Alfredo Diaz Undiano

Expediente 200/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
200/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Alfredo Diaz Undiano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se tiene recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de tres de mayo del año en curso, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 113/2018. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Alfredo Díaz Undiano, contra el auto pronunciado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho por el juez Sexto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 200/2018-VI. --- SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto recurrido". Ahora bien, visto el estado que guardan los autos al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintidós de marzo del año en curso, se desechó la demanda de amparo, y toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en ejecutoria de tres de mayo del año en curso, declaró infundado el recurso de queja interpuesto; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil dieciocho.********************Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en los autos del recurso de queja civil ********************, del que se advierte la admisión del medio de impugnación interpuesto en contra del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo; y acusa recibo del oficio 6711/2018 y anexos.********************Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso Alfredo Diaz Undiano, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto que este Juzgado dictó un proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo antes referida, lo cual aconteció el veintidós de marzo del año en curso y para justificar lo anterior, al efecto se le remiten las constancias correspondientes. En ese tenor, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, remítase a la superioridad copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, envíese el original del escrito a través del cual se interpone el recurso de queja y se expresan los agravios correspondientes, así como copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los escritos signados por el quejoso Alfredo Diaz Undiano, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y escritos aclaratorios, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y escritos aclaratorios, ponen de manifiesto que los actos reclamados consisten en: a) La resolución interlocutoria de dieciséis de enero del año en curso, dictada en el expediente 572/17, del índice del Juez Quinto Familiar en esta ciudad, a través de la cual declaró procedente el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por Elisa Sáenz Garza. b) El auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual quedó firme la citada resolución, toda vez que el ahora quejoso no exhibió las constancias que señaló en la integración del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución referida. Juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dichos actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la resolución interlocutoria de dieciséis de enero del año en curso, dictada en el expediente 572/17, del índice del Juzgado Quinto Familiar en esta ciudad, a través de la cual declaró procedente el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por Elisa Sáenz Garza; así como el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual quedó firme ésta, en virtud de que el ahora quejoso no exhibió las constancias que señaló en la integración del recurso de apelación interpuesto en su contra; juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional, según lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el promovente en su escrito aclaratorio registrado con el folio 4240, las cuales son del tenor siguiente: ".EL JUICIO QUE SE TRAMITA EN EL EXPEDIENTE 572/17 EN EL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR, SE ENCUENTRA EN SU FASE INICIAL ES DECIR DEMANDA EMPLAZAMIENTO E INCIDENTE DE NULIDAD POR DEFECTO EN EL EMPLAZAMIENTO, YA QUE LA DEMANDADA INTERPUSO EL INCIDENTE Y NO DIO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, POR LO QUE ESE ES EL ESTADO PROCESAL DE DICHO EXPEDIENTE." De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que las determinaciones combatidas no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjeran únicamente tienen efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través de la interlocutoria reclamada, la autoridad responsable declaró procedente el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por Elisa Sáenz Garza, en el expediente 572/17, así como mediante auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, determinó que quedaba firme la citada resolución, merced a que no se exhibió las constancias que señaló el recurrente en la integración del recurso de apelación interpuesto en su contra, es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Lo anterior, ya que la posible afectación que pudiera ocasionarse (con las posibles violaciones procesales referidas) puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, ilustra lo anterior la tesis 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". Por otra parte, respecto del acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de dieciséis de enero del año en curso, dictada en el expediente 572/17, del índice del Juez Quinto Familiar en esta ciudad, también se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, de la copia simple que allegó la parte quejosa de la resolución reclamada, se aprecia que ésta se le notificó al aquí quejoso el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por medio de lista (reverso de la foja 82 de autos). Al respecto los artículos 121, último párrafo, y 123 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, disponen que en las notificaciones realizadas por lista se tendrán hechas y surtirán sus efectos en la misma fecha de publicación; y los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho ésta. Los dispositivos legales de referencia disponen: "Artículo 121. [.] La sola publicación de la lista de acuerdos en los estrados del juzgado o tribunal, y en la página de internet del Poder Judicial, se tendrá por hecha y surtirá sus efectos en la misma fecha de publicación. [.]" "Artículo 123. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación". Por consiguiente, si la resolución reclamada se emitió el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, y en términos del último párrafo del numeral 121 del Código Adjetivo Civil del Estado, su notificación se tuvo hecha el diecisiete siguiente, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día siguiente en que se realizó ésta, tal como lo dispone el numeral 123 de dicho Código Procesal, lo es el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, por lo tanto, dicho término transcurrió del dieciocho de enero al ocho de febrero de dos mil dieciocho, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el veintiséis de febrero del año en curso, según sello fechador; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. En otro contexto, respecto de dicha resolución también se actualiza de modo manifiesto e indudable el motivo de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." Ahora bien, de los antecedentes narrados por la parte quejosa, los cuales al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante la vía de controversia familiar el ahora quejoso demando a Elisa Sáenz Garza, la guarda y custodia provisional y en su caso la definitiva de sus menores hijas María Aleshka Díaz Sáenz y Enrico Díaz Sáenz, mismo que correspondió conocer al Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, radicándolo con el número 572/17. 2. El uno de julio de dos mil diecisiete, se emplazó a juicio a la demandada Elisa Sáenz Garza. 3. Luego, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la citada demandada compareció al juicio de origen, promoviendo incidente de nulidad de emplazamiento, el cual fue resuelto el dieciséis de enero del año en curso (acto reclamado en esta instancia), por el Juez responsable, quien determinó declararlo procedente. 4. En contra de la determinación referida, la parte actora, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación, el cual se tuvo por no interpuesto mediante proveído de uno de febrero del año en curso. En este orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado del Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, consistente en la resolución interlocutoria de dieciséis de enero del año en curso, dejó de existir, habida cuenta de que como quedó precisado con antelación, la determinación dictada el uno de febrero del año en curso, sustituyó procesalmente a la primera. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo, el cual tienda a modificar o revocar la resolución impugnada. Lo anterior lo consideró así dicha Sala, porque el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso, de ahí que al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en el juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza el referido motivo de improcedencia. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, página 841, que ordena: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse las causas de improcedencia a que se refieren las fracciones XIV, XXI y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

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