Alfredo Estrada Herrera

Expediente 682/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 62 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
682/2021
Año
2021
Actuaciones
62
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Estrada Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 62.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que dentro del término legal concedido, ninguna de las partes se inconformó en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el diverso numeral 86, ambos de la Ley de Amparo y, el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo CAUSA ESTADO para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al caso concreto y en lo conducente -hasta en tanto entre en vigor el nuevo Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo, con base en el aludido Acuerdo General-; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del ordinal 21 inciso a), del abrogado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el en el artículo 20 fracción I, del referido Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso b) de la fracción III del artículo 17, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es conservable, debido a que la medida cautelar provisional y definitiva se concedió; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 19 del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro electrónico de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, en virtud de que resultan innecesarias las constancias que el quejoso ALFREDO ESTRADA HERRERA anexó a su escrito de demanda y las que el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en Tepic, Nayarit, acompañó a su informe justificado; por tanto, se ordena comunicar a la parte quejosa mediante notificación personal de este proveído, para que dentro del plazo de noventa días acuda a este Juzgado de Distrito a recoger las mencionadas constancias; con apercibimiento que en caso de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente una vez transcurridos tres años; en tanto que mediante oficio con auto inserto del presente auto, devuélvansele las constancias relativas a la aludida autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de tres días que se otorgó al quejoso ALFREDO ESTRADA HERRERA, mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, para que compareciera ante este Juzgado de Distrito, a recoger la carta rogatoria con sus anexos, a fin de emplazar a la tercera interesada Rafaela García Angulo y para que realizara las traducciones correspondientes para su remisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés; por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo por falta de interés en su prosecución, toda vez que este juzgador federal advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; (.)" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Ello es así, dado que de la lectura de tales numerales se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, además de los supuestos particulares que prevé el artículo 61, establece una causal genérica, que se actualiza cuando se vincula con algún otro precepto de la propia Ley de Amparo y, el último artículo de referencia, consagra el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando la parte quejosa no acredite dentro del término de veinte días, que entregó para su publicación los edictos ordenados a efecto del llamamiento a juicio del tercero interesado. Es conveniente precisar que, para poder afirmar que se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, es necesario que se cumpla cuando menos con los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Corrobora tal aseveración, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.". En segundo término, se tiene que el primer requisito que se exige para que se pueda considerar que en un juicio se han cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, lo es precisamente la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Novena Época, Registro: 200234, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 47/95, Página: 133 Esto es, el emplazamiento se constituye como un acto formalísimo y trascendental mediante el que se salvaguarda la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que su omisión o indebida verificación conlleva una violación procesal de tal magnitud que, de actualizarse, impide a la parte demandada oponer las defensas y excepciones respectivas, ofrecer los medios de prueba con que cuente y ser escuchada a favor de sus intereses, situándola en un plano de desigualdad en la controversia frente a la parte actora. De ahí, que sea indispensable que en esa actuación procesal se cumplan en su totalidad las formalidades previstas por la ley, pues de lo contrario se dejaría de cumplir con el objetivo de la garantía de audiencia, que es precisamente el de evitar la indefensión del afectado. Por tanto, la exigencia de realizar el trámite correspondiente, en el caso recoger la carta rogatoria con los anexos de Ley, a fin de que realizara las traducciones correspondientes y dispusiera lo necesario para que este Juzgado estuviera en aptitud de proceder a su remisión a la autoridad exhortada, Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra plenamente justificado, aunado a que las propias leyes internacionales establecen a cargo de quien debe recaer el gasto que genere dicho trámite -como se precisó en el auto de trece de marzo de dos mil veintidós-, sin que ello implique violación alguna sobre los derechos de acceso a la impartición de justicia y de justicia gratuita reconocidos por el artículo 17 de la Ley Fundamental, ya que el hecho de que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos es legal, porque resulta jurídicamente aceptable que cada procedimiento tenga diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del órgano jurisdiccional al no ser un derecho absoluto, que contravenga el principio de gratuidad en la administración de justicia, ya que encuentra su justificación al velar porque se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que protegen los intereses de ambas partes. En consecuencia, la causa de improcedencia que se invoca tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no justificar que realizó los trámites para la traducción respectiva de la carta rogatoria, en términos de lo ordenado en la "Convenio de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", a fin de emplazar al presente juicio de amparo a la tercera interesada Rafaela García Angulo, lo que lleva a estimar que