Alfredo Flores Valdes

Expediente 48/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
48/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Flores Valdes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante proveído quince de febrero de dos mil veintitrés, se requirió al quejoso para que en el plazo de tres días, se constituyera en las instalaciones que ocupa la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que le fuera entregado el cheque *********** expedido en su favor, sin que a la fecha se tenga conocimiento si ya recibió dicho título de crédito Por tanto, requiérase al quejoso para que en plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este juzgado Federal si ya le fue entregado el cheque ******* expedido en su favor, y si al verificar su cobro ante la institución bancaria correspondiente, recibió la totalidad de los recursos que amparan dicho título de crédito. Finalmente, agréguese a los autos el oficio firmado en representación de la directora general de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin que se realice mayor pronunciamiento sobre su contenido, en virtud de lo expuesto, aunado a que, en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés se requirió al subdirector de Relaciones Laborales de la propia fiscalía, para que remitiera las constancias relativas a la expedición y entrega del título de crédito mencionado. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, se negó el amparo de la justicia Federal y se concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria. Ahora bien, del estado procesal de los autos de los que se advierte que este juzgado concedió la protección constitucional y que del análisis del noveno considerando de la misma se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) NOVENO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.)" De la transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil veintitrés, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. Requerimiento de cumplimiento En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y en razón de que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten: a) Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince: Registro Federal del Contribuyente: ******************** Lo anterior, en razón de que el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y, c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Todo lo anterior, en el entendido de que: Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Por lo expuesto y fundado********************se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio en términos de los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ****************************************sociedad anónima de capital variable (2999/2015) y ********************sociedad anónima de capital variable (3462/2015)********************por los actos y motivos expresados en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a ****************************************sociedad anónima de capital variable (2999/2015) y ********************sociedad anónima de capital variable (3462/2015)********************por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia.********************Notifíquese********************y personalmente a las quejosas.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por los actos, autoridades y motivos expresados en el octavo considerando de esta sentencia. Notifíquese, a la quejosa por medio de lista en cumplimiento a lo determinado en proveído dictado el dos de septiembre de dos mil veintidós.

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