Alfredo García Galvan

Expediente 614/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
614/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Alfredo García Galvan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la resolución dictada en la sesión de veinte de octubre del presente año, en la que resolvió: ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo dictado el doce de arbil de dos mil veintidós, por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 614/2022, promovido por Alfredo García Galván.. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, acusa recibo y hace del conocimiento el contenido del auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el toca Q.A. 379/2022 de su índice, en el que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en atención al requerimiento de veinticinco de abril pasado, realiza diversas manifestaciones en relación con la imposibilidad para exhibir las constancias requeridas y el acta de razón signada por el Auxiliar de Actuario Zona Tres, mediante la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 18121/2022, dirigido al autoridad responsable "TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA", por los motivos que expone; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense el oficio y razón de mérito tomando conocimiento de su contenido. Ahora, respecto a lo manifestado por la autoridad oficiante, no es el caso de tener por desahogado el requerimiento de mérito, toda vez que la constancia remitida con el oficio que indica no es la solicitada por este Juzgador. 1. No es legalmente válido que la autoridad oficiante afirme que la quejosa no tránsito a la Guardia Nacional, pues dicha autoridad no representa los intereses de dicha corporación policiaca, motivo suficiente para no acordar de conformidad. 2. Tampoco asiste la razón a dicha autoridad cuando afirma que el personal de la extinta Policía Federal a cargo de la desaparecida Unidad de Transición de tal Secretaría de Estado, debió presentarse de manera automática ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Unidad Administración y Finanzas, segundo el ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, que para mejor conocimiento y entendimiento de tal autoridad, se inserta a continuación: PRIMERO.-Se declara formalmente extinta la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a partir del 01 de octubre de 2021, por lo que se deja sin efectos el Acuerdo de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2019. SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transición a realizar la entrega a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los recursos financieros y materiales con los que cuenta para su operación y para la liquidación de pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal; así como de los archivos y documentos soporte correspondientes, entre otros el registro y control de la transferencia a que se refiere la fracción VII del artículo 3 del Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se instruye a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que una vez que reciba el registro y control señalado en el párrafo anterior, continúe con los trámites que aún se encuentran pendientes. Lo anterior, atendiendo a la facultad originaria que tiene el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien para el cumplimiento de sus asuntos cuenta entre otras, con la Unidad de Administración y Finanzas. TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Transición realizar la entrega a la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los asuntos a cargo de la entonces Policía Federal, en los que lleva a cabo la representación, trámite y resolución conforme a la delegación que le fue conferida, así como aquellos que se encuentren concluidos. Asimismo, se instruye a la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que una vez recibidos los asuntos, implemente las acciones necesarias para continuar con la representación, trámite y resolución de estos. Lo anterior, atendiendo a la facultad originaria que tiene el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien para el cumplimiento de sus asuntos cuenta entre otras, con la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia. CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en coordinación con la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de realizar la liquidación de pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal que aún se encuentren pendientes. QUINTO.- La entrega a que se refieren los artículos Segundo y Tercero del presente Acuerdo, se formalizará mediante acta administrativa de entrega-recepción conforme a la normatividad aplicable. SEXTO.- Los derechos y obligaciones que en su caso subsistan de Policía Federal y de la Unidad de Transición, se continuarán atendiendo por las Unidades respectivas que hayan recibido los asuntos conforme al presente Acuerdo. SÉPTIMO.- Lo no previsto en el presente acuerdo, así como en su interpretación, resolverá el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De la anterior transcripción se advierte que en ninguno de esos preceptos legales está lo señalado enfáticamente por la autoridad oficiante, lo que implica que parte de premisas falsas y erróneas, así como una falta de técnica en la interpretación de esos preceptos legales, pues en ninguna de sus partes, se establece que la quejosa debía presentar de manera inmediata ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Unidad Administración y Finanzas, sino en todo caso, atendiendo a la facultad originaria que tiene el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debió instruir a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que una vez que recibiera el registro y control respectivo, continuara con los trámites que aún se encontraban pendientes. Más aún, tampoco el numeral noveno del "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal, establece lo que menciona dicha autoridad, el cual se inserta a continuación: NOVENO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de su Unidad de Transición, coadyuvará en las acciones necesarias para la debida transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a la Policía Federal, a la Guardia Nacional o a alguna de las opciones contempladas en el artículo séptimo. Esto incluye las adecuaciones presupuestarias, baja de inventarios y registros contables de recursos transferidos. Asimismo, deberá elaborar y llevar el control de las listas de los recursos humanos y los inventarios de los bienes que se transfieran, las conciliaciones de éstos y las transferencias de los resguardos correspondientes. Es así que en el artículo segundo del primero de esos acuerdos se establece que la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recibirá los recursos financieros y materiales a cargó de la extinta Unidad de Transición, la cual está a cargo de todos los asuntos que hubiere dejado esta última unidad administrativa. Sin que lo anterior sea suficiente para que el personal que hubiere estado comisionado a diverso destacamento, implícitamente y de manera inmediata debía reportarse, pasar lista o presentarse ante dicha Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a partir del dos de octubre de dos mil veintiuno, pues para ello es requisito indispensable que se hubiere emitido el oficio de cambio de comisión o de adscripción para que la quejosa tuviera conocimiento del nuevo mando que debía obedecer, previamente a determinar su separación por faltar al servicio. De ahí que no pueden ser tomadas en cuenta las conjeturas que realiza la autoridad en comento, para excusarla de no remitir las constancias e información requerida, sin que se pueda cuestionar la legalidad de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, pues tajantemente debe atender con lo señalado y en todo caso, manifestar expresamente que carecer de lo requerido. Notifíquese.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pese a encontrarse debidamente notificadas. En ese sentido, con finalidad de continuar procurando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la referida ley, se REQUIERE NUEVAMENTE al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber emitido suficiencia presupuestal correspondiente, por la cantidad de $144,620.19 (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos 19/100 moneda nacional) por concepto de diferencias de aguinaldo correspondientes a los ejercicios dos mil dos a dos mil trece y dos mil dieciocho. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se REQUIERE NUEVAMENTE al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas de que en caso de contumacia de su parte, se hará del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por ser quien conoce del incidente de inejecución de sentencia IIS2/2022 de su índice aperturado en autos para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, y cualquier trámite interno que ahora deba realizar, derivado del incumplimiento en que ha venido incurriendo, como lo es obtener la planilla de liquidación actualizada al ejercicio fiscal actual, deberá hacerlo dentro del término legal que fue concedido, a efecto de evitar mayores dilaciones, por lo que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10). Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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