Alfredo Eduardo Gavidia Juarez

Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
27/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Eduardo Gavidia Juarez
  • Andrea Karina Matehuala Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el denunciante no interpuso recurso de inconformidad contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, por el que desechó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de diciembre de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por ...., por actos atribuidos a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 27/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Del análisis de la denuncia que se atiende y sus anexos se advierte que ésta es notoriamente improcedente, de conformidad con las consideraciones siguientes: El artículo 210 de la Ley de Amparo establece que, si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica el artículo ahí invalidado en perjuicio de alguna persona, ésta puede denunciar los actos frente a un juez de distrito y éste a su vez, de ser el caso, requerirá a las autoridades denunciadas para que dejen sin efectos los actos que contengan dicha aplicación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo número 6/2019, en lo que interesa, estableció: "[.] 44. En este sentido, conviene apuntar que al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 1/2017, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el sistema previsto en el artículo 210 de dicho ordenamiento, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como presupuesto indispensable que exista una aplicación de la norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga a dicha denuncia versará precisamente sobre si en efecto se llevó a cabo esa aplicación o no. 45. Incluso, esta idea se refuerza con la revisión del procedimiento legislativo de expedición de la Ley de Amparo vigente, en el que las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, en su dictamen como Cámara de Origen, expresaron que la reforma: ". Actualiza las figuras en la Ley de Amparo que dan un medio de defensa contra la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad, para que también sea un medio de defensa cuando se apliquen normas declaradas inconstitucionales en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad." Énfasis añadido. 46. Como se puede apreciar, el Congreso de la Unión ha desarrollado un sistema de defensa compuesto por la denuncia y el recurso de inconformidad, que permite a la ciudadanía protegerse de la autoridad que aplique en su perjuicio una norma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 47. De ahí que si en el caso el acto que dio lugar a la denuncia fue la decisión del Poder Reformador de la Constitución del Estado de Jalisco de suprimir del texto constitucional la porción normativa en la que se establecía el derecho de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a recibir un haber de retiro, resulta claro que se trata de un reclamo que no deriva de la aplicación de la norma general declarada inválida por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 25/2008 y, por tanto, resulta improcedente el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. [.]." En ese sentido, se tiene que la denuncia prevista en el citado artículo 210, tiene por objeto analizar si una autoridad aplicó algún precepto normativo declarado inválido en contra de cualquier persona, lo que, a su vez, conlleva verificar el cumplimiento de los requisitos siguientes: i) Que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ii) Que haya surtido sus efectos dicha declaratoria. iii) Que con posterioridad a ello se le hayan aplicado dichos preceptos al denunciante. Por otra parte, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Al respecto, el Tribunal Pleno estimó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Por ende, estimó conveniente notificarle tal fallo a dicha dependencia y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que, entretanto el Congreso de la Unión legisla al respecto, emitan tales autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el resolutivo segundo de dicha sentencia que la declaratoria de inconstitucionalidad surtiría efectos a partir de su notificación al Congreso de la Unión, es decir, según se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. De modo que, a partir de esa fecha, es decir, del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse de aplicar los preceptos normativos invalidados, así como otorgó a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, vía el presente procedimiento sumario. En el caso, el denunciante reclama a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios la declaración de imposibilidad de resolver la solicitud de autorización para el consumo personal del estupefaciente cannabis registrada con el folio ...de quince de julio dos mil veintidós. Ahora bien, del contenido del artículo 210 de la Ley de Amparo, que regula la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se advierte que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. Dicho artículo también refiere que la denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, se tiene que el "afectado" debe, en primer momento, acreditar ante el Juez de Distrito la existencia de un acto positivo, para que entonces se determine si las normas declaradas inconstitucionales, fueron o no aplicadas en perjuicio de la parte promovente. Al respecto, se tiene que existen los llamados actos positivos y negativos, entendiéndose los primeros como una actuación, una conducta activa, un hacer o un dar; en tanto que los segundos consisten en una abstención, una inacción, es decir un rehusar por parte de la autoridad denunciada. Por lo que, si el denunciante reclama la respuesta de la referida autoridad en donde se declara la imposibilidad para evaluar la autorización para la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos del estupefaciente cannabis registrada con el folio ...se considera que dicha respuesta trae consigo una negativa implícita. En ese sentido, no se actualiza el tercer supuesto requerido para la procedencia de la denuncia, toda vez que no se advierte que la autoridad haya inobservado en perjuicio del promovente lo previsto en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en sentido estricto, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y"; y, 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que sus alcances se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Sin que pueda abordarse el estudio de una actualización o no de una negativa ficta al no ser materia del presente asunto. De ahí que, ni expresa ni implícitamente se considera que la autoridad denunciada ha aplicado en perjuicio del promovente las normas declaradas inconstitucionales a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que con el argumento de que se encuentra imposibilitada para evaluar la petición realizada sobre autorización de consumo de dicho elemento, no se está en presencia de un acto positivo o negativo fundado en la norma declara inconstitucional. Por ende, al no actualizarse el tercer supuesto de procedencia de la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, resulta notoriamente improcedente dicha denuncia por lo que debe desecharse de plano, con apoyo en el artículo 210, en relación con el diverso 201, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. IV. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22macatjf@cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. V. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial y con fundamento del último párrafo de artículo 12 de la Ley de Amparo, como autorizados en términos amplios a ..., en razón a que se encuentra inscrito en el registro correspondiente; además, téngase como autorizados en términos restringidos a las demás personas por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. X. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XI. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XII. Captura de la determinación. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al denunciante.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de enero de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de once de enero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de enero de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por .............., contra actos del Director del Centro de Reinserción Varonil CP1 en San José El Alto, Querétaro, Consejo Técnico del Sistema Penitenciario en Querétaro, Personal de Vigilancia, Custodios, adscritos al mismo y otro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número .............. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Precisión del acto reclamado. Previo a acordar lo que en derecho corresponda respecto a la admisión o no de la demanda de amparo propuesta, es importante destacar que el acto reclamado por el promovente de amparo consiste en: "IV. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades ordenadoras, señalo de manera enunciativa más no limitativa las siguientes actuaciones como actos reclamados. La desaparición forzada de personas es un delito que atenta contra importantes garantías constitucionales, viola un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, entre otros: Derecho a la libertad y seguridad de la persona. Derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a la salud. Derecho a la educación Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida. De la autoridad ejecutora reclamo: COARTAR EL DERECHO A LA SALUD Y SEGURIDAD DEL QUEJOSO. Las diligencias que pretenda llevar a cabo para cumplimentar los inconstitucionales e ilegales actos reclamados. Así es, si bien el quejoso hace referencia a la desaparición forzada de personas; es evidente que en el caso concreto, no se actualiza el elemento básico de dicho supuesto, ya que, no se desconoce el paradero del aquí quejoso, pues es éste quién suscribe el escrito de demanda, tal como se advierte de la firma que calza al final del mismo; y, en el capítulo de antecedentes, hace referencia a que se encuentra interno en el Centro Penitenciario Varonil CP1, San José El Alto, Querétaro, de ahí que este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que, el quejoso no se encuentra desaparecido, por lo que no se tendrá como acto reclamado en este asunto. Lo anterior, hace evidente que lo que el quejoso reclama es atención médica por parte de las autoridades señaladas como responsables, pues en el capítulo de antecedentes respectivo, expresamente señala: "VI. ANTECEDENTES El suscrito .............., está en tratamiento psiquiátrico en razón de la presión psicológica a la que he sido sometido estando recluido en el Centro de Reinserción Social Varonil CP1, de San José el Alto de esta ciudad, por parte de las mismas autoridades penitenciarias, aunado a la muerte de mi hermano, .............., en ............. de ............... quien también se encontraba recluido en el mismo centro, por lo que tenía el medicamento de ............... de dos miligramos, el cual al terminarse se lo solicité a la psiquiatra que atiende en el penal, pero me dijo que EL LIC .............., TITULAR DEL CENTRO PENITENCIARIO CPV, ORDENÓ QUE NO ME SUMINISTRARAN EL MEDICAMENTO, EL CUAL NECESITO, y no me dan la atención médica adecuada, y no les importa mi estado de salud, y pese a que lo he solicitado insistentemente, no le dan atención, sin embargo no me dan respuesta, la situación continúa por lo que temo por MI SALUD, PUES NO LE DAN LA ATENCIÓN DEBIDA, O LE DAN EVASIVAS, PESE A SUS MÚLTIPLES QUEJAS DE SE SIENTE MUY MAL, ADEMÁS DE RECIBIR EVASIVAS." IV. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". IV. Precisión del acto reclamado. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa de manera esencial señala como acto reclamado: La falta de atención médica respecto del suministro del medicamento ............. DE DOS MILIGRAMOS, pues el mismo ya no le ha sido proporcionado por las autoridades penitenciarias. De lo antes expuesto, se advierte que si bien el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4º, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, derivado de una prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social; para que dicha cuestión tenga carácter de "urgente" es necesario exponer las circunstancias que permitan establecer que tales omisiones ponen en peligro su vida, o que ello es susceptible de ocasionar una afectación irreversible a su salud, lo cual no sucede en el caso concreto. Lo que en el caso no ocurre, pues como ya se precisó, el acto reclamado se hace consistir esencialmente, en la omisión de entrega de medicamentos, los cuales, al terminarse la dosis que le era suministrada los solicitó a la psiquiatra que lo atiende en el centro de reclusión, quien le refirió que por indicaciones de su superior no era factible suministrarle más, por lo que se arriba a la conclusión de que no se expone de manera tal al quejoso, que se ponga en peligro a su vida, o se afecte de manera irreversible su salud. Consecuentemente, no se actualizan alguno de los supuestos previstos en los artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, ya que del análisis integral de la demanda, se advierte que no existen elementos objetivos para establecer, aun de manera indiciaria, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ni ninguno de los restantes descrito en dicho numeral, como son ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como que tampoco implica incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. V. Antecedentes del acto reclamado, manera esencial consisten en lo siguiente: Que ................., se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Varonil CP1, San José El Alto Querétaro, quién recibía tratamiento psiquiátrico, debido a la presión psicológica recibida por parte de las autoridades penitenciarias aunado con la muerte de su hermano en agosto de dos mil veintiuno (también recluido); por lo le suministraban el medicamento denominado ............. DE DOS MILIGRAMOS, el cuál una vez que se le terminó no le fue nuevamente entregado. Que fue el licenciado ..............., Titular del referido centro carcelario, quien dio la orden de no suministrarle más dicho medicamento. V. Desechamiento. Precisado lo anterior, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Ahora bien, es dable puntualizar que se encuentra vigente el criterio jurisprudencial 1a./J. 79/2018 exactamente aplicable al presente asunto, que es de observancia obligatoria en términos el artículo 217 de la Ley de Amparo, en el que en efecto, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez correspondiente, según corresponda, por lo que en caso de que no se haya agotado ese medio ordinario de defensa, el juicio de amparo será improcedente, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En primer término, el Máximo Tribunal del país concluyó que de la interpretación sistemática de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es posible establecer lo que debe entenderse por una condición de internamiento, lo que definió al tenor de lo siguiente: ".una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación." Sumado a ello, en la citada ejecutoria indicó que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el Juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes. Asimismo, que tal legislación establece que contra la respuesta del Juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. De igual manera, la Suprema Corte precisó que el mecanismo de control aludido otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido, e incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Además, refirió que ese medio de defensa constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos; de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. Al respecto, los artículos 107 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, prevén un procedimiento administrativo relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. También, disponen que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deberán de efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en el que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión, incluso la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de su libertad a formular el escrito correspondiente, asimismo, en dicho procedimiento, se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver tal petición. Además, tales ordinales indican la forma o procedimiento en que habrán de sustanciarse dichas peticiones. Bajo tales condiciones, y en observancia al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional concluye que respecto al acto combatido, previamente, la parte quejosa debió haber agotado el procedimiento administrativo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, como se ha dicho, se encuentra dirigido a atender lo relacionado con las solicitudes de las personas privadas de su libertad (sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena), referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, como es la falta de atención médica a su padecimiento que aquí combate; lo anterior, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Ahora, es importante mencionar que si la petición a la autoridad penitenciaria, se hizo de conformidad con los artículos 105 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objeto de solucionar las controversias surgidas con motivo de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y si esta solución no es satisfactoria, incluso el interno puede acudir a una segunda etapa, al someter el asunto a una controversia judicial, donde el interno demanda a la autoridad que resolvió la petición, el juez resuelve la controversia (artículos 116 a 119) y sus decisiones pueden ser impugnadas a través de los recursos previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución (revocación/apelación). Sumado a ello, a través de este procedimiento se podrá impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes que hagan los internos sobre las condiciones de internamiento, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión. Por tanto si en el caso el acto se reclama la falta de atención médica, incluyendo la falta de suministro del medicamento ..............., por parte de las autoridades penitenciarias; entonces, resulta incuestionable que previo a acudir al amparo, debió agotar el procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento; y, tiene por objeto resolver las peticiones de las personas que se encuentran privadas de su libertad, atinente a sus condiciones de internamiento; como es la atención médica a que tiene derecho durante el tiempo en que permanezca recluido. En ese contexto, es importante mencionar que además del procedimiento administrativo, la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé un procedimiento de índole jurisdiccional (artículos 116 a 119) mismo que se hace valer ante el Juez de Control o de Ejecución y tiene por objeto resolver cuestiones relativas a las controversias sobre condiciones de internamiento y la impugnación de las sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad. De ahí que en la especie se aprecia que la parte quejosa no promovió la controversia sobre la falta de atención médica, incluyendo la falta de suministro del medicamento .............., por parte de las autoridades penitenciarias (que al tenor de lo indicado constituye una condición de internamiento) ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda. Como lo establecen los artículos 116, fracción I y 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente citados, dado que la autoridad responsable es el propio Titular Penitenciario Varonil CP1 en San José El Alto, Querétaro, para con ello seguir el procedimiento jurisdiccional establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el juez de Ejecución, por virtud de los actos atribuidos la autoridad penitenciaria, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, 3 y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los Jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Ante lo expuesto, queda evidenciado que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad antes de acudir a promover el juicio de amparo, lo que además encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis a que se ha hecho alusión, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, de epígrafe y contenido siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Asimismo, apoya lo anterior el criterio orientador contenido en la jurisprudencia PC.XVII. J/31 P (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, página 1464, con rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Así como, el criterio orientador contenido en la jurisprudencia PC.III. P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, con rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." También por analogía, la tesis XXII.P.A.33 P del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo III, del tenor siguiente: "ACTOS O DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE EL SENTENCIADO COMPURGA SU PENA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IX, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SON IMPUGNABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO ANTE EL DIRECTOR DE DICHO CENTRO Y, EN CASOS URGENTES, POR CUALQUIER MEDIO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES." Y la diversa jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 66, mayo de 2019, tomo III, materia(s): común, penal, de rubro: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." No pasa desapercibido el criterio orientador contenido en la jurisprudencia XXIV.2o. J/4 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 56, julio de 2018, tomo II, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA."; sin embargo, ese criterio quedó superado al haberse emitido con posterioridad, la diversa jurisprudencia 1a./J. 79/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se ha hecho alusión en párrafos precedentes, conforme a la cual se advierte que el criterio vigente y obligatorio es que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento (entre ellas, la atención médica), antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez correspondiente, según corresponda. Ahora, es importante decir que uno de los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia abordada, es que el medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, conforme a la ley que lo prevea, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo que en la especie se encuentra satisfecho, pues tal como lo refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 antes citada, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es así que, esa Primera Sala sostuvo que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la Ley de Amparo, al no exigir mayores requisitos que los de esta última consigna para concederla, y tampoco un plazo mayor del que determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el procedimiento aludido ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, y de manera personalizada ante la autoridad correspondiente, donde podrá formular sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por otra parte, la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad, pues como se estableció el procedimiento administrativo o jurisdiccional a agotar se encuentra expresamente previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, además al reclamarse un acto de omisión, no es posible analizar fundamentación alguna, pues en efecto tal acto se traduce en un no hacer de la autoridad responsable, y finalmente, tampoco se actualiza la circunstancia de que solo se reclamen violaciones directas a la Constitución General de la República, dado que si bien la parte quejosa no citó expresamente los preceptos que estima violados, lo cierto es que del análisis integral de su demanda, se advierte que la justiciable no solo refiere la vulneración de derechos a la salud y vida contenidos en la Constitución, sino también a la inobservancia de las obligaciones atinentes a la autoridad penitenciaria. Sostener un criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, ignorando las instancias competentes ante quien debe dilucidarse lo planteado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis por la autoridad competente. Similar criterio ha sostenido el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito Judicial, al resolver, entre otros, los amparos indirectos en revisión ................., en los que en concordancia con lo resuelto en el presente asunto, ha estimado que en efecto, cuando se combaten cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento de la persona privada de la libertad quejosa, es dable agotar previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el procedimiento administrativo y en su caso el jurisdiccional que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Finalmente, es dable precisar que en el caso no se advierte que la falta de atención médica que reclama la parte quejosa, tenga consecuencias irreversibles o fatales que pongan en riesgo su vida o su salud, al grado de equipararse a un tormento, o bien, que no pudieran ser susceptibles de reparación a través del medio ordinario de defensa antes indicado, o que pudieran traducirse en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, actualizando alguna excepción al principio de definitividad. Por todo lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". VI. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VII. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VIII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. IX. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ............, por sí haberlo solicitado la parte quejosa. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. X. No correo electrónico ni número telefónico para notificaciones. En otro orden, tomando en consideración que la parte promovente señala correo electrónico y número de celular para recibir notificaciones, hágase de su conocimiento que no es factible acordar de conformidad su petición, lo anterior, tomando en consideración que dichos medios no se encuentran en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. Por lo cual, si lo que pretende el quejoso es que las notificaciones se le hagan de forma electrónica, se acordará lo conducente hasta en tanto proporcione algún nombre de usuario tal y como lo refieren los lineamientos establecidos en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, deberá realizar el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se le otorgue el nombre de usuario correspondiente y, una vez hecho lo anterior, proporcione a este juzgado dicho dato, a efecto de que se realice lo pertinente. Por lo anterior, dígasele al promovente que queda expedito su derecho para solicitar expresamente que se le realice las notificaciones vía electrónica a través del Sistema Electrónico oficial, mediante el usuario que designe para tal caso. No obstante, en atención al requerimiento formulado en el auto inicial, de conformidad con el esquema de trabajo implementado en el Acuerdo General 21/2020, se le tiene proporcionando los referidos datos de localización, para que en caso de ser necesario, personal de este órgano jurisdiccional entable comunicación. XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto, en el escrito de demanda.

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