Alfredo Figueroa Martínez
Expediente 262/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfredo Figueroa Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso Alfredo Figueroa Martínez, no impugnó el proveído de catorce de junio del año en curso (fojas 7 a 11), por el que desechó la demanda de amparo que promovió contra actos del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Matías Romero, Oaxaca, y otra autoridad, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, ., se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, atendiendo a la certificación de cuenta, y toda vez que en el presente expediente no quedan cuestiones pendientes por acordar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, ..; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales y el auto que desechó la demanda de amparo, dio por concluido este juicio, sin decidirlo en lo principal; como consecuencia de lo anterior, .., transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y carátula de este expediente.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve Alfredo Figueroa Martínez, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Matías Romero, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 262/2019. Antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: . En la especie, se advierte que contra el acto aquí reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: . El precepto legal transcrito contiene una de las modalidades del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, según la cual éste es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales, conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo los casos que expresamente señala, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso, el quejoso reclama el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente familiar 460/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, por el que se ordena girar oficio a la Clínica Médica Azul, para que informe a la responsable si dejó de prestar servicio médico al menor Fred Figueroa Enríquez, y de ser afirmativa su respuesta inmediatamente reactive el servicio, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, haciéndole saber que se le requirió al acreedor alimentario, aquí quejoso, realice los trámites correspondientes para la reactivación del servicio. Como antecedentes del acto reclamado el peticionario del amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "1.- La señora María Eugenia Enríquez y Guerrero, por medio de un escrito fechado 8 de Mayo de 2019, compareció ante el Juzgado Primero de lo familiar de Matías Romero, Oaxaca, promoviendo en el expediente Familiar 460/1016, del índice de dicho Juzgado, solicitando que se requiera al demandado ahora quejoso en mención para que haga ante la Empresa para la que labora los tramites respectivos para dar de alta a nuestro menor hijo y reciba atención médica, apercibiéndolo que de no hacerlo se le aplicara uno de los medios de apremio que señala la Ley", por lo que al no contestar dicha vista, tácitamente se entiende que está aceptando la propuesta que hago valer respecto a que se dé de alta a mi menor hijo en la institución médica que tienen para que pueda recibir atención médica". 2.- El caso es que con fecha 21 de Mayo de 2019, el C. Juez responsable ordenadora, dicto auto admisorio el escrito de solicitud de fecha ocho de Mayo de 2019, a favor de la señora María Eugenia Enríquez y Guerrero, mismo que se transcribe para una mejor ilustración" (sic). Así las cosas, se estima que tal peticionario no cumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de amparo, al no haber agotado el recurso de revocación que pudo hacer valer en contra del referida auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, medio de impugnación cuya procedencia en la especie deriva de lo previsto en los artículos 666 y 673, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca vigente, los cuales establecen lo siguiente: . Disposiciones normativas que resultan aplicables, por remisión del diverso numeral 974 que se encuentra dentro del Título Decimoséptimo, Capítulo Único. De las controversias de orden familiar, que establece lo siguiente: . En efecto, de la relación de los citados normativos se advierte que en las controversias del orden familiar son procedentes los recursos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Lo que en el caso cobra actualidad, ya que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente familiar 460/2016, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, por el que se determinó girar oficio a la Clínica Médica Azul, para que informe a la responsable si dejó de prestar servicio médico al menor Fred Figueroa Enríquez, y de ser afirmativa su respuesta inmediatamente reactive el servicio, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, haciéndole saber que se le requirió al acreedor alimentario, aquí quejoso, realice los trámites correspondientes para la reactivación del servicio. Por lo que si el asunto del que deriva el acto reclamado se tramita en la vía de controversias del orden familiar, resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, el impetrante del amparo debió impugnar el auto que en esta instancia constitucional reclama, a través del recurso ordinario de revocación, de conformidad con los artículos 666, 673 y 974 del código adjetivo civil invocado, al resultar el quejoso parte demandada en el procedimiento del que deriva dicho acto. Sin que en el caso, se actualice alguna causa de excepción al principio de definitividad, que establece el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, incisos a), b), c), d) y c), toda vez que en este asunto no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, auto de vinculación a proceso, ni resulta ser extraño al procedimiento de origen, pues se trata de la parte demandada en el juicio de origen. De igual forma, se estima, que el acto reclamado no requiere de una interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, puesto que, como se vio, el numeral 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establece claramente que en los asuntos ventilados en la vía de controversias del orden familiar son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en ese código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo, y en el Título Décimo Segundo, Capítulo I, del citado ordenamiento legal en que se prevé la procedencia de los recursos de revocación y apelación. Legislación que aplicó la autoridad responsable al emitir el acto que se reclama pues al efecto, señaló los artículos 124, 127 y 179, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Oaxaca. Por tanto, si el quejoso no interpuso dicho medio ordinario, el cual debió agotar pues no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Efectivamente, el quejoso debió agotar el recurso de revocación previsto en los dispositivos antes transcritos, pues al ser parte formal y material en el juicio de origen, le asistía la carga procesal de agotar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción de amparo, ya que se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado y al no agotarse dicho recurso ordinario a través del cual hubiera sido modificada o revocada, resulta improcedente la presente demanda de amparo. Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y el texto siguiente: . En el caso, no se desatiende que el acto reclamado pueda considerarse como un acto de imposible reparación; sin embargo, ello no constituye una excepción al principio de definitividad, como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en asuntos donde intervienen menores, quienes por sus condiciones cuentan con una suplencia de gran magnitud atendiendo al interés superior del menor. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, que establece lo siguiente: En este mismo sentido se invoca la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) emitida por la misma Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, que establece: . En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al existir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia examinado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Los criterios jurisprudenciales citados son aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la parte quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Rodolfo Enríquez Morales, Jesús Morales Sánchez y Natalia Mejía Velázquez, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligadas en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil, aunado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a sus nombres en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este Juzgado. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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