hernández y Evelyn Vianey Garza Hernández; regístrese en el libro de gobierno que para juicios de garantías se lleva en este Tribunal, bajo el número 149/2019-I, que cronológicamente le corresponde. Ahora bien, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que como autoridades responsables y actos reclamados, se señaló lo siguiente: Autoridad responsable: 1. Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad (en su doble carácter: ordenadora y ejecutora). Acto reclamado: "Auto de fecha 11 de Febrero de 2019 dentro del Incidente de Ejecución de Sentencia en el expediente 109/2013, relativo a Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos." Antecedentes del acto reclamado: "1.- Que los suscritos quejosos promovimos demanda de Alimentos Definitivos en fecha 15 de Diciembre de 2012 en contra del c. CARLOS GARZA ORTEGA, asignándose el número de expediente 109/2013 en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del cuarto Distrito Judicial en el Estado, demanda promovida por la suscrita quejosa NORMA SILVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como representante común de los acreedores alimentistas, personalidad que tengo reconocida en autos del expediente 109/2013. 2.- Se dictó la Sentencia número 324 de fecha 26 de Marzo de 2015, mediante la cual se fijó como pensión alimenticia definitiva el equivalente a dos salarios mínimos pagaderos en forma semanal requiriéndose al demandado CARLOS GARZA ORTEGA a fin de que hiciera pago inmediato de la suma correspondiente y lo pusiera a disposición de la suscrita NORMA SILVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en mi carácter de representante común de los acreedores alimentistas. Asimismo quedó embargado en forma definitiva en un 50% el bien inmueble propiedad del demandado consistente en Parcela número 53 Z-1P-1, del Ejido N.C.P.E. Lázaro Cárdenas del Municipio de Valle Hermoso, Estado de Tamaulipas, con una superficie de 9-77-34.00 Hectáreas. 3. Que el Deudor Alimentista CARLOS GARZA ORTEGA reside en los Estados Unidos Americanos (Houston Texas) desde el año 2001 (dos mil uno), y no ha regresado a este país desde entonces y no obstante que tiene conocimiento de dicha sentencia, ha hecho caso omiso a su cumplimiento. 4.- Que la suscrita Norma Silvia Hernández Hernández, (esposa del deudor de alimentos) promoví en mi carácter de representante común de los acreedores alimentistas INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, en el expediente 109/2013, solicitando entre otros peticiones se me concediera la Medida Precautoria Urgente consistente en el otorgamiento de Usufructo para sembrar la parcela y obtener recursos para acceder a los alimentos, ya que la urgencia de la medida lo es por ser parcela de temporal y los tiempos y términos son muy limitados por estar supeditados a los tiempos de lluvia. 5.- La autoridad responsable mediante el acto que se reclama vulnera las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues toda persona tiene derecho a la alimentación, artículo 4°, constituyendo uno de los derechos más elementales de los derechos humanos por lo cual promuevo este Amparo." Como puede verse, el quejoso reclama del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el auto que emitiera el once de febrero de dos mil diecinueve, dentro del incidente de ejecución de sentencia, derivado del expediente 109/2013, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos. Sin embargo, omitió precisar hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado que sirven de fundamento al concepto de violación que precisó, pues aún y cuando en el capítulo correspondiente indicó una serie de acontecimientos, los mismos son insuficientes para decidir sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías que nos ocupa, ya que en ninguna parte refiere qué se resolvió a través del proveído reclamado, que a su parecer viola en su perjuicio las garantías constitucionales que invoca; de igual forma, si en contra de dicho acuerdo interpuso algún medio de impugnación. Luego entonces, para que este Tribunal se encuentre en posibilidades de analizar sobre la procedencia de lo reclamado en los términos en que se hace la petición; evitar una posible variación a su pretensión, al establecer de facto un acto que no desea señalar; y, como consecuencia de ello, que la autoridad señalada como responsable tenga certeza del o los actos que se le reprochan, es indispensable que lo reclamado sea claro y preciso, para poder establecer la relación procesal. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número, XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III de Marzo de mil novecientos noventa y seis, correspondiente a la Novena Época, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la oscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En atención a lo anterior, en términos del artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, previo a emitir resolución respecto a la admisión de la demanda de amparo, se previene al promovente, para que dentro del término de cinco días, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare: a) Qué se resolvió a través del auto que emitiera la autoridad responsable el once de febrero de dos mil diecinueve, dentro del incidente de ejecución de sentencia, derivado del expediente 109/2013, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos, que a su parecer viola en su perjuicio las garantías constitucionales que invoca. b) Si en contra del proveído reclamado, interpuso algún medio de impugnación (apelación, revocación, etcétera); de ser así, deberá precisar todos y cada uno de los antecedentes relativos al mismo, que permitan establecer su estado actual. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda de garantías, en términos del referido numeral 114 de la ley de la materia en vigor. Finalmente, téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y como autorizada en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a la licenciada Gloria García Maldonado, quien se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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