Alfredo Dimas Martinez
Expediente 511/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfredo Dimas Martinez
Actuaciones
- Principal
Ahora, el uno de marzo actual culminó la vigencia de la circular señalada en el párrafo que antecede; por tanto, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de trece de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, causa estado el proveído en cita. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran los tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, del acuerdo en cita. Visto lo de cuenta, se desprende la imposibilidad del actuario adscrito a este juzgado federal para notificar a la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, residente en la ciudad de México, el oficio que se le envió para que rinda su informe previo; toda vez que al marcar el teléfono 55-5036-0000, contesta una grabación e indica que sí tiene conocimiento de la extensión la marque, o en su caso, una operadora contestará, pero se corta la comunicación o señala que el número presionado no existe. Atento a lo anterior, se instruye al actuario adscrito que corresponda, para de ser posible haga llegar la comunicación oficial aludida a la responsable por diverso medio -correo electrónico o vía estafeta-. Ello, con el propósito de integrar el incidente en que se actúa. Por otra parte, como lo informa el servidor público señalado, téngase por entregada vía electrónica la misiva por la que se requirió informe previo al secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, y Verificadores Comisionados por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía para Evaluar la Conformidad de Normas Oficiales Mexicana, con sede en Ciudad de México, en la cuenta de correo electrónica señalada en la razón de cuenta. En diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene que Alfredo Dimas Martínez, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Director del Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social, con sede en esta ciudad; Dirección General del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, residente en la ciudad de Guanajuato; y, Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número 494/2020-IV.1, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, medularmente, en lo siguiente: La orden de traslado del Centro Penitenciario de detención de esta ciudad, donde se encuentra recluido a uno diverso, y su cumplimentación, lo cual, resulta ser una cuestión inherente a las condiciones de internamiento en que se encuentra por estar regulado actualmente en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En efecto, el principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, implicaría hacer inviable el juicio de amparo; esto, no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. La fracción en comento contiene varias excepciones, las cuales no se actualizan ninguna a favor de la impetrante, por ser parte en el juicio; no atenta contra la vida, libertad o lo provisto en el artículo 22 constitucional. En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso al aducir que un custodio le dijo que sería trasladado a otro centro de reclusión, se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados. por tanto, se precisa que si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, en el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo. Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por **, por el acto reclamado consistente en la orden de traslado de un Centro de Reclusión del que se encuentra interno a otro. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, al ser manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- ALFONSO SANCHEZ LOPEZ y Otros.185/2022
- Alfonso Tenorio Perez999/2022
- Alfonso Zuriel Alvarez Sanchez977/2022
- Alfredo Campos Juárez863/2017
- Alfredo Diaz Ramos506/2021
- Alfredo Diaz Vazquez746/2022
- Alfredo Flores Rubio528/2018
- Alfredo Garcia Lopez1050/2014
- Alfredo Gonzalez Ramirez296/2016
- Alfredo Hernandez Ortiz13/2019
- Alfredo Horacio Guillen Guillen1214/2019
- Alfredo Jesher Castillo Alvarez88/2017