Alfredo García Ríos

Expediente 79/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
79/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Alfredo García Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio, signado por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente; en atención a su contenido, se tiene acusando recibo del oficio 18055 de dos de diciembre del año en curso, así como del original y duplicado de los cuadernos incidentales, con motivo de la aceptación de la incompetencia planteada por este juzgado dentro del juicio de amparo 79/2020 del índice de este Juzgado. Cúmplase.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y dado que el oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente, provéase lo conducente. Ahora bien, en atención a su contenido, se tiene informando que el homólogo federal aceptó la competencia planteada, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, formándose el expediente 51/2020. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En esas condiciones, considerando que se encuentran resueltos los autos incidentales relativos al juicio de amparo 79/2020, remítanse dichos autos para los efectos legales a que haya lugar, formando cuaderno de antecedentes con copia certificada de las principales constancias, al cual se agregará el presente acuerdo. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: El cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 79/2020, así como el cuaderno de antecedentes del incidente relativo, en el que se concedió la suspensión definitiva, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, toda vez que son un expediente auxiliar, por lo que transcurridos más de seis meses del dictado del presente proveído, SE DESTRUIRÁ. Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  4. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de cuatro del mes y año en curso, mismo que a la letra dice: Visto el estado de autos, se advierte que cuando se recibió el juicio de amparo 51/2020 del índice del Juzgado Décimo séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en el Xalapa, Veracruz, en el cual mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, el titular de dicho órgano declinó su competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por ********************, se advirtió que los actos que éste reclamó fueron, la instalación y funcionamiento, así como el tránsito obligatorio a través de un aparato de rayos gamma en un puesto militar en la carretera federal 180, Costera del Golfo, tramo Veracruz-Álamo, entre el kilómetro 201 y 202 con dirección a Álamo, a la altura de la comunidad Chalahuite, municipio de Úrsulo Galván, Veracruz; así como el sometimiento a su persona a una exposición de rayos gamma al ser revisado sin su consentimiento en su cuerpo y pertenencias en el citado puesto. Actos que fueron atribuidos al Secretario de la Defensa Nacional con sede en la Ciudad de México, Titular de la Vigésimo Sexta Zona Militar, con sede en el Lencero Veracruz, así como al Titular de la Sexta Región Militar con sede en La Boticaria, Veracruz, ubicada en el municipio de Veracruz, Veracruz, y de manera preponderante se precisó que los actos reclamados tenían ejecución en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. De ahí que en proveído de seis de febrero de dos mil veinte, se aceptó la competencia planteada dado que el citado municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, se encuentra dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Con independencia de lo anterior, del informe justificado rendido por el Jefe de Estado Mayor de la Sexta Zona Militar en Veracruz, Veracruz, y del Jefe de Estado Mayor de la Vigésimo sexta Zona Militar con residencia en el Lencero, Veracruz (fojas 98 y 120 de autos) se advierte que la ubicación correcta del citado puesto militar de seguridad estratégica corresponden a la localidad de San Isidro, municipio de Actopan, Veracruz. Circunstancia que no fue debatida por el aquí quejoso, sino que por el contrario solicitó que una vez que se resolviera el incidente de suspensión en el presente asunto, se remitiera el mismo al Juzgado de Distrito con residencia en Xalapa en turno, para que continuara conociendo del mismo, lo que en auto de doce de marzo de dos mil veinte, se acordó en el sentido que una vez que se dictara la interlocutoria correspondiente en el incidente de suspensión se proveería lo que en derecho corresponda respecto a su petición. Ahora, dado que resulta un hecho notorio para el suscrito que a la fecha ha sido resuelto el incidente de suspensión relativo al presente juicio y una vez realizado el análisis de las constancias que integran este asunto, se determina que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio constitucional, en términos del acuerdo general 21/2019 que modifica el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de dicho artículo se desprenden tres hipótesis que determinan la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, a saber: a) Aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Ante el que se presente la demanda, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. c) Aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian de la tercera, porque esta última no la requiere. En ese sentido, lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, en el caso sujeto a estudio, se aprecia que el acto reclamado destacado por el quejoso consistente en el sometimiento constante a la exposición de rayos gamma en el puesto militar de revisión establecido en la carretera federal 180, Costera del Golfo, tramo Veracruz-Álamo, a la altura del poblado San Isidro, municipio de Actopan, Veracruz, tramo que recorre de manera habitual al dirigirse a la comunidad Villa Rica de ese mismo municipio a visitar a una persona con la que mantiene una relación personal, requiere de una ejecución material. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente asunto, se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Xalapa, en turno, atendiendo a las reglas de competencia establecidas en el marco legal de esta resolución. Lo anterior se concluye así, básicamente porque el acto aquí reclamado al momento de la presentación de la demanda de garantías requería ejecución material en lugar en el que este Juzgado de Distrito no ejerce jurisdicción, a saber, en el municipio de Actopan, Veracruz, al encontrarse allí el puesto de inspección que el quejoso señala debe transitar de manera constante para ir de su domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz a la comunidad de Villa Rica, Veracruz, y de regreso; por lo que, conforme al Punto Cuarto, fracción VII, párrafo primero, del acuerdo general 21/2019 que modifica el diverso 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ejercen su jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. No es óbice para lo anterior que mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se haya tenido por ampliada la demanda de amparo a efecto de incluir como acto reclamado la licencia de operación número A00.200/1361/2016 del equipo de inspección no intrusiva de rayos Gamma emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con sede en Ciudad de México, puesto que dicho acto se vincula con la inspección y exposición del quejoso a rayos gamma al ser revisado en el puesto militar de seguridad estratégica ubicado en San Isidro, municipio de Actopan, Veracruz. Sin que de igual forma, sea obstáculo para lo antes señalado, que el quejoso no haya señalado autoridad ejecutora en su demanda de amparo, puesto que ello no cambia la naturaleza positiva del acto reclamado del que, desde luego, se pretende evitar sus consecuencias y/o ejecución, máxime que el propio amparista solicitó se le concediera la suspensión para el efecto que no fuera sometido a la revisión mediante irradiación en el puesto militar antes mencionado. Por ello, este Órgano de Control Constitucional, estima carecer de competencia legal por territorio, para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, y la declina en favor del Juez de Distrito en turno en Xalapa, Veracruz, en cuya jurisdicción tuvo y/o tiene ejecución el acto reclamado destacado, conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 21/2019, que reforma el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." No pasa inadvertido para el suscrito la recepción el tres de septiembre del presente año, del oficio número S-3/1832 remitido por el Jefe de Estado Mayor de la Sexta Región Militar con sede en el Campo Militar número 26-B, La Boticaria, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se informó que el puesto militar de seguridad estratégica ubicado en la localidad de San Isidro, municipio de Actopan, Veracruz, en el que se encontraba el equipo de inspección no intrusiva de rayos gamma, en apoyo a las labores del Instituto Nacional de Migración el veinticuatro de julio de dos mil veinte, fue reubicado a otra entidad federativa. Sin embargo, dicha circunstancia no permite considerar que se surte la competencia a favor de este Juzgado, puesto que la jurisdicción territorial del mismo no se extiende a ninguna otra entidad federativa. Asimismo, el hecho antes señalado tampoco actualiza el supuesto de competencia previsto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo (inicio de la ejecución del acto en un distrito y continuación de la misma en otro distinto) puesto que en los términos que se formuló la demanda de garantías, así como su fecha de presentación, la ejecución reclamada sólo puede tener lugar en el municipio de Actopan, Veracruz. Ello con independencia que la información del traslado del citado puesto militar pudiera actualizar alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo, sin embargo tal consideración sólo puede ser analizada por el Juez competente para resolver el presente asunto, esto es, el titular del Juzgado en turno con sede en Xalapa, Veracruz. En atención a las conclusiones anteriormente alcanzadas, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, solicitando a la autoridad que asuma el conocimiento del presente asunto, se sirva acusar el recibo de estilo. En consecuencia a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el seis de noviembre del presente año. Con fundamento en el artículo 26, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por vía electrónica, y por oficio a la representación social adscrita y a las autoridades responsables.

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