incumplió con un presupuesto procesal que imposibilita al suscrito para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues tal omisión, atribuible al peticionario del amparo, queda paralizado el juicio de amparo, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino, como se dijo, a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del impetrante de amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad; razones éstas que llevan a determinar que en el caso lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, aun fuera de audiencia, en términos del ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII en concordancia con el numeral 27 fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 Constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil setecientos setenta y nueve del tomo veintisiete correspondiente al mes de enero de dos mil ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto dice: "EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS EN UN JUICIO DE AMPARO. EL PAGO DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A SU RECEPCIÓN EN EL EXTRANJERO CORRE A CARGO DEL INTERESADO CONFORME A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A DICHA CONVENCIÓN.". Asimismo, por analogía, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo dieciséis, julio de dos mil dos, página doscientos once, que textualmente dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que sea obstáculo a lo anterior, la diversa jurisprudencia 2a/J.108/2010, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, en el Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, visible en la página 416, Novena Época, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"; toda vez que de las constancias que integran los autos del juicio de amparo biinstancial en que se actúa, no se advierte la imposibilidad del quejoso ALFREDO ESTRADA HERRERA, para cubrir los gastos que se generen con la traducción de la carta rogatoria y sus anexos ya mencionados, ni se advierte que existan indicios que demuestren que no tiene la capacidad económica para financiar dicha tramitación, así como tampoco obra manifestación alguna por parte del aludido peticionario de amparo, en el que haya manifestado dicha incapacidad; sino por el contrario, de autos se demuestra un evidente desinterés por parte del promovente del amparo para la continuación del juicio constitucional, como se ha señalado con antelación; de ahí, que se proceda en los términos ya precisados. A mayor abundamiento, resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia II.2o.C. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1868, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA." Por último, en atención a lo acordado en los párrafos que anteceden, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las doce horas con treinta y dos minutos del diez de abril del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez y la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, devuelven sin diligenciar el exhorto 30/2023 del índice de este Juzgado de Distrito, que se le envió a efecto emplazar al presente juicio de amparo a la tercera interesada Rafaela García Angulo. En consecuencia, dése de baja el aludido exhorto en el libro electrónico de Comunicaciones Oficiales enviadas, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; luego, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo correspondiente, toda vez que la comunicación oficial de referencia fue devuelta vía electrónica a través del citado Sistema, el cual genera el referido acuse. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no ha sido posible emplazar al presente juicio a la referida tercera interesada Rafaela García Angulo, no obstante que ya se hizo el procedimiento de búsqueda ante diversas Instituciones, aunado a que se ha ordenado su emplazamiento en diversos domicilios que han sido proporcionados por la parte quejosa, sin tener éxito alguno; luego, advirtiéndose que la parte quejosa por conducto de su autorizado legal, mediante escritos presentados en este Juzgado de Distrito el veintinueve de agosto de dos mil veintidós y diecisiete de enero del año en curso, señaló como domicilio para emplazar al presente juicio a la tercera interesada Rafaela García Angulo, el ubicado en Avenida Coronado número 2838, entre calles Dearborn Dr y Avenida Madden, en San Diego, California, Código Postal 92154, en Estados Unidos de América, y solicita se le emplace mediante carta rogatoria. El artículo 27 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. El texto del precepto trascrito, se desprende que tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio, si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es conveniente precisar que, para poder afirmar que se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, es necesario que se cumpla cuando menos con los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Corrobora tal aseveración, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.". En segundo término, se tiene que el primer requisito que se exige para que se pueda considerar que en un juicio se han cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, lo es precisamente la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Esto es, el emplazamiento se constituye como un acto formalísimo y trascendental mediante el que se salvaguarda la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que su omisión o indebida verificación conlleva una violación procesal de tal magnitud que, de actualizarse, impide a la parte demandada oponer las defensas y excepciones respectivas, ofrecer los medios de prueba con que cuente y ser escuchada a favor de sus intereses, situándola en un plano de desigualdad en la controversia frente a la parte actora. De ahí, que sea indispensable que en esa actuación procesal se cumplan en su totalidad las formalidades previstas por la ley, pues de lo contrario se dejaría de cumplir con el objetivo de la garantía de audiencia, que es precisamente el de evitar la indefensión del afectado. Debe destacarse que el derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto 4 Novena Época, Registro: 200234, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 47/95, Página: 133 Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 del Pacto Federal, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 de la Norma Suprema, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón la tesis I.6o.C.9 K (10a.) 5 , de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se 5 Décima Época, Registro: 2010769, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.6o.C.9 K (10a.), página 3318. traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción." En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio de los demandados dado que su domicilio se encuentra fuera del país, se tiene que los convenios internacionales prevén las reglas y condiciones bajo las cuales las mismas pueden llevarse a cabo a través de la carta rogatoria. Bajo ese orden de ideas, se tiene que si bien, las diligencias que se practiquen en el extranjero, únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indispensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación; además se librará el despacho correspondiente, tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. En caso de no existir tratados o convenios, los despachos serán remitidos por vía diplomática, al lugar de residencia de la autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas de las autoridades que los expidan caso del que quedarán exceptuados cuando las leyes o prácticas del país a donde se libre el despacho, no establezcan ese requisito. Al respecto, México adoptó para este tipo de notificaciones lo dispuesto en el "Convenio de La Haya sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial", cuyo objetivo es conciliar los diversos sistemas de notificación utilizados en los países, así como construir y mejorar mecanismos para facilitar y agilizar la cooperación entre los Estados, a efecto de facilitar el traslado de documentos. Es decir, regula los procedimientos para que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero, sean conocidos por sus destinatarios. Por ello, para que las personas que viven en el extranjero puedan ser emplazadas a un procedimiento en nuestro país, existe la necesidad de llevar a cabo una serie de procedimientos que por sí mismos implican un costo, cuya erogación no puede encontrarse a cargo del Estado. Así como la diversa tesis 6 que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo de rubro y epígrafe es del tenor siguiente: "CARTA ROGATORIA. CUANDO SU TRAMITACIÓN SE SUSTENTA EN EL CONVENIO SOBRE LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL, RESULTA INAPLICABLE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA RELATIVA A ESA MATERIA. Si se considera que en el contenido de la declaración I y de los artículos 1 a 7 del Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2001, se prevén los requisitos concernientes a la solicitud de notificación, la autoridad a quien se dirigen y a la que corresponde verificarlos y establece, además, los documentos que deben adjuntarse, la certificación que tiene que levantarse, así como las fórmulas modelo que deben requisitarse; ello trae consigo que resulte inaplicable, para validar los requisitos de la carta rogatoria, la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, dado que en México la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores es a quien corresponde verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos, al haber sido designada como autoridad central para su recepción, conforme a la declaración I del citado convenio, en atención al principio de derecho que establece que la ley especial prevalece sobre la general." En consecuencia, en términos de lo establecido en los artículos 27, fracción III de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se ordena realizar el emplazamiento a la parte tercera interesada Rafaela García Angulo al presente juicio de amparo, por medio de carta rogatoria, a quien deberá hacerle saber la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, para que si a su interés legal conviene ofrezca pruebas y formule alegatos; debiendo requerirla además, para que señale domicilio en esta ciudad de Tepic, Nayarit para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, se les harán por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, aun cuando sean de carácter personal. En el entendido de que por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se señalaron las doce horas con treinta y dos minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Asimismo, se le hace saber a la autoridad que realice el emplazamiento correspondiente, que si en la fecha en que se recepcione la aludida carta rogatoria ésta resulta extemporánea con la fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ello 6 Tesis: VI.1o.C.40 C (10a.), impresa en la página 3025, del Libro 2, correspondiente al mes de enero de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005425. no sea obstáculo para llevar a cabo el emplazamiento encomendado. Por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que por sí o por conducto de sus autorizados, dentro del término de tres días hábiles, comparezca a recoger la carta rogatoria con sus anexos, a fin de emplazar a la tercera interesada de referencia. Una vez hecho lo anterior, se concede a la parte quejosa un término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de que reciba la citada carta rogatoria y sus anexos, para que realice las traducciones correspondientes y disponga lo necesario para su remisión a la autoridad exhortada, Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apercibida que en caso de no hacerlo, se sobreseerá en el presente juicio de amparo por falta de interés en su prosecución, ello con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento. Sin que obste lo anterior, el hecho de que los numerales en comento se refieran a la publicación de edictos y, en el caso se trate de una carta rogatoria, toda vez que dichas figuras jurídicas conllevan una carga procesal que debe cumplir el promovente para poder deducir algún derecho ante el órgano jurisdiccional u obtener un resultado favorable a sus propios intereses, y cuyo incumplimiento produce una situación jurídica desfavorable o la imposición de una sanción; es decir, el numeral en cita, establece la carga procesal al quejoso de realizar los trámites de publicación de edictos para lograr el emplazamiento del tercero interesado, lo que analógicamente puede ser aplicado al supuesto, pues en el caso, el amparista debe realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se tramite la carta rogatoria, con el objeto de llamar a juicio a la tercera interesada. Por lo expuesto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil diez, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 416, Novena Época, Registro digital: 164074, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ahora, con relación al pago que debe realizarse con motivo del desahogo de esta diligencia en particular, se tiene que el artículo 12 de la Convención aludida, establece que las notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de las tasas o gastos por los servicios del Estado requerido; sin embargo, el requirente está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados tanto por la intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una persona competente según la ley del Estado de destino como por la utilización de una forma particular. Al respecto, el Estado Mexicano mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de octubre de dos mil once, estableció las modificaciones a las declaraciones formuladas por el Gobierno de México al momento de adherirse a dicha convención y en su artículo único se estableció lo siguiente: "(.) 1. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos modifica las declaraciones formuladas al adherirse al Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial, adoptado en la Haya el 15 de noviembre de 1965, para quedar como sigue: (.). VI. En relación con el segundo párrafo del artículo 12, los gastos ocasionados por la diligencia de la notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales serán cubiertos por el requirente (.).". Luego, en el caso que nos ocupa, se tiene que existe una persona a quien le reviste el carácter de tercera interesa en el presente juicio, quien tiene su domicilio fuera de este país, por ello se requiere de la instrumentación de un documento diplomático para lograr su emplazamiento. Cabe señalar que el principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En este sentido, el pago derivado de los costos que se generan por la diligenciación del documento internacional en comento, resultan necesarios para que el gobierno del diverso país los lleve a cabo pues los mismos son el resultado de los gastos naturales que se generan para cumplimentarse; por ende, las condiciones a las que se somete su diligenciación son justificables y legales. Por ello, el requerimiento efectuado a la parte quejosa, es tomando en consideración que la Secretaría de Relaciones Exteriores derivado del artículo 12 del Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, tiene por objeto asegurar la garantía de audiencia que debe respetarse en el caso de las personas a quienes les reviste el carácter de parte en el juicio natural y de tercero interesado en el juicio constitucional, lo que genera un estado de certidumbre jurídica e igualdad procesal entre las partes frente a la norma ya que el Estado Mexicano debe garantizar la tutela de los derechos fundamentales de nacionales y extranjeros, con lo que demuestra que dicha medida está constitucionalmente justificada, al propiciar una justicia pronta entre las partes al materializar correctamente la exigencia prevista expresamente en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la exigencia de realizar el trámite correspondiente, en el caso recoger la carta rogatoria con los anexos de Ley, a fin de que se realicen las traducciones correspondientes y dispongan lo necesario para que este Juzgado esté en aptitud de proceder a su remisión a la autoridad exhortada, Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra plenamente justificado, aunado a que las propias leyes internacionales establecen a cargo de quien debe recaer el gasto que genere dicho trámite, sin que ello implique violación alguna sobre los derechos de acceso a la impartición de justicia y de justicia gratuita reconocidos por el artículo 17 de la Ley Fundamental, ya que el hecho de que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos es legal, porque resulta jurídicamente aceptable que cada procedimiento tenga diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del órgano jurisdiccional al no ser un derecho absoluto, que contravenga el principio de gratuidad en la administración de justicia, ya que encuentra su justificación al velar porque se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que protegen los intereses de ambas partes. Por ende, el trámite y pago derivado de los gastos que se generen con motivo de la carta rogatoria que se gira en el presente juicio, debe correr a cargo de la parte quejosa, con base en la interpretación sistemática y armónica de las normas federales en conjunción con los principios y normas contenidas en el convenio citado, se concluye claramente que los gastos que se tengan que sufragar con motivo de la remisión y trámite al extranjero de un exhorto o carta rogatoria, queda a cargo de los interesados en su recepción y se desprende además una distinción entre las obligaciones de los Estados parte de la convención y la figura de los interesados, correspondiendo a los primeros su cumplimiento y realización procesal y a los segundos, sufragar aquellos conceptos que resulten necesarios para cumplir con el fin del exhorto o carta rogatoria. El sentido de la interpretación de esos preceptos se adecua, además, al contenido del artículo 17 del Ordenamiento Supremo, en cuanto que la posibilidad del acceso a la tutela judicial efectiva por los tribunales judiciales no se veda por el hecho de que la parte interesada deba sufragar los gastos necesarios para la realización de un trámite relativo a un exhorto o carta rogatoria en el extranjero, en virtud de que es evidente que se trata de una carga procesal de cuyo cumplimiento depende el desarrollo de una etapa procesal necesaria para que el juicio continúe y llegue a dictarse sentencia, lo que es el último fin de la acción ejercida y en beneficio de la parte interesada y, por otro lado, dentro del curso ordinario del procedimiento judicial, no se contempla el hecho de que corresponda al tribunal sufragar los gastos que derivan de su diligenciación, cuya obligación recae sobre la parte a la que le reportará un beneficio su recepción en el proceso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no obra la constancia de emplazamiento de la tercera interesada Rafaela García Angulo al presente juicio de amparo, lo cual fue encomendado por este órgano jurisdiccional al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante exhorto 30/2023 de quince de febrero del año en curso. Luego, para dar margen a que se encuentre debidamente emplazada la referida tercera interesada al juicio de garantías en que se actúa, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

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