Alfredo Gandur Rubinstein
Expediente 406/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 37 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 21/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
- Alfredo Gandur Rubinstein
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
MESA VI. *COPIAS Y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS* AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO SIGNADO POR LA AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA. POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE AUTORICE A LAS PERSONAS QUE REFIERE EN EL OCURSO QUE SE ATIENDE, ASÍ COMO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Y LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE FUERON EXHIBIDOS CON EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. COMO LO SOLICITA, EXPÍDASE A SU COSTA Y EN UN SOLO TANTO COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA QUE MENCIONA, DEBIENDO DEJAR EN AUTOS CONSTANCIA DE SU ENTREGA. ASIMISMO, SE AUTORIZA AL PROMOVENTE LE SEAN DEVUELTOS LOS DOCUMENTOS QUE REFIERE EN EL ESCRITO DE CUENTA, PREVIA CONSTANCIA DE SU ENTREGA Y LA TOMA DE RAZÓN RESPECTIVA A SATISFACCIÓN DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. POR ÚLTIMO, SIN QUE HAYA LUGAR A TENER POR AUTORIZADAS A LAS PERSONAS QUE MENCIONA. EL AUTORIZADO DEL QUEJOSO SE ENCUENTRA LEGALMENTE IMPEDIDO PARA SUSTITUIR O DELEGAR EN UN TERCERO LAS FACULTADES QUE LE FUERON ENCOMENDADAS; POR LO QUE RESPECTA A. YA SE LE TUVO POR AUTORIZADO MEDIANTE PROVEÍDO DE. POR TANTO DEBERÁ ESTARSE A ESA DETERMINACIÓN. NOTIFÍQUESE.
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MESA VI *SE AGREGA OFICIO PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, SIN HACER MAYOR PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO* SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR EL. POR MEDIO DEL CUAL, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN AUTOS, REMITE COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO. SE AGREGA PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, SIN HACER MAYOR PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO, TODA VEZ QUE MEDIANTE AUTO, SE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO. EN ESAS CONDICIONES, COMO SE ORDENÓ EN PROVEÍDO, VUELVAN LOS PRESENTES AUTOS AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. SIN QUE PASE DESAPERCIBIDO PARA ESTE JUZGADO DE DISTRITO, QUE EL OFICIO QUE SE PROVEE ESTÁ DIRIGIDO AL JUICIO DE AMPARO. NOTIFÍQUESE.
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MESA V. *EJECUTORIA CUMPLIDA* SE TIENE POR RECIBIDO EL ESCRITO QUE SUSCRIBE . POR MEDIO DEL CUAL. AHORA BIEN, VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA ESTE SUMARIO Y LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD A LA FECHA HA INFORMADO EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Y QUE LA PARTE QUEJOSA NO REALIZÓ MANIFESTACIÓN AL RESPECTO; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A RESOLVER SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA CON BASE EN LOS ELEMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE Y LOS DATOS APORTADOS POR LA AUTORIDAD, A FIN DE INDAGAR SI SE ENCUENTRA CUMPLIDA O NO LO ESTÁ, SI LA AUTORIDAD INCURRE EN EXCESO O DEFECTO, O SI HAY IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIRLA. SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. EL ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL. SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA COMO CONCLUIDO, AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito signado por Carina Beatriz Rosales Díaz, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la vista otorgada mediante auto de diez de abril del año en curso y, al efecto, manifiesta que ha recogido los avisos y que ha logrado hacer efectivos los pagos. Con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega el escrito de cuenta para que obre como corresponda, teniendo por hechas las manifestaciones que vierte la parte quejosa. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya se cuenta con las constancias necesarias para resolver sobre el cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo, la tesis VI. 1º P.27 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página ochocientos treinta y dos, del tomo XV, febrero de dos mil dos, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, la cual es del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo." Considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, procede verificar si las autoridades responsables dieron o no cumplimiento a ésta. En ese sentido, cabe recordar que el dos de junio de dos mil diecisiete, fue dictada la sentencia definitiva en el presente asunto (fojas 233 a 262) en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de Unión ampara y protege a Alfredo Gandur Rubistein, por derecho propio, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, por los motivos, fundamentos y para los efectos establecidos en el último considerando de este fallo." Inconforme con la resolución anterior, la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en representación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión en su contra (fojas 269 a 284), el cual fue radicado ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el toca R.A. 362/2017, y en sesión del nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 327 a 350), resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alfredo Gandur Rubinstein, contra el artículo reclamado, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia impugnada." En ese aspecto, debe precisarse que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para lo siguiente: "[.] No se excluya a la quejosa del beneficio contenido en el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vigente en dos mil diecisiete, hasta en tanto sea reformado; Se le aplique a la quejosa, la tarifa fija preferente prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del artículo 130, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente en dos mil diecisiete, por ser ésta la última prevista en las tablas de mérito; y, En su caso, se le paguen las diferencias que del referido cálculo resulten. [.]". Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 352 a 356), se procedió a requerir el cumplimiento del fallo protector al Tesorero del Distrito Federal, precisando que debía realizar lo siguiente: a) No se excluya al quejoso del beneficio contenido en el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vigente en dos mil diecisiete, hasta en tanto sea reformado; b) Aplicar a la parte quejosa, la tarifa fija preferente prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del artículo 130, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente en dos mil diecisiete, por ser ésta la última prevista en las tablas de mérito; y, c) En su caso, pagar las diferencias que del referido cálculo resulten. En ese sentido, mediante oficio registrado con el número de correspondencia 19247 de este índice (foja 358 a 360), la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en suplencia y por ausencia del Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, informó que correspondía al Administrador Tributario en Perisur, a la Directora de Servicios al Contribuyente y a la Dirección General de Administración Financiera, todos de la Secretaría de Finanzas de esta urbe, en el ámbito de sus atribuciones, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en la data referida, este Juzgado Federal procedió a requerir a dichas autoridades como vinculadas el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Luego de diversos requerimientos, a través del oficio registrado con el número 3106 de este índice (fojas 558 a 564), la Directora de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México informó que fueron entregados a la Dirección de Servicios al Contribuyente los avisos de pago originales respectivos a las cuentas por liquidar certificadas 100514 y 100516 a favor del aquí quejoso, por las cantidades de $9,685.00 (nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y $7,773.00 (siete mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), para su envío a la Administración Tributaria en Perisur, con la finalidad de que esta última las entregara a la parte quejosa. Con lo anterior, por auto de uno de marzo de la presente anualidad, se dio vista a Alfredo Gandur Rubinstein, para que hiciera valer lo que a su derecho conviniera. En desahogo al punto que antecede, mediante escrito registrado con número 3669 del orden cronológico de este juzgado (folios 585 a 587), Carina Beatriz Rosales Díaz, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, desahogó la vista otorgada en el auto referido en el párrafo que precede y, al efecto, mostró conformidad con las cantidades determinadas, pero manifestó que el representante legal del impetrante acudió a la Administración Tributaria en Perisur con la finalidad de recoger los avisos de pago referidos, los cuales le fueron entregados en dicha data; empero, no logró hacer efectivo el cobro de los mencionadas avisos, ya que la institución bancaria le informó que no se encontraban liberados. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho (588 y 589), este órgano jurisdiccional requirió al Administrador Tributario en Perisur para que informara lo conducente. Por oficio registrado con el número 4280 de este índice (folio 594), el Administrador Tributario en Perisur manifestó que no tenía información acerca del por qué no pudieron liberarse los avisos de mérito, de modo que solicitó una prórroga para cumplimentar el requerimiento. Por auto de veintitrés de marzo del año en curso, se concedió una prórroga de tres días (foja 596). Luego, mediante proveído de cinco de abril de este año (603 a 606), se requirió a la Dirección de Servicios al Contribuyente, para que remitiera copia certificada de la aprobación de los dictámenes de las cuentas 0520950200-5 y 05204516000-0, relativas a las referencias de pago 000010051416002018 y 000010051616002018 por las cantidades de $9,685.00 (nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y $7,773.00 (siete mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente, aprobados a favor del quejoso Alfredo Gandur Rubinstein. Así, mediante oficio con número de registro 5033 (fojas 615 a 626), el Administrador Tributario en Perisur solicitó a este Juzgado Federal se hiciera del conocimiento al quejoso que debía presentarse a cualquier otra ventanilla de la institución bancaria BBVA Bancomer a recoger el importe que correspondía a los avisos de pago para su cobro. Por auto de diez de abril de la presente anualidad (fojas 627 a 629), se requirió a la parte quejosa para que acudiera a cualquier institución bancaria BBVA Bancomer a recoger el importe correspondiente al aviso de pago para su cobro con folio 100514 y 100516 que amparaba las cantidades a devolver por los montos de $9,685.00 (nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), y $7,773.00 (siete mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); respectivamente, y acreditara el resultado de dicho trámite. En mérito de lo anterior, mediante escrito registrado con número de control interno 5651 (foja 657), parte quejosa manifestó que acudió a la institución bancaria BBVA Bancomer y que recogió los avisos de pago para su cobro, por lo que logró hacerlos efectivos sin mayor inconveniente. Corolario de lo expuesto, este Juzgado de Distrito advierte que la autoridad responsable realizó todo lo que se determinó en el fallo protector, es decir, acató los deberes jurídicos que le fueron impuestos, sin sobrepasar lo que se le ordenó. Bajo las anteriores circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que de la comparativa entre los efectos para los cuales fue concedida la protección constitucional y lo realizado por la Administración Tributaria en Perisur, se ha dado cumplimiento al núcleo esencial de ésta, pues la autoridad encargada realizó lo siguiente: I. Recalculó el impuesto predial que debía pagar la parte quejosa, sin aplicar el contenido del artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vigente en dos mil dieciséis; II. En dicho cálculo aplicó a la quejosa la tarifa preferente prevista en el artículo 130, fracción II, punto 1, inciso D, del Código Fiscal de la hoy Ciudad de México, determinando un saldo a su favor; y III. Realizó las gestiones administrativas correspondientes para expedir a favor de la parte quejosa los avisos de pago para entregar las cantidades a que tenía derecho la quejosa con motivo de la concesión del amparo, a saber, los montos de $9,685.00 (nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y $7,773.00 (siete mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Así, al actualizarse los efectos del fallo protector, con fundamento en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y en vigor al día siguiente, en relación con los diversos numerales 26, fracción I, inciso K), 27, fracciones I y III, 31, fracción II, 77, 196, segundo, tercero y cuarto párrafos, y 214 del propio ordenamiento legal, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 de la Novena Época, visible en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXX, diciembre de dos mil nueve que es del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En conclusión, se estima correcta la cantidad determinada por la autoridad vinculada al cumplimiento, por concepto de diferencias a devolver a la quejosa respecto del impuesto predial correspondiente a dos mil diecisiete, de modo que, como ya se anticipó, se tiene por cumplida la sentencia. Robustece lo expuesto, el criterio registrado con el número I.10o.A.22 A (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, julio de dos mil dieciséis, Tomo III, página 2183, cuyo rubro y texto son: "PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LAS CANTIDADES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL BENEFICIO FISCAL QUE REGULA EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, NO PUEDE DESCONOCER LA TARIFA PROGRESIVA DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2014). La concesión del amparo contra el beneficio fiscal de la reducción de pago del impuesto predial, regulado en el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente en 2014, por considerarlo violatorio del principio de equidad tributaria, tiene como efecto aplicar la cuota fija reducida regulada en el rango D de dicha porción normativa, a los inmuebles cuyo valor catastral se ubique entre los rangos E al P. En estas condiciones, si se toma en cuenta que lo que se declaró inconstitucional fue la porción normativa que regula ese beneficio fiscal, ello implica que la mecánica del tributo regulada en la fracción I de dicho precepto y que está diseñada sobre valores progresivos, continúa rigiendo el cálculo del impuesto. Por ello, a efecto de respetar el carácter progresivo de la tarifa aplicable, conforme al cual, el impuesto predial aumenta escalonadamente con un margen de mínima diferencia conforme se avanza del límite superior del valor catastral de un rango, al límite inferior del siguiente, para concretar el efecto del fallo protector es necesario aplicar al valor catastral del inmueble, cualquiera que éste sea, los valores atinentes al límite inferior y porcentaje sobre el excedente regulados para el rango D, porque sólo de esa manera se conserva la progresividad indicada. Estimar lo contrario implicaría calcular el impuesto con los valores y porcentajes de los rangos del E al P, dependiendo del valor catastral y luego aplicar la mencionada cuota fija reducida del rango D, punto 1, fracción II, lo que en la práctica implicaría caer en el absurdo de que un inmueble de mayor valor, por estar ubicado en el límite inferior de un rango, tribute menos que uno de menor valor que se encuentre en el límite superior de un rango anterior. Atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo Primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, se procederá a la desincorporación de las constancias que lo integran para su destrucción, debiendo conservar únicamente la demanda de amparo, escrito de ampliación de demanda en su caso y la sentencia respectiva. Lo anterior, porque de conformidad con el considerando Décimo Sexto del citado Acuerdo General el asunto no tiene relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Punto Décimo Primero y Vigésimo Quinto, del multicitado acuerdo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, se ordena remitir el expediente de que se trata como concluido, al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Gustavo Andrés Morales Sotres, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo (autorizado de conformidad con el oficio número CCJ/ST/1629/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal), asistido por el Secretario José Antonio Bernal Arzaluz, quien autoriza y da fe. Doy fe. GAMS/JABA/jaso EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ EL SECRETARIO
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