Alfredo Figuero Baltazar
Expediente 341/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfredo Figuero Baltazar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********************, quien se ostenta defensor particular del quejoso******************** contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, en la que señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: sentencia reclamada dictada por el MAGISTRADO DE LA SÉPTIMA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA en el Estado dictada dentro del toca de apelación XI-10/2018 en el que resolvió infundados los agravios expuestos por la defensa, CONFIRMANDO el auto de fecha 13 de febrero de 2018 en el que se vinculó a proceso al quejoso de iniciales (AFB) por las lesiones de la victima de iniciales (ACS); sentencia que intenta ejecutar EL JUEZ DE CONTROL REGIÓN URUAPAN a quien le di la denominación de autoridad ejecutora , quien dicto vinculación a proceso de mi representado que ahora es confirmada por la alzada." Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si los actos reclamados por el impetrante de garantías, llevan implícita una ejecución, la cual se llevará a cabo en la localidad donde reside, esto es, en Paracho, Michoacán, lo anterior, en virtud de que así lo manifestó en los antecedentes de su demanda, de los que se advierte que ese lugar es donde reside y ocurrieron los hechos que narró como antecedentes. Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta defensor particular del quejoso******************** a un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, el quejoso tiene su residencia y es el cual se lleva a cabo la ejecución del acto reclamado. Máxime que atendiendo a la naturaleza del delito de lesiones, el mismo no amerita prisión preventiva oficiosa, como lo establece el artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional Procedimientos Penales Sin que ello obste el hecho de que de la autoridad señalada como responsable en esta demanda de garantías tenga su domicilio en esta ciudad, pues la competencia planteada en el particular es atendido a lugar de ejecución del acto reclamado, lo que sustenta la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Así como por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 147/2005 emitida por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Penal, visible en la página 174, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, y se ordena remitir oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Uruapan, Michoacán, para que sea turnado al Juzgado correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito, en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado -virtud a que el mismo se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en este Juzgado, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas que refiere, toda vez que no se encuentran dentro del aludido registro en el entendido de que el mismo es un trámite únicamente de carácter personal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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