Alfredo Espinoza Vela

Expediente 492/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
492/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2016

Partes del expediente

  • Jose Espinoza Vela
  • Alfredo Espinoza Vela

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintidós de junio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de garantías promovida por ----, todos de apellidos ----, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    CONSTANCIA: en virtud de que la PARTE QUEJOSA, no compareció ante este órgano jurisdiccional los días veinticuatro o veintisiete de junio del año en curso, para que se le practicara la notificación de la resolución dictada el veintidós de los actuales, no obstante el citatorio que se le dejó para tal fin; se le notifica por medio de lista dicha resolución, la cual dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueven ---, todos de apellidos ---, designando como representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo a ---, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato y Juez Menor Mixto, con sede en Abasolo, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 492/2016-III; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda presentada, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra señalan lo siguiente: El dispositivo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De lo anterior se infiere que tratándose de actos en ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en esa etapa, lo que implica que no se debe entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada; en el entendido de que en esta etapa del procedimiento no existen actos cuya ejecución sea de imposible reparación; igualmente prevé que en tratándose de remates, procede sólo contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De tal manera que debe entenderse por "última resolución" la que se dicta en un procedimiento de ejecución de sentencia, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es decir, es aquélla resolución culminatoria del período de ejecución. Lo anterior tiene como finalidad que no se pueda entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, y que por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. En la especie, del contenido íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la determinación emitida el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, en el juicio ordinario civil C144/2013, por medio de la cual autoriza a la parte actora dentro de ese juicio de origen, se lleve a cabo -en ejecución de sentencia- el requerimiento de pago y/o embargo en bienes de los ahora quejosos, a fin de que estos hagan pago de la condena líquida decretada en su contra por concepto de costas, en el sumario de origen C144/2013, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Pénjamo, Guanajuato. Acto de ejecución que en el caso no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. Con la finalidad de explicitar debidamente la anterior aseveración, se estima oportuno traer a cuenta alguno de los principales antecedentes que los propios quejosos narraron -bajo protesta de decir verdad- en la demanda de amparo y otros más que como hecho notorio advierte este juzgador federal que dimanan del diverso juicio de amparo número 699/2015-II y que también corresponde al índice de este juzgado federal. 1. Ante el Juzgado Segundo Civil de Partido de la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, los peticionarios del amparo fueron demandados en la vía ordinaria civil sobre división de propiedad común, asunto que se radicó con el número C 144/2013 y el cual seguido por sus trámites legales correspondientes culminó con sentencia en contra de los intereses de los demandados; 2. Inconformes con dicha resolución los aquí promoventes del amparo instaron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien confirmó lo resuelto por el inferior, debiendo destacarse que entre los aspectos de condena, además de aquél vinculado a la procedencia de la acción ejercida, se decretó condena en costas en contra de los demandados en ambas instancias; 3. La anterior determinación no fue impugnada en amparo directo por la parte perdidosa. 4. La parte actora, en su momento instó incidente de liquidación de costas procesales, el cual culminó con una condena en contra de los demandados por la suma de $1,561.00 un mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional; 5. Inconforme con tal determinación, la parte actora instó recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien lo registró con el toca 302/2015 y mediante resolución de treinta de junio de dos mil quince, modificó la sentencia apelada para fijar la condena en costas en contra de la parte reo por las sumas de $57,480.92 cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos con noventa y dos centavos y otra por la suma de $143,702,30 ciento cuarenta y tres mil setecientos dos pesos con treinta centavos; 6. Inconformes con dicha determinación los ahora impetrantes instaron demanda de amparo, de la cual correspondió conocer a este juzgado federal, quien lo registró con el número 599/2015-VI, y por sentencia de veinte de octubre de dos mil quince, decretó el sobreseimiento, sobre la base de que la demanda de amparo había sido promovida en forma extemporánea, de suerte tal que operó el consentimiento tácito del acto ahí reclamado; 7. Inconformes con dicho fallo, los ahí quejosos instaron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del XVI Circuito, quien lo registro como amparo en revisión civil 18/2016 y por ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis confirmó el fallo sujeto a revisión. En las relatadas condiciones, es patente que la condena en costas decretada en contra de los ahora peticionarios del amparo, constituye una decisión ejecutoria e inmutable a virtud de la cosa juzgada y en esa medida ya no se está en presencia de una decisión autónoma de la ejecución de sentencia, que ameritara ser examinada previamente a la ejecución de lo condenado, pues la condena inherente, ahora forma parte integrante de los aspectos a ejecutar con motivo de lo resuelto en la sentencia de fondo del sumario de origen y ante el consentimiento tácito de los promoventes de dicho tópico. Así, si los peticionarios del amparo, pretenden controvertir en esta instancia constitucional la orden de requerirlos de pago y en su caso embargarles bienes de su propiedad para el caso de no solventarlo en el momento de la diligencia, como ya se anticipó y justificó jurídicamente, no se aviene a la naturaleza de aquellos actos que guardan autonomía con lo sentenciado y que sí son susceptibles de impugnarse, a través del amparo indirecto y por ende, el acto que aquí reclaman, no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo; de ahí que se trata de una determinación intermedia y no debe obstaculizarse el cumplimiento. En tales circunstancias, si el acto que por esta vía constitucional se reclama no constituye la resolución definitiva en la etapa de ejecución de sentencia, toda vez que en el mismo, no se tiene por aprobado o reconocido el cumplimiento total de la sentencia, y no goza de autonomía respecto de tal etapa, sino que sólo son actos vinculados con su ejecución y cumplimiento; además de que los quejosos no son extraños al juicio; por tanto, los impetrantes están obligados a esperar hasta que se declare tal aprobación o reconocimiento, o bien la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la definitiva, será hasta cuando acontezca lo anterior, en el momento en que se puedan impugnar las violaciones procesales que se hubiesen cometido, durante el periodo de ejecución. Luego entonces, el juicio de garantías, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo, toda vez que no se está en algún supuesto de excepción; improcedencia que tiene como finalidad, evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados; con fundamento en el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, Constitucionales, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ---, todos de apellidos ---. Ahora bien, téngaseles señalando domicilio para recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte; en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ---; en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, mientras que a ---; solamente en términos de la parte final del segundo párrafo del mismo ordenamiento, en virtud de que no cuenta con dicho requisito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el presente asunto.

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