Alfredo Dionicio Barrón

Expediente 1412/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1412/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Dionicio Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGA OFICIO INFORMA QUE EN FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS ACEPTO LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCO AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA PROMOVIDA... ARCHIVESE COMO ASUNTO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE...

  2. Principal

    ...CÚMPLASE...

  3. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por Erika ALFREDO DIONICIO BARRÓN por propio derecho; contra actos del TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE REPÚBLICA, y otras autoridades, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1412/2022, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la lectura a la demanda de amparo que nos ocupa, se parecía que la parte quejosa reclama del a) Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la Republica; b) Titular de la Fiscalía contra el combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la Republica; c) Titular de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República; en calidad de autoridades ordenadoras la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra. Por lo que una vez establecido lo anterior y después de analizar en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia por materia (subespecialización) para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente. Para demostrar lo anterior, es necesario señalar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. Así, la función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo resuelto, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y, potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no puede ejercerla en cualquier tipo de asuntos, sino únicamente en aquéllos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Luego, para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás órganos jurisdiccionales del mismo grado. Al respecto, se tiene que son las leyes procesales las que establecen ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría que un órgano dicte resoluciones que no le competen. Debe señalarse, que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, administrativos, penales, de trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. La distribución de competencias en comento, no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su Ley Orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, atendiendo a lo siguiente: a) competencia por territorio, b) competencia por materia, c) competencia por grado, d) competencia auxiliar y e) competencia concurrente. Esta clasificación, alude a la competencia de los tribunales de la Federación y de ella, en este momento interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. Así, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho; al respecto debe destacarse que tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un Juzgado Especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Precisado lo anterior, para determinar si un órgano jurisdiccional es competente o no (respecto de competencia por materia), debe atenderse a que la declaratoria de competencia es por razón de la materia del asunto, por lo que se estima importante precisar algunos criterios que sobre el tema ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia que enseguida se transcriben: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que, para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". [Novena Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 24/2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, marzo de 2009. Página 412; Registro digital: 167761]. "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." [Novena Época. Pleno. Jurisprudencia P./J.83/98. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, diciembre de 1998. Página 28; Registro digital: 195007]. Ahora, los artículos 56 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regulan la competencia de los Jueces de Distrito especializados en las materias penal y administrativa, son del tenor siguiente: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la interpretación de la primera de las disposiciones, se aprecia como regla general, la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, así como, de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Asimismo, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. El segundo numeral revela que corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa, conocer de las demandas de amparo que se promuevan, entre otras contra actos de autoridades administrativas. Ahora, es importante señalar que de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación transcritos con antelación se advierte que corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, conocer de los juicios de amparo que se promuevan en contra de los actos de autoridad distintos a la judicial, con la salvedad de: a) los derivados de un procedimiento de extradición y b) los relacionados con leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Esto, conforme a la segunda de las excepciones, contenida de la fracción IV del artículo 57 de dicha legislación, que reserva para los Jueces de Distrito en materia penal el conocimiento de los asuntos que versen sobre esos actos. También es necesario establecer que, de conformidad con los artículos 1 y 2 del ACUERDO GENERAL 15/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO; A LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMÚN QUE LES PRESTARÁN SERVICIO; ASÍ COMO LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO REFERIDOS; Y QUE REFORMA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, se modificaron las materias de la competencia de este Juzgado Federal, dejando de conocer de juicios de amparo en materia penal, para ahora ser semiespecializado en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales, y conocer de los asuntos que se indican en los artículos 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conservando su residencia y jurisdicción territorial que tiene asignados, por lo que la nueva denominación de este órgano jurisdiccional lo es: JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. En tales condiciones, en el caso concreto y atendiendo a lo antes señalado, se advierte que el acto reclamado en la demanda de mérito, atribuido al, a) Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la Republica; b) Titular de la Fiscalía contra el combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la Republica; c) Titular de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República; en calidad de autoridades ordenadoras, consistente en la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra; es inconcuso, que se encuentra vinculado a la materia penal, dado que no puede analizarse de manera aislada del acto que le originó, esto es de una carpeta de investigación de la cual emane dicha orden reclamada. Ello, porque lo relativo al trámite e integración de la carpeta de investigación, y por ende, los actos que emanan de ella como lo sería en vía de consecuencia la orden de aprehensión y/o presentación dictada en contra del quejoso, se rigen por lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, tenemos que, si el acto que reclama la parte promovente, consiste esencialmente en la orden de aprehensión y/o presentación dictada en su contra, atribuida al, a) Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la Republica; b) Titular de la Fiscalía contra el combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la Republica; c) Titular de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República; en calidad de autoridades ordenadoras, al originarse en un acto de naturaleza penal, esto es, que derivado de la facultad de investigación del Fiscal establecida en el numeral 21 de nuestra Carta Magna, se derive una orden de aprehensión y/o presentación en contra del quejoso, al cual rigen disposiciones de observancia general en materia penal; se concluye que un Juez de Distrito en Materia Penal en esta Ciudad, es quien debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Máxime que si bien el acto reclamado fue emitido por una autoridad administrativa (Fiscal); lo cierto es que, para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito por razón de materia, no solo debe considerarse la naturaleza de la autoridad que emite el acto reclamado, sino básicamente la naturaleza del acto reclamado, siendo que, en la especie el acto reclamado, en el presente asunto es un acto de naturaleza penal, dado que la autoridad responsable para resolver o emitir el acto reclamado se funda en leyes penales, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que contiene la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA EN EL JUICIO DE AMPARO. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, CUANDO ÉSTE SE INTERPONE CONTRA ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Las funciones de la investigación y persecución de los delitos en el ámbito de su fuero y territorio, son algunas de las que al Ministerio Público le tiene encomendadas la ley que rige la actuación orgánica de éste, conforme a lo anterior, el ejercicio de esa actividad, en su integridad, constituye un actuar de naturaleza penal, en la medida de que la fase indagatoria se consolida como la inicial del procedimiento penal; ante ello, es lógico establecer que todas las cuestiones accesorias que se pudieran presentar en la indagatoria (como lo sería el aseguramiento y preservación de una víctima desvalida y en inminente peligro, por su condición de menor de edad), están revestidas de esa naturaleza, no obstante que en el amparo se hayan reclamado una serie de actos de naturaleza civil (familiar), como lo serían los perturbatorios del ejercicio de la patria potestad por la medida tomada respecto de un menor de edad (aseguramiento y preservación por el riesgo generado por la situación), pues debe tenerse en cuenta para establecer la competencia por razón de materia, el planteamiento que en el juicio se hace, porque al advertirse que los actos reclamados emanaron de una indagatoria iniciada con motivo de la comisión e investigación de hechos delictivos, esa sola circunstancia de origen determina la legal competencia en favor de un juzgador de amparo en materia penal." [Registro digital: 163671, del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Competencia 10/2010. Suscitada entre el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal y el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil, ambos en el Estado de Jalisco. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Alfredo Gutiérrez Barba. Secretario: Fernando Cortés Delgado. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Penal Tesis: III.2o.P.252 P Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2915, Tipo: Aislada]. En las condiciones relatadas, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por lo que, se ordena remitir al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en Turno, los autos del juicio de amparo número 1412/2022, promovido por Alfredo Dionicio Barrón, a través de su Oficina de Correspondencia Común, por ser el Juzgados de Distrito en esta Ciudad, que se especializaron en materia de amparo penal, y que conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 51 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ello de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 15/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Modificación de la Especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En diverso aspecto, se tiene como domicilio procesal de dicha parte el que señala en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que precisa en el ocurso que se atiende, por ser los efectos de su autorización. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal.

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