Alfredo Garcia Garcia

Expediente 1103/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1103/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Alfredo Garcia Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII-B "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que en proveído de seis de diciembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo; el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; ....se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, ....archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."

  2. Principal

    ". Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado Libre y Soberano de Oaxaca, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro correspondiente con el juicio de amparo indirecto 1103/2019. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: . De dichos preceptos, se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o con interés legítimo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Federal, para efectos del juicio de amparo, tendrá el carácter de agraviada quien cumpla con las siguientes condiciones: 1) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por otra parte, debe entenderse que la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Es aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. En otras palabras, el orden jurídico objetivo concede a los particulares interesados una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin otorgarles un poder de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Cabe destacar, que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. En el caso, el quejoso ***** reclama de la Comisión de Gobernación Congreso del Estado de Oaxaca, la omisión de resolver el Dictamen Único emitido en el expediente ****, derivado del procedimiento de suspensión o revocación de mandato del Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca. Ahora, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el Juicio para la Protección de Derechos Político Electorales, promovido por el propio quejoso, el cual quedó radicado como expediente ****. Asimismo, manifiesta que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva en dicho juicio, donde el Tribunal Electoral condenó al Presidente Municipal de San José Tenango, el pago de diversas prestaciones. Ante el incumplimiento de esa sentencia, el Tribunal Electoral solicitó la intervención del Congreso del Estado de Oaxaca, para que instruyera en contra de dicho presidente municipal, el procedimiento de suspensión o revocación de mandato, que correspondió al expediente *****, el cual se encuentra pendiente de dictamen por parte del Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca. Ahora, los artículos 63, 72 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, disponen: .. Por su parte, los artículos 60, fracción IV, 61, fracción VIII, 62, 64 y 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, disponen: .. De conformidad con los preceptos que anteceden, se advierte que compete exclusivamente al Congreso del Estado de Oaxaca, la suspensión o revocación del mandato de uno o más de los integrantes de un Ayuntamiento o Municipio de Oaxaca, en caso de incumplimiento de una resolución judicial en materia electoral; o la inejecución de sentencia en materia electoral. En ese orden, la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la omisión de resolver el DICTAMEN emitido en el expediente ****, derivado del procedimiento de suspensión o revocación de mandato del Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca. Lo anterior es así, pues no es parte dentro del procedimiento **** que se tramita ante la Comisión de Gobernación Congreso del Estado de Oaxaca; ya que dicho juicio es independiente a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio para la protección de derechos político electorales *****16 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Por tanto, el interés del aquí quejoso subyace en que la autoridad demandada, Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca, cumpla con la sentencia de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, donde se condenó a dicha autoridad al pago de diversas prestaciones a favor del aquí promovente. Sin embargo, carece de interés jurídico para intervenir en el procedimiento de suspensión o revocación en el cargo de mandato del Presidente Municipal, ya que ello es facultad exclusiva del Congreso del Estado de Oaxaca; sin que el resultado, sea que se suspenda o revoque en el cargo al Presidente Municipal, represente un beneficio para el aquí promovente, pues en ningún caso representaría en modo automático el pago de las prestaciones que obtuvo ante el Tribunal Electoral. Aunado a lo anterior, dicho procedimiento no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Por lo que, debe concluirse que la impetrante de garantías carece de interés jurídico para combatir la omisión reclamada a las responsables, al no tener ningún carácter dentro de dicho procedimiento. Al respecto, se invoca por ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE". También, la quejosa carece de interés legítimo para impugnar en el amparo el aludido acto reclamado, pues el orden jurídico no le otorga una especial situación que le permita discutir la decisión de un procedimiento de responsabilidad en el que figure como denunciante. Esto último, está orientado por las consideraciones contenidas en la modificación de jurisprudencia 14/2012, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró infundada esa solicitud, tendiente a introducir el tema de interés legítimo para la procedencia del amparo contra el aludido acto. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. .. (Jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.) de los Plenos de Circuito, publicado el 06 de noviembre de 2015 10:30, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación). Asimismo, se invoca, exclusivamente como criterio orientador, la jurisprudencia 2a./J. 124/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica. .., desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, .. hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO AVISO. CONSTE)

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