Alfredo Estrada Mora
Expediente 1500/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1500/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alfredo Estrada Mora
- Juzgado Especializado de Control Unico Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estad de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1500/2022-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Jojutla, Morelos, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1500/2022-II, promovido por********************por conducto de su defensor particular; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida el día siguiente, en este órgano jurisdiccional,********************por conducto de su defensor particular solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número 1500/2022-II, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El tercero interesado Agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal fue emplazado el seis de diciembre de dos mil veintidós. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa lugar donde radica la autoridad responsable. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: Del Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos: La resolución emitida en la audiencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal ******************** en la cual se declaró al quejoso sustraído de la acción de la justicia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos, pues así lo informó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las constancias remitidas como complemento a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas de la causa ******************** y un disco óptico. Documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de Amparo, al constituir actuaciones realizadas por las referidas autoridades con motivo y en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Mientras que el disco óptico adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; ello, conforme a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causal de Improcedencia fundada Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia por ser una cuestión de estudio preferente. De oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII primer párrafo, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". De la lectura de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que la acción constitucional es improcedente cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto el cual trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar la conducta reclamada sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional (cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la controversia en el presente asunto y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo), constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional, al analizar la cuestión de fondo, invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, ésta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. Es importante destacar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo es el cambio de situación jurídica, esto es, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Sobre este aspecto, conviene precisar que para actualizarse la causa de improcedencia analizada, ese cambio de situación jurídica debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo; entendido éste, en términos genéricos, como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual -se considera- estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica preexistente, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales realizadas con anterioridad. Asimismo, para actualizarse la causa de improcedencia en estudio, también es necesario que no puedan examinarse las violaciones alegadas por la parte quejosa respecto de los diversos actos reclamados, sin que al hacerlo, se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido; esto es, si la juzgadora de amparo analiza los actos reclamados y declara fundadas las objeciones del peticionario, tendría que anularlos por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo cual sería lógica y jurídicamente inadmisible y contrario a la finalidad del juicio de legalidad, pues la sentencia de amparo no podría restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones aducidas por el gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". De la tesis transcrita, se deducen los elementos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia de mérito, a saber, que: 1) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; 4) Haya autonomía o independencia entre los actos que se reclamaron en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Ahora bien, con el fin de analizar la causa de improcedencia es necesario realizar una relatoría a manera de antecedentes, las cuales se desprenden de la copia certificada de la causa penal de origen remitido por el Juez responsable con el informe justificado: 1. Por resolución emitida el trece de junio de dos mil veintidós en la causa penal ********************, el Juez responsable emitió auto de no vinculación a proceso a favor de los imputados, entre otros, ******************** 2. Inconforme con dicha determinación el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable interpuso recurso de apelación. 3. Mediante resolución emitida en el toca penal ******************** el once de octubre de dos mil veintidós, la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, revocó la resolución emitida el trece de junio de dos mil veintidós dentro de la causa penal ******************** respecto del auto de no vinculación a proceso a favor, entre otros, del aquí quejoso y dicto auto de vinculación a proceso en contra del solicitante de amparo y otros 4. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós el Juez responsable, tuvo por recibida la resolución emitida por la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y señalo fecha para que tuviera verificativo la audiencia de investigación complementaria e imposición de medidas cautelares. 5. El siete de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Especializado de Control del Distrito único en el Estado, con sede en Jojutla, Morelos, declaró sustraídos de la acción de la justicia al quejoso. 6. Mediante escrito de fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, el solicitante de amparo********************por conducto de su defensor interpuso recurso de apelación contra la determinación emitida el siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable tuvo por interpuesto al recurso de apelación y corrió traslado a las demás partes. 8. El veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos, tuvo por recibido el oficio suscrito por los comandantes adscritos a la Dirección de Aprehensiones de la Zona Sur Poniente de la Policía de Investigación Criminal mediante el cual dieron cumplimiento a la orden de aprehensión de ********************, dejándolo a disposición del mencionado Juez, interno en la Cárcel Distrital de Jojutla, Morelos. 9. En diligencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós el Juez responsable a solicitud del Agente del Ministerio Público de su adscripción decretó al solicitante de amparo la medida cautelar prevista en la fracción XIV, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimiento Penales consistente en la prisión preventiva. 10. Mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, emitido en el toca penal ******************** la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos declaró sin materia el recurso de apelación interpuesto por ******************** Ahora bien, para explicar la causa de improcedencia invocada, se procede a explicar en el caso, los elementos necesarios contenidos en la tesis 2ª. CXI/96 transcrita en párrafos que anteceden 1. El acto reclamado en el presente juicio emana de un procedimiento judicial ya que se emitió en la causa penal ******************** 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambio la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso al haberse celebrado la audiencia de plazo de cierre de investigación y medidas cautelares en la causa penal de origen, en la cual con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso se le impuso la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prisión preventiva oficiosa. 3. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; pues en audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se le impuso al quejoso con motivo del cumplimento de la orden de aprehensión la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prisión preventiva, que actualmente rige la situación jurídica del quejoso en la causa penal ******************** quedando superada la resolución emitida en la audiencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal antes mencionada, en la cual se declaró al quejoso sustraído de la acción de la justicia. 4. Hay autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dicha hipótesis se encuentra actualizada en el caso, pues si bien el siete de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal ******************** en la cual se declaró al quejoso sustraído de la acción de la justicia, lo cierto es que en diligencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, el Juez responsable le impuso al quejoso con motivo del cumplimento de la orden de aprehensión la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es autónomo e independiente a la declaratoria de sustracción de la justicia reclamada. En otras palabras, con motivo de la audiencia a que se hizo referencia, existe un cambio de situación jurídica en virtud de que se produjo un acto posterior al acto reclamado, consistente en la audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal ********************, por lo que la resolución materia del presente juicio consistente en la resolución de siete de noviembre de dos mil veintidós, ha dejado de surtir efectos legales y como consecuencia ha operado un cambio de situación jurídica, de manera que no es posible analizar el acto reclamado, ya que de hacerlo se afectaría la situación creada con motivo de la existencia del nuevo acto, resultando, por ende, irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. En mérito de lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de lo expuesto en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio proveniente del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Jojutla, Morelos, mediante el cual remite las constancias solicitadas. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo las documentales indicadas, con las cuales se da vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio remitido por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Jojutla, Morelos, mediante el cual desahoga parcialmente el requerimiento efectuado mediante determinación de veintidós de febrero pasado; al efecto únicamente remite un DVD que contiene el audio y video de la audiencia de veintiocho de diciembre dos mil veintidós. Atento a lo anterior, toda vez que este juzgado federal está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Jojutla, Morelos, para que dentro del término de tres días, remita el audio y video de la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ejecutó la orden de aprensión y la puesta a disposición, relativo a la carpeta de investigación ********************. Apercíbase a la autoridad indicada que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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