Alfredo Gabriel Miranda Solano
Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alfredo Gabriel Miranda Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Miguel Tadeo Pérez Santos autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las documentales exhibidas en el escrito inicial de demanda. Con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa las documentales que refiere, previa copia certificada que de su desglose se deje asentada en autos, así como de la toma de razón que de su recibo conste para la debida constancia legal, por conducto de la persona que menciona en el escrito de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo archívese el presente asunto como totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse conforme penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. De igual forma, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. En la Ciudad de México, a las doce horas con cincuenta y siete minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 868/2020, promovido por ********************, en audiencia pública, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del Secretario Felipe Camacho Silva, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo y anexos, auto admisorio, ampliación de demanda por lo que se refiere a los conceptos de violación, las constancias de notificación a las partes y los informes justificados de las autoridades responsables, así como los acuerdos en donde se proveyó lo conducente. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó intervención alguna. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Con lo que se concluye el período de referencia. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado al Juzgado Décimo de Distrito en la misma materia y jurisdicción el mismo día, ********************, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: "I. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 5. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público." "II. ACTOS RECLAMADOS: 1. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reclamo la discusión y aprobación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en sus párrafos noveno, décimo y décimo primero. 2. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, reclamo la discusión y aprobación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en sus párrafos noveno, décimo y décimo primero. 3. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo la promulgación y orden de publicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en sus párrafos noveno, décimo y décimo primero. 4. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, reclamo la emisión de la 73ª Disposición de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 5. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reclaman los siguientes actos: a) La aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en sus párrafos noveno, décimo y décimo primero. b) La aplicación de la 73ª Disposición de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. c) Como consecuencia de lo anterior, la emisión de la resolución de ********************, a que hace referencia la fracción II de la 73ª Disposición de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relacionada con el acuerdo de bloqueo ********************, y la abstención de dar a conocer a mi representada el contenido completo e íntegro de tal determinación." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La quejosa señaló que en el caso no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; indicó como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Incompetencia. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte (fojas 35 a 39), el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México registró la demanda de amparo bajo el expediente 772/2020; y, determinó su incompetencia para conocer del asunto por razón de turno. CUARTO. Se avoca al conocimiento del asunto y se admite demanda. Mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte (fojas 42 a 47), este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento y admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una norma de carácter general y su acto de aplicación, éste de naturaleza administrativa con ejecución material dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Sustenta lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama: De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de la República: a) La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación, del decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Crédito, en concreto el artículo 115, párrafos noveno, décimo y décimo primero. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: b) La expedición de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en concreto la 73ª Disposición. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: c) La resolución de ********************, relativa a la garantía de audiencia ******************** derivada del Acuerdo de Bloqueo ********************. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (fojas 103 y 104), Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (fojas 100 a 102) y Presidente de la República (fojas 112 a 133), consistentes en el respectivo ámbito de su competencia, en la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación, del decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Crédito, en concreto el artículo 115, párrafos noveno, décimo y décimo primero. Igualmente, es cierto el acto reclamado al Secretario de Hacienda y Crédito Público (fojas 50 a 73), consistente en la expedición de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en concreto la 73ª Disposición. Lo anterior, pues así lo manifestaron dichas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados. Además de que, tal ordenamiento reclamado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Por otro lado, es cierto el acto reclamado al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la resolución de ********************, relativa a la garantía de audiencia ******************** derivada del Acuerdo de Bloqueo ********************. Certeza de acto que se corrobora con la propia resolución exhibida por la autoridad responsable (fojas 152 a 181), a la que con fundamento en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se le concede valor probatorio pleno. CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la resolución de ********************, relativa a la garantía de audiencia ******************** derivada del Acuerdo de Bloqueo ********************, mediante la cual se determinó que no procede la eliminación del ahora quejoso de la lista de personas bloqueadas y, que por tanto subsisten los efectos del Acuerdo ********************. El citado artículo establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Conforme al precepto transcrito, para que se actualice la causa de improcedencia señalada, es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia y, si éste es de carácter omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama; para que con ello, en forma total e incondicional, se destruyan todos los efectos del acto u omisión, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto u omisión no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o, habiendo irrumpido en ella, no dejen ninguna huella de dicha afectación. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En concreto, se actualiza la referida causa de improcedencia por lo siguiente. Mediante Acuerdo ********************, se designaron personas para ser incorporadas a la lista de personas bloqueadas, imposición de dicha medida cautelar que derivó de una investigación desarrollada por la propia Unidad de Inteligencia Financiera, respecto de cuestiones estrictamente nacionales, como es que el quejoso introdujo recursos económicos al sistema financiero nacional mediante multiplicidad de actos que llevaron a la autoridad a establecer que probablemente tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y destino final. En contra de la anterior determinación, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, mismo que se radicó bajo el número de expediente ********************. En el procedimiento administrativo relativo, la parte quejosa compareció mediante escrito presentado el ********************, en el que formuló alegatos y ofreció pruebas. El ******************** se dictó la resolución relativa a la garantía de audiencia ******************** derivada del Acuerdo de Bloqueo ********************, en la que se determinó que no procede la eliminación del ahora quejoso de la lista de personas bloqueadas y, que por tanto, subsisten los efectos del Acuerdo ********************. La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Con fecha ********************, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en el juicio de amparo ********************, en la que por un lado, sobreseyó en el juicio y, por otro, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dejara insubsistente el Acuerdo ******************** por el que se incluyó a ******************** en la lista de personas bloqueadas, así como los actos subsecuentes, derivados del mismo o relacionados con aquél, única y exclusivamente en lo que se refiere al quejoso, en virtud de tener origen en cuestiones puramente nacionales. La sentencia de mérito fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante ejecutoria de ********************, dictada en el amparo en revisión R.A. ********************. En cumplimiento al fallo de amparo en mención, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el Acuerdo ********************, de tres de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual dejó sin efectos el Acuerdo ********************, de ********************, únicamente por lo que se refiere al ahora quejoso y, lo eliminó de la lista de personas bloqueadas. En consonancia con lo anterior, mediante oficio ********************, de ********************, recibido en este órgano jurisdiccional el treinta de junio de dos mil veintiuno (fojas 257 y 258), el propio Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló de manera expresa que, derivado de la emisión del Acuerdo ********************, el ahora quejoso fue eliminado de la lista de personas bloqueadas, por lo que la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno dictada en la garantía de audiencia ********************, ha quedado sin efectos, toda vez que el quejoso ya no se encuentra dentro de la citada lista. Conforme a lo relatado, queda evidenciado que la resolución de ********************, relativa a la garantía de audiencia ******************** derivada del Acuerdo de Bloqueo ******************** -que constituye el acto destacado en el presente juicio de amparo-, fue dejada sin efectos por su propia emisora. En esas condiciones, se estima que ya cesaron los efectos del mencionado acto reclamado, en virtud de que la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio de amparo quedó extinguida. En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la citada ley. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Crédito, en concreto el artículo 115, párrafos noveno, décimo y décimo primero y, a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en concreto la 73ª Disposición, en razón de que el presente juicio se declaró improcedente respecto al acto de su aplicación. Cobra aplicación a la consideración anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 2ª./J 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese; y, de manera electrónica a la parte quejosa. Lo resolvió y firma Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, el mismo día en que concluye la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa.
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