Alfredo Galindo Ruiz y Otros.
Expediente 1214/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Galindo Ruiz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; en atención a su contenido, mediante oficio que se gire, remítasele copia certificada de las constancias que solicita de este juicio de amparo. Hecho lo anterior, devuélvase al archivo definitivo.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 82 y 83), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que la autoridad responsable haya quedado notificada del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Incidental
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1214/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese para los efectos legales a que haya lugar el oficio suscrito por el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por el que remite copia certificada del diverso oficio del Juez de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 22/2016, del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos de Ciudad Juárez Chihuahua. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la parte quejosa reclamó del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos de Ciudad Juárez Chihuahua, la omisión de dar contestación a su solicitud de copia de la causa penal 4-373/2007. El Juez responsable, al rendir su informe justificado (foja 30), convino en la existencia del acto reclamado; sin embargo, manifestó que el dos de agosto de dos mil dieciséis, acordó el escrito del aquí quejoso ordenando expedir las copias solicitadas en la causa penal 4-373/07, de su índice; que el seis de octubre del presente año, por conducto del Ejecutor del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, le fueron entregadas al quejoso Alfredo Galindo Ruiz, en tres tomos las copias solicitadas (foja 75 vuelta). Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, en razón de que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, en tanto que, el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos de Ciudad Juárez Chihuahua, el dos de agosto de dos mil dieciséis, acordó el escrito del quejoso ordenando expedirle las copias que solicitó y el seis del actual el Ejecutor del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, le entregó las aludidas copias. Por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (foja 53). Notifíquese personalmente.
